La transparencia no es postureo.

La degeneración de nuestra democracia se ha producido, básicamente, por falta de transparencia. En nuestro país tenemos un deficiente sistema de transparencia que ha favorecido la corrupción.

Ejemplos recientes. Hace unos meses, el PSOE denunció el pago de más de 745.000 euros, entre enero y septiembre del 2014, en “bufandas” (gratificaciones) para determinados empleados públicos autonómicos que ocupan puestos de confianza como conductores y secretarias. El portavoz de la Junta y Consejero de Presidencia las defendió porque estos empleados, dijo, tienen una disposición mayor, casi sin horarios y con fines de semana incluidos. ¿Por qué no se actúa con transparencia?: La legislación vigente prevé fórmulas para remunerar este tipo de trabajos. Por ejemplo, uno muy sencillo, sería pagar las correspondientes horas extras. 

Otro. Todavía no se vislumbra una solución en el conflicto de las ocho autopistas en riesgo de quiebra. De una u otra forma la nacionalización de sus pérdidas llegará. Bien por una decisión política que supongo que el Gobierno está revisando por impopular y escandalosa, bien porque se activen una de las garantías contractuales, la Responsabilidad Patrimonial de la Administración que puede ascender -para el Estado, es decir, para todos- a una cantidad superior a los 5.000 millones de euros. Estamos ante un ejemplo más de mala administración y supervisión que -también- tiene su origen en el agujero negro de la burbuja inmobiliaria. Es destacable el cinismo de los habituales defensores de la economía de mercado, del control del déficit público que, en este caso, no tienen ningún tipo de escrúpulos en solicitar la intervención del Estado y su responsabilidad ante los miles de millones de pérdidas. El viejo discurso de privatizar las ganancias y nacionalizar las pérdidas de nuestro “capitalismo de amiguetes”.

Y otro. Lo de Bárcenas es un pozo sin fondo… Ahora se pierden unos papeles, ahora le dan permiso para irse a esquiar. Se ha escrito mucho sobre todos estos episodios y todavía más sobre quiénes recibieron sus sobres y cuánto dinero contenían. De lo que se habla poco y escribe menos es de quién facilitaba el dinero que se introducía en los sobres y a cambio de qué: trans-pa-ren-cia.

Se reducirá la corrupción si reducimos la discrecionalidad del poder. Y en este proceso la transparencia es clave. Durante años, tanto los Gobiernos del PSOE como los del PP, han ido eliminando normas desarrolladas por el Derecho Administrativo para proteger el interés general y dificultar la actividad de políticos sin escrúpulos. Y, en ocasiones, el argumento para acabar con ellas ha sido que se trataba de “leyes franquistas”, o que no hay más y mejor control que el de las urnas…

Y, ojo, porque más transparencia no es más burocracia. Vayamos a hacer un pan con unas tortas… La razón de ser de las comunidades autónomas, se decía, era acercar el gobierno al ciudadano y librarse de los males de un centralismo excesivo y lejano. Pero, en muchos casos, la situación actual está suponiendo un “centralismo autonómico” con una alta concentración de poder y escasas posibilidades de fiscalización.

Sin transparencia no hay democracia. Lo que nos está pasando, en España, es por falta de transparencia. Ser transparente no es publicar datos. Y no se es más transparente por publicar más datos. No es un tema de cantidad sino de calidad, de formas de hacer, de políticas. España necesita un cambio de políticas. Y no nos engañemos: no es sólo un cambio de caras. Eso sería maquillaje, postureo: intento de parecer algo que no se es. 

Más allá de que se puedan (y deban) aplicar medidas técnicas y políticas, la superación de esta situación se logrará gracias a decisiones esencialmente éticas. La credibilidad ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales de la relación del individuo con la sociedad. Se trata, en definitiva, de la confianza que tiene el ser humano en sus semejantes e instituciones con quienes se relaciona. No se trata del aspecto formal de estas relaciones, que pueden estar reguladas por leyes o por acuerdos privados entre las partes, sino de la convicción íntima de las personas que sus derechos serán respetados y que los compromisos adquiridos se van a cumplir. La importancia de la credibilidad es mucha. 

Casi siempre que hablamos de transparencia nos referimos a asuntos actuales de carácter político o económico, o a la falta de transparencia de los otros… Rara vez a nuestras actividades cotidianas. Ser transparente es ser una persona en quien se pueda confiar. Luchar por vivir sin dobleces, sin justificar nuestras acciones cuando sean malas. Al pan, pan, al vino, vino… Ésta es la transparencia de todos los días, la cotidiana, la que debemos cuidar prioritariamente porque con nuestras pequeñas acciones contribuimos -o no- a generar una cultura de confianza, de respeto a los demás.

Publicado en Diario de León, hoy, 5 de mayo del 2015: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/transparencia-no-es-postureo_976467.html

UPyD y Ciudadanos: es más lo que nos une.

Desde su fundación, Unión Progreso y Democracia ha promovido iniciativas políticas muy valiosas: la denuncia de corrupción en las cajas de ahorros, los aforamientos, la transparencia como principio de la acción política. Sin embargo, la obstinación del “todavía” Consejo de Dirección en no buscar puntos de encuentro con Ciudadanos les está llevando al aislamiento y, muy pronto, al ostracismo.

El acuerdo de UPyD y Ciudadanos podría situar a la “tercera vía” como alternativa seria al bipartidismo y ayudar a la gobernabilidad desde la moderación, haciendo prescindibles a los partidos nacionalistas, que en demasiadas ocasiones han jugado ese papel mirando sólo por sus intereses y con deslealtad al conjunto de España. En definitiva: el cambio sensato. 

Contribuir, más que a un partido, a un proyecto para España, como le gusta decir a Albert Rivera. Donde la unidad y el patriotismo sean un valor como en Estados Unidos o en Francia. Un país que cuide a las familias y a las personas, especialmente a las más débiles. Donde se pacte el sistema educativo. Un país que no dirija la vida de sus ciudadanos sino que respete -y garantice- su libertad. Donde se reforme sin romper las reglas del juego. Una España donde se propongan cosas y no sólo se proteste y se grite.

Es el momento de la generosidad, y de la inteligencia. Enrocarse en actitudes arrogantes, irracionales y suicidas es una irresponsabilidad histórica ya que impedirán la suma exponencial de votos en las próximas elecciones municipales y autonómicas, y una injusticia porque van a permitir que miles de personas, muy valiosas, se pierdan quedando fuera de las instituciones.

Hace un mes que me dí de baja en UPyD para unirme a Ciudadanos. En UPyD tuve el honor de ser miembro del equipo de trabajo que elaboró el programa autonómico de economía y ordenación del territorio, coordinador del programa a la Alcaldía de León y representante ante la Junta Electoral Provincial.

Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa: una reforma del sistema de partidos con el establecimiento de primarias obligatorias, una reforma de la ley electoral, racionalización de la Administración Pública, acabar con las duplicidades eliminando, por ejemplo, las diputaciones provinciales, etc.

Por último, valoro -muy especialmente- haberme encontrado con ciudadanos entusiasmados, con ideas y con ganas de trabajar por ellas. Para ser sólido intelectual o políticamente no hace falta ir por la vida con “cara de vinagre”. La simpatía es un valor, también en política.

Los partidos políticos son instrumentos al servicio de las ideas, lo realmente importante. Hacer de un partido un fin en sí mismo es una necedad; y, de sus dirigentes, sectarismo.

Sin diputaciones provinciales viviríamos mejor.

Al inicio de esta legislatura, en marzo del 2012, UPyD presentó una iniciativa para suprimir diputaciones provinciales, fusionar ayuntamientos y acabar con los privilegios fiscales que disfrutan el País Vasco y Navarra, todo lo cual hubiera permitido un ahorro de más de 35.000 millones de euros. Cantidad de dinero que hubiera tenido un uso alternativo muy valioso para la mayoría de los españoles: no hubieran sido necesarios los recortes en servicios públicos como la sanidad o la educación. Votaron en contra el PP y el PSOE. Recientemente, Unión Progreso y Democracia de Galicia ha elaborado un vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=fWYgKFVNWb8#t=34) donde explica los beneficios de la fusión de municipios. Una excelente iniciativa de pedagogía política y comunicación que se encuentra en las redes sociales: muy recomendable.

El control presupuestario es imprescindible y todos hemos visto -y sufrido- lo que sucede cuando los recortes se trasladan a la sociedad. Es necesario que sea la propia Administración la que se los aplique a sí misma y se renueve para ser más simple, ágil y eficiente, al servicio de los ciudadanos que debiera ser su prioridad. Es urgente una administración territorial más racional. El desarrollo de las competencias autonómicas durante los últimos treinta años ha situado a España como el segundo país más descentralizado del mundo, por detrás de Canadá. En comparación con otros países, nuestras comunidades autónomas tienen unos amplísimos niveles de autogobierno que, en muchos aspectos, sobrepasan las competencias de los estados de una federación; y ello sin considerar los casos del País Vasco y Navarra, únicos en el mundo. Por eso cuando el PSOE promueve el “modelo federal” no sé a qué se refiere.

En 1980, España tenía unos 700.000 empleados públicos. En el año 2011 eran unos 3.200.000 y actualmente la cifra es levemente inferior. Periódicamente nos desayunamos con el descubrimiento de nuevos asesores, una categoría opaca de individuos designados que viven el mejor de los mundos. Me explico, trabajan para una administración pública pero como no son funcionarios no ven rebajados ni congelados sus pingües sueldos. Hace poco leí que el ayuntamiento de Madrid tenía unos 250 asesores mientras que el ayuntamiento de París, con muchos más habitantes, sólo tiene 36… O que Alemania con unos 80.000.000 de habitantes tiene unos 150.000 políticos y España, con 47 millones, 445.000 políticos. 

Desde que se inició este debate a favor de una administración territorial más razonable se han dicho muchas barbaridades. Se nos pretende hacer creer que las diputaciones provinciales son parte de nuestras esencias patrias, algo así como los principios e instituciones del Derecho Romano. Y esto no es cierto. Las diputaciones provinciales se crearon en 1845 y, desde entonces, con luces y sombras, se han mantenido hasta ahora. El desarrollo del Estado de las Autonomías de la Constitución de 1978 fue una oportunidad perdida para evitar las duplicidades que ahora estamos sufriendo. Podrían haberse transformado en la administración periférica de los gobiernos de las comunidades autónomas pero no fue posible porque los partidos mayoritarios no quisieron compartir su gestión territorial. 

Lo razonable sería que en un país como España con más de 8.000 municipios de los cuales unos 2.600 tienen menos de 250 habitantes, y unos 6.800 menos de 5.000 vecinos, la prestación de los servicios públicos pudiera realizarse fusionando municipios para que tuvieran la dimensión y la dotación económica adecuadas. Además hay otro argumento de naturaleza política, de regeneración democrática: siempre será mejor reforzar las competencias de una administración con legitimidad democrática directa como son los ayuntamientos en vez de beneficiar a las diputaciones provinciales que son entidades representativas de segundo grado cuyos miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos.

Entonces ¿por qué no se hace? Porque a la “gran coalición” no les interesa. Son legión los allegados, familiares y amigos de políticos que cobran sueldos, buenos sueldos, en puestos de libre designación. El ERE pendiente es el de los enchufados. La actual dinámica institucional favorece el caciquismo y las corruptelas. Los diputados provinciales no son elegidos por los ciudadanos sino por los dirigentes de los partidos políticos. Y ya sabemos lo que ha pasado y lo que está pasando. 

Las diputaciones provinciales tuvieron su razón de ser en el tiempo en que fueron creadas. Y, hoy, nadie puede discutir que los servicios que actualmente prestan podrían prestarse -sin ningún tipo de problemas y a un menor coste- por las delegaciones territoriales de los gobiernos autonómicos. No es posible que después de las transformaciones sociales y tecnológicas de los últimos años las administraciones públicas sigan funcionando bajo criterios del siglo XIX. La desafección de los ciudadanos hacia los políticos y las instituciones tiene que ver, también, con esa falta de adaptación a los nuevos tiempos. No es justo que después de varios años de crisis su gasto sea prácticamente el mismo y que la ausencia de reformas no haya detenido el incremento de nuestra deuda pública.

Por todas estas razones, por una mejor calidad de nuestra democracia, por su urgente regeneración, sería conveniente que desaparecieran las diputaciones provinciales y sus competencias se asumieran por de las delegaciones territoriales de las comunidades autónomas. Viviríamos mejor.

Publicado en Diario de León, hoy, 11 de febrero del 2015: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/sin-diputaciones-provinciales-viviriamos-mejor_956226.html

Acabar con UPyD.

Llevo meses contemplando como otros partidos se apropian, sin rubor, de las propuestas políticas que mi partido, Unión Progreso y Democracia (UPyD), lleva defendiendo años (desde su fundación), en solitario.

En las últimas semanas parece que estas apropiaciones se han intensificado. Sin pestañear, los mismos políticos que en su día rechazaron las propuestas de UPyD sobre los aforados, la transparencia o la corrupción en las cajas de ahorro ahora abanderan estos asuntos con una legitimidad que sólo corresponde a sus autores.

Antes de las vacaciones saltó el penúltimo escándalo en Bankia, esta vez con motivo de las “tarjetas black”. Durante días fue noticia de portada en todos los medios de comunicación y en sus tertulias. Y  vimos, escuchamos y leímos a dirigentes del PP, del PSOE y de IU declarar apesadumbrados e indignados por lo sucedido, sin que ellos, ni los medios que les daban cobertura, mencionaran que durante años ellos fueron parte del problema y no de la solución, y que han criticado (con dureza) y votado sistemáticamente contra las acciones de UPyD para exigir luz y taquígrafos sobre lo sucedido en Bankia. 

Como si esa información hubiera surgido por arte de magia y no como consecuencia del procedimiento judicial iniciado -en 2012- por UPyD contra los responsables de lo sucedido en esta entidad. Nada se sabría de la gran estafa de Bankia si UPyD no hubiera trabajado sin descanso por la justicia y contra la impunidad. Pero, de eso, ni palabra.

Y lo mismo está sucediendo con las propuestas sobre transparencia y aforamiento, por ejemplo. Ahora todos se escandalizan de los aforamientos y solicitan urgentes propuestas de modificación de su regulación y se muestran como adalides de la regeneración democrática, bla, bla, bla. Los mismos, si, los mismos (hemerotecas, por favor) que critican con dureza a Rosa Díez cada vez que denuncia estos hechos. Increíble pero cierto.

Después hemos tenido unos días donde el tema ha sido el “hundimiento” de UPyD según unas encuestas realizadas, algunas de ellas, por empresas demoscópicas muy conocidas en su casa a la hora de comer. Y cuando leo más allá del titular compruebo que el “hundimiento” de UPyD consiste en una leve bajada, unas décimas, de la intención de voto mientras que alguno de sus adversarios perderían hasta un tercio y más de sus actuales escaños. Pero esto último no se destaca, no se comenta, porque no “interesa”.

Más. El sábado pasado no se podía acceder a la página web de UPyD porque se estaban realizando ataques automatizados masivos desde ordenadores de China que no lograron tirar el servidor pero si ralentizarlo mucho para que no se carguen las páginas…Vamos, un ciberataque contra el único lugar donde UPyD puede publicar sus propuestas para que, íntegramente, sean accesibles por quienes quieran conocerlas.

Y la última ha sido ayer, cuando uno de los diarios nacionales más importantes recogía la información hecha pública por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas donde consta que salvo UPyD todos los partidos han cometido graves irregularidades en su financiación. Pues bien, el titular (que no se corresponde con el contenido del mencionado informe) fue “La Fiscalía ve indicios de delito en las finanzas de todos los partidos”.

El periódico autor de esta infamia que siempre ha presumido de libros de estilo, códigos deontológicos y esas cosas, podría haber introducido un “casi todos” o bien hacer mención expresa -en positivo- a que Unión Progreso y Democracia es el único partido sin ninguna irregularidad.

Un reconocimiento justo para los hombres y mujeres que llevan años trabajando, esforzándose, para que esto sea así; y esperanzador para los españoles que podrían comprobar que no todos los partidos políticos son iguales, que hay otra política y otro futuro.

Pero precisamente eso es lo que no quiere la mano que mece esta cuna. No quiere que el ciudadano conozca que hay un partido político que no es como los otros, que se esfuerza por hacer las cosas de otra manera, por ser más transparente, más democrático: mejor.

Los ataques, los desplantes, los desaires, las manipulaciones informativas no son casualidad, tienen causa: quieren acabar con UPyD porque les aterra las consecuencias de nuestra forma de hacer política, porque se les acaba el negocio (el propio y el de sus familias, amigos y paniaguados).

Es muy viejo eso del todos-son-iguales y, por tanto, mejor corrupto conocido que corrupto por conocer. Pues eso no es así y los datos son los que son: en ocho años UPyD ha demostrado que la regeneración no es un eslogan sino una actitud.

UPyD está demostrando -con su acción política cotidiana- que es un partido serio y, a veces,  ejemplar. Y esto no es un detalle sin importancia. Hay personas, trabajo, esfuerzo, tiempo y dinero. Y ello merece un reconocimiento público y, en todo caso, un respeto.

A favor del pequeño comercio.

En los últimos años, el futuro del pequeño comercio se ha complicado debido a la fuerte presión de las grandes superficies y centros comerciales, a la amenaza del comercio electrónico y a la crisis económica que ha golpeado especialmente a este sector.

Un tema de actualidad por las recientes reivindicaciones de la Plataforma por el Pequeño Comercio y el Empleo en contra de la liberalización de horarios comerciales y la calificación de la ciudad de León como zona de gran afluencia turística. Tras la grandilocuencia de los términos legales utilizados “medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia” se esconde un clarísimo apoyo de las autoridades a los intereses de las grandes superficies frente al pequeño comercio.

Apoyar a las grandes superficies es apoyar un modelo social, económico y ambiental insostenible, injusto. Tenemos demasiados ejemplos de cómo destruyen la actividad económica local, crean empleos de baja calidad, deslocalizan la producción, fomentan un modelo de transporte más contaminante o participan de forma activa en la reordenación especulativa del territorio. 

Sin embargo, son muchos –y, a veces, desconocidos- los beneficios del pequeño comercio. Reduce el impacto ambiental: mayoritariamente sus productores suelen ser productores locales y, así, se minimiza el transporte, la polución y las congestiones de tráfico. Se emite menos CO2 a la atmósfera y se garantiza un mejor mantenimiento de la cadena de frio al ser menos los trasbordos de mercancía.

Más. A lo largo de la historia lo que llamamos “el centro de la ciudad” ha coincidido siempre con el centro comercial; el propio concepto de ciudad, en sí mismo, es un concepto basado en las relaciones sociales, entre las que ocupan un papel fundamental las relaciones comerciales. El comercio es, sin duda, un importante elemento dinamizador de la ciudad que mantiene los centros como lugares vivos llenos de actividad y de gente. El comercio es fundamental en la tarea de vertebrar la ciudad.

La proximidad de las personas que conforman el pequeño comercio, el hecho de dar vida a las calles, fortalece los lazos de la comunidad y humaniza ciudades y barrios. Con la proliferación de las grandes superficies la estructura de la ciudad como tal corre peligro y con ella su capacidad de relación social y de actividad comunitaria. Promover el pequeño comercio y el ocio local en nuestras calles es favorecer el tránsito de personas y vida.

Es lamentable la falta de voluntad política para la revitalización de los centros de nuestras ciudades. Tenemos que defender el urbanismo como disciplina al servicio de las personas: hacer la ciudad para el mejor desarrollo de las relaciones sociales. El modelo de ciudad lo debemos decidir los ciudadanos y, por tanto, debe ser un tema prioritario de la agenda política, especialmente municipal y autonómica. 

El libre comercio también debe tener unos límites, aquellos que aconsejan la protección de las ciudades, de sus centros históricos, de sus barrios, de sus comercios y vecinos. Las ciudades que han apostado por un modelo “sin límites” se han encontrado con que los centros de sus ciudades están despoblados, y se han convertido en lugares poco atractivos, sucios, inseguros e incluso marginales. Y eso, creo, que no es lo que, la mayoría, queremos para León. 

También es importante no olvidar la relación entre horarios comerciales y empleo. Los pequeños y medianos empresarios y autónomos del sector de la distribución comercial minorista y sus trabajadores suponen en España más del 80% del empleo del sector. Que no, que a más liberalización de horarios no hay más empleo. Las comunidades autónomas más liberalizadoras son las que pierden más empleo en el sector comercial porque las empresas que más trabajadores emplean –las tiendas de barrio- son, precisamente, las que se ven más afectadas por el impacto de las grandes superficies, las grandes beneficiadas por la liberalización de los horarios comerciales. Estudios hay muchos y de variada procedencia.

Tampoco se suele considerar el impacto que esta decisión tiene sobre las condiciones de trabajo del personal de las grandes superficies. Y también es muy razonable que los pequeños comerciantes quieran el domingo para descansar o para disfrutar de su familia. 

Sé de lo que hablo. En tiempos del ministro Boyer, a quien Dios tenga en su gloria, yo trabajaba en una empresa multinacional de hipermercados. Viví cuando se liberalizaron los horarios y por tanto, tuve que empezar a trabajar todos los domingos y festivos. La sensación que experimentaba, esos días, cuando bajaba al garaje y comprobaba que mi coche era el único que se movía a esas horas sólo es descriptible con palabras malsonantes y no es el sitio… La vida familiar se complica. Tu pareja y tus hijos descansan ese día y te esperan, y te necesitan. Y eso no sólo es una cuestión individual sino también de impacto social. Una dificultad más para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Y, además, puestos a liberalizar horarios esto no tendría fin… ¿Por qué los centros de salud no abren los domingos por la mañana y así no hay que pedir permiso en el trabajo cuando uno va a su médico? ¿Por qué no puedo ir, cómoda y tranquilamente, un domingo por la tarde, a hacer gestiones al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León o a mi banco? 

Para algunos, afectados o no directamente, estas cuestiones pueden resultar absurdas e, incluso, una provocación… Es más, en los supuestos anteriores, sería incluso más razonable plantear su apertura los domingos ya que su horario suele ser de lunes a viernes y sólo por las mañanas. Y para comprarse unos zapatos o un frigorífico, por ejemplo, uno puede hacerlo de lunes sábado, en un amplio horario desde las 10 a las 20,30 horas… “¿Para qué abrir un domingo?” se podría uno cuestionar con toda la razón.

Y luego está, aunque sea brevemente, la cuestión fiscal. En pocas palabras y sin caer en populismo de inspiración venezolana…Los pequeños comercios son propiedad de conciudadanos nuestros, vecinos, gente a quien conocemos, que viven aquí, que sus hijos van a los mismos colegios que nuestros hijos, que viven en nuestros barrios, que pagan aquí sus impuestos y gastan aquí su dinero. En el caso de las grandes superficies, los dueños, habitualmente, son desconocidas sociedades mercantiles que tributan poco y lejos, a veces, muy lejos de León.

Grandes superficies y pequeño comercio pueden convivir en sana y armónica competencia. Lo verdaderamente preocupante en esta relación es que uno crece a costa del otro, con todas las consecuencias que estoy comentando. Algo que ocurrirá, a medio plazo, si no se toman las decisiones políticas oportunas. 

Y cuando se acabe con el pequeño comercio ya sabemos lo que viene. Y para muestra un botón, o mejor dos: lo que ha ocurrido con las gasolineras o la energía eléctrica, por ejemplo. Aquí la libertad de elegir y los beneficios reales para los ciudadanos son más que discutibles.

Publicado, ayer, 7 de diciembre del 2014 en Diario de León: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/favor-pequeno-comercio_941119.html

La ética de todos los días.

Existe un amplio consenso al afirmar que esta crisis se ha producido por una combinación de desenfoques y errores técnicos, y de faltas éticas. 

Ello ha puesto de manifiesto tres carencias básicas, que están en el origen de la misma: la de reglas adecuadas para regir el mercado global, especialmente el financiero; la de instituciones con capacidad suficiente para garantizar su buen funcionamiento y, finalmente, la carencia ética, sin la que esta crisis no se habría producido del modo como lo ha hecho.

Una teoría excesivamente permisiva con los mecanismos propios del mercado ha favorecido un relajamiento de las más elementales normas que guían la asunción y evaluación de riesgos; pero, a su vez, esa relajación no ha sido exclusivamente técnica, sino también propiciada por una serie de comportamientos que manifiestan fallos éticos.

Una crisis es siempre una ocasión de revisión y mejora que no puede ser desaprovechada. En este sentido hay que tener en cuenta dos peligros: el primero, nacido de la inercia, del miedo al cambio y de los intereses particulares en juego, es tratar de volver cuanto antes a la situación anterior, como si nada hubiera pasado. Este riesgo está mucho más extendido de lo que pensamos y puede limitar en gran medida la oportunidad de mejora.

El segundo riesgo consiste en pensar que la situación puede resolverse únicamente con medidas de política económica, tales como una mejor regulación de los mercados, una revisión de los métodos de evaluación de riesgos, un grado mayor de cobertura por parte de los bancos y, en su caso, las necesarias medidas de ajuste estructural.

Además de que todos nos esforcemos por debatir, encontrar y aplicar las medidas técnicas y políticas necesarias, la crisis actual denota quiebras económicas, éticas, antropológicas y culturales sobre las que es necesario reflexionar en profundidad.

Nuestro mundo, en el que todas las personas buscamos vivir con dignidad y paz, está sometido a mecanismos que generan desigualdades graves entre personas, regiones y países; a una lucha constante por mantener ventajas competitivas frente a otros; al afán de poder económico y político; a una cultura de “suma cero”, en la que no todos salen ganando, sino que unos ganan a cuenta de lo que otros pierden. 

Más allá de que se puedan (y deban…) aplicar medidas técnicas y políticas, la superación de los obstáculos mayores se obtendrá gracias a decisiones esencialmente éticas. La credibilidad ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales de la relación del individuo con la sociedad. Se trata, en definitiva, de la confianza que tiene el ser humano en sus semejantes e instituciones con quienes se relaciona.

No se trata del aspecto formal de estas relaciones, que pueden estar reguladas por leyes o por acuerdos privados entre las partes, sino de la convicción íntima de las personas que sus derechos serán respetados y que los compromisos adquiridos se van a cumplir. La importancia de la credibilidad es mucha. 

Desde el punto de vista económico, la falta de credibilidad incrementa los costes. Por ejemplo, la falta de confianza en las personas y en las empresas, lleva a la necesidad de constatar la identidad y solvencia financiera de los clientes, de tal manera, que cada día son más las empresas dedicadas a proveer este servicio.

Si no hay credibilidad en la justicia, se buscan mecanismos de solución alternativos al sistema judicial. La falta de credibilidad en la política y en los políticos ha llevado a que muchos ciudadanos no tengan interés en participar, ni siquiera votando. La gente normal ve a los políticos lejos de la realidad; y muchas de sus acciones, aun siendo legales, se perciben como poco éticas. Es el caso de los conflictos de intereses. La falta de una clara regulación de los grupos de presión (que de hecho existen en forma de asesores o relaciones públicas) es el origen de muchos de los desaguisados de nuestra actualidad.

La responsabilidad política como asunto de ética no se considera. Las dimisiones son rarísimas y casi nadie asume responsabilidades por la función que desempeña. En la opinión de la gente, la credibilidad o la falta de ella, se forma lentamente en el tiempo y generalmente no está asociada a un suceso específico, sino a un cúmulo de acontecimientos o detalles que alimentan la confianza o desconfianza.

Casi siempre que hablamos de ética nos referimos a asuntos actuales de carácter político o económico, o a la ética de los otros… Rara vez a nuestras actividades cotidianas. Ser ético es ser una persona en quien se pueda confiar. Luchar por vivir sin dobleces, sin justificar nuestras acciones cuando sean malas. Al pan, pan, al vino, vino… Ésta es la ética de todos los días, la cotidiana, la que debemos cuidar prioritariamente porque con nuestras pequeñas acciones contribuimos -o no- a generar una cultura de confianza, de respeto a los demás.

Es muy fácil asentir a grandilocuentes propuestas de regeneración ética para tal o cual institución u organización. Y no tanto responsabilizarse de la propia vida, y cuidar el impacto de nuestras acciones en otras personas. Estaremos contribuyendo a la verdadera regeneración si nos esforzamos por mejorar las relaciones con las personas con quienes habitualmente convivimos, luchando por ser más sinceros, más honrados, más responsables, más trabajadores, más serviciales, más cariñosos…Nosotros primero.

Publicado, hoy, 30 de agosto del 2014 en Diario de León: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/etica-todos-dias_916912.html 

Ni participaciones ni preferentes.

En estos días, se han cumplido dos años desde que UPyD presentó una querella por estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, administración fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas, contra todos los miembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros, que ostentaban esta responsabilidad al tiempo de su salida a bolsa. Y también, dos años de las primeras sentencias de los Tribunales de Justicia sobre las participaciones preferentes.

En principio, las participaciones preferentes como producto financiero no planteaban ninguna objeción desde el punto de vista jurídico. Y esto a pesar de su complejidad técnica y de los elevados riesgos para los potenciales inversores. Las objeciones, los conflictos, las injusticias surgieron con su comercialización.

Y, en particular, a clientes con ninguna o escasa aptitud  para comprender de una manera completa las características del producto cuya contratación les proponía el director de su oficina “de toda la vida”, habitualmente de una caja de ahorros. Según las estadísticas sobre afectados, más del 80% ofrecen un perfil de ahorrador tradicional (“de cartilla y plazo fijo”) y mayores de 70 años… Personas que, en la mayoría de los casos, tras una vida de trabajo, esfuerzo, sacrificios y privaciones depositaron sus ahorros -y su confianza- en entidades financieras, sin ser conscientes de estar contratando un producto de altísimo riesgo.

La venta masiva de participaciones preferentes a ciudadanos de a pie o, en términos jurídicos, a clientes minoristas o consumidores, es sin duda el mayor fraude económico de nuestra historia reciente, salvando las distancias, como en su momento sucedió con la tragedia del aceite de colza. Les dijeron que eran como el depósito a plazo fijo pero con más intereses pero no les dijeron que el riesgo era elevado, que no estaban cubiertas por ningún fondo de garantía, que no tenían plazo de vencimiento y que para su venta había que acudir a un mercado secundario que no tenía liquidez inmediata.

La consecuencia de la insaciable voracidad de algunas entidades financieras, y de sus agresivas políticas comerciales, ha sido que casi un millón de ciudadanos se han visto gravemente perjudicados en sus economías. Las denominadas “participaciones preferentes” están mereciendo la reprobación de los ciudadanos y de los Tribunales porque, deliberadamente, se trata de un término que induce a engaño ya que ni son participaciones en sentido mercantil y porque no incorporan ningún derecho que, en rigor, pueda calificarse como preferente. A excepción, del “derecho” a participar en las pérdidas o riesgo patrimonial del emisor…

Afortunadamente los jueces y magistrados, en la mayoría de los casos, están haciendo Justicia declarando la nulidad de los contratos cuando así se lo han demandado los perjudicados. Sin embargo, todavía, están pendientes de concretarse las responsabilidades de quienes diseñaron, autorizaron y comercializaron un producto financiero que ha dañado la vida (más allá de lo económico) de miles de personas. Y, en particular, la responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España en el ejercicio de sus funciones de obligada supervisión de las entidades financieras.

Y también está pendiente la responsabilidad de los políticos del PSOE y del PP que legislaron a favor de que las empresas pudieran financiarse a través de los eufemísticamente denominados como “territorios de baja tributación” o popularmente conocidos como paraísos fiscales.

Aquí está el origen de un problema que, además de los efectos comentados, perjudicó, también gravemente, a los accionistas que con la “deslocalización” perdieron las competencias que la ley otorga a su junta general y, sobre todo, el grave perjuicio a todos los ciudadanos españoles (“Hacienda somos todos”) porque las empresas emisoras de participaciones preferentes, domiciliadas en paraísos fiscales, dejaron de pagar en España miles de millones de euros en impuestos. En fin, esto es lo que hay… por ahora.

Publicado hoy, 5 de julio del 2014, en Diario de León: ( http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/participaciones-preferentes_902495.html ).

La República es mejor pero no es la solución.

El deterioro de las instituciones españolas no tiene su raíz en el texto constitucional. Nuestras dificultades actuales son el resultado de políticas erróneas. El problema no es económico. Es político. Es de ejemplaridad, es de coherencia, es de legitimidad. Los ciudadanos necesitamos ver que los recortes, los sacrificios, son comunes a todos.

En España, con 47 millones de habitantes, 3,5 millones de ciudadanos aportan el 75 por ciento del dinero. La progresividad únicamente surte efecto para quien depende de una nómina. Los ricos pueden refugiarse en las sicav o amenazar con trasladar su fortuna si les tocan sus privilegios.

La sociedad muestra hartazgo al ver cómo al Bárcenas de turno la declaración del IRPF le sale a devolver y, año tras año, los ingresos declarados por los trabajadores superan a los declarados por los empresarios. Muchas empresas, grandes empresas, se quejan de lo elevados que son los tipos impositivos del sistema tributario (el 25, el 30) pero, a la hora de la verdad, muchas de ellas, casi todas (las grandes corporaciones), sólo pagan el 5% y ello porque tienen privilegios para no pagar impuestos a través del exclusivo mundo de los agraciados por las exenciones fiscales.

España debe luchar contra la economía sumergida y el fraude, así como revisar la fiscalidad de las grandes compañías. La merma en la recaudación por el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las grandes empresas se estima en unos 42.000 millones de euros. Nada más y nada menos.

La crisis ha destruido 31 empleos privados por cada uno público. La gran reforma no acometida por el Gobierno de Rajoy es la de la Administración Pública. No se ha fusionado ningún ayuntamiento, no se ha prescindido de ninguna diputación… ¿por qué? Porque a las organizaciones del sistema no les interesa, se estima en 145.000 quienes cobran un sueldo, un buen sueldo, en sus puestos de libre designación. El ERE pendiente es el de los enchufados. 

Muchos ciudadanos están hartos. Quieren transparencia, saber qué se hace con su dinero, con el de sus impuestos, en qué se gasta. Se tiene una generalizada sensación de que cada día se paga más pero, sin embargo, empeora la enseñanza, la sanidad y todo aquello que podría ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. La venta de una –sólo una- de los cajas intervenidas (Caixa Galicia) ocasionó tantas pérdidas como el recorte en educación. Y eso a mucha gente no nos parece razonable. Hay otras formas, alternativas, de hacer las cosas.

Una cosa es una economía de mercado y otra, muy distinta, una sociedad de mercado.  Ciertamente, no puede haber libertades personales y políticas si no hay también libertad de mercado. Pero una economía de mercado no se identifica con el capitalismo montaraz, ni exige la desaparición del Estado social, ni del poder moderador del Estado sobre el mercado.  Cuando esto sucede, pasamos de la economía de mercado a la sociedad de mercado, en la que todo –hasta las personas- pasan a estar en venta, y el descarte de vidas humanas se convierte en un inevitable efecto colateral del sistema. La actual crisis económica pone de manifiesto la diferencia que existe entre el libre mercado y el capitalismo financiero desregulado.

Los mercados no se autocorrigen. Esto ha quedado más que demostrado. Durante las últimas décadas, el PP y el PSOE, nos han intentado convencer de las virtudes de la desregulación. Y que, en todo caso, se trataba de una materia sólo apta para los científicos de la economía donde las ideas y la política no debían inmiscuirse…Hoy sabemos que eso no es así.

La experiencia documentada prueba que lo privado no funciona necesariamente mejor que lo público. Las bondades de la liberalización son claramente cuestionables.

La política necesita aire fresco y sabio. Y esto no es cuestión de edades sino de ideas. Algunas de las propuestas de estos jóvenes políticos de moda son más antiguas que la rueda. La demagogia y la mentira prenden con mucha facilidad en situaciones como la que actualmente atraviesa España.

Soy republicano por una cuestión de principios. Pienso que la república es muy superior a la monarquía como forma de Estado. Una hermosa manifestación del principio de igualdad de los ciudadanos, fundamentada en nuestra común dignidad como personas. Pero no nos engañemos, la forma de estado, únicamente, por sí sola, no es garantía de nada. Y para muestra un botón: la República de Venezuela, que es el sexto exportador de petróleo del mundo, es incapaz de garantizar los servicios básicos de sus habitantes.

Quizá España necesite un nuevo contrato social. O no. O baste con mejoras, con nuevas formas de hacer política capaces de construir un proyecto de futuro que genere ilusión a la mayoría de los ciudadanos. Donde lo importante sea el contenido, el qué se hace y el cómo se hace. No la forma de estado. En fin, como decía mi abuela “hijo, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno”.

Publicado hoy, miércoles 25 de junio del 2014, en Diario de León (http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/republica-es-mejor-no-es-solucion_900017.html ).

Hay dinero para lo que les interesa.

Una chica que tiene beca desde hace cinco años, ha estudiado su carrera con nota siempre por encima del 6’5, se preinscribe en un máster, le comunican su admisión en junio. Feliz, prepara todo, busca piso, lo encuentra, lo alquila y asume los correspondientes gastos. 

Cuando ya está lista para comenzar un nuevo año escolar, el 19 de agosto, el Gobierno de España cambia la nota mínima para obtener beca, de un 5 a un 7. Y, por tanto, se la deniegan. Ella alega que le den un plazo mínimo, razonable, para intentar mejorar su calificación, pero se lo niegan. Imposible, en tiempos de crisis cómo se le ocurre….

Sin embargo acabamos de leer en Diario de León la noticia del aplazamiento -un nuevo aplazamiento, ya van varios…- de la entrada en vigor de la conocida como “tasa Tobin” que no es sino un impuesto a los depósitos bancarios. 

Este aplazamiento va a suponer un agujero para las cuentas públicas de 640 millones de euros que ya estaban previstos en los Presupuestos Generales del Estado. 

Las autoridades españolas han mostrado su comprensión con esta medida porque, dicen, es razonable que se les dé un tiempo a los bancos para que preparen el impacto que esta tasa va a suponer en sus economías. Aquí si hay compasión, delicadeza, poco a poco, prudencia… Aquí hay potentes intereses (y presiones) en juego.

Inevitablemente este episodio también me recuerda, por su relación con el tema de fondo, el asunto de la tan anunciada -y aplazada- llegada del AVE a León, y del tan traído y llevado soterramiento a su paso por nuestra ciudad.

Que no hay dinero, que hay que ser responsables, que como se os ocurre plantear esto con la que está cayendo, que no hay dinero, que estamos en crisis… bla,bla,bla.

Sin embargo si uno lee con detalle el Boletín Oficial del Estado  comprobará que si hay dinero (y mucho) para infraestructuras, para obras públicas y, en particular para el AVE. Si sumamos las asignaciones presupuestarias aprobadas durante los tres últimos años, el resultado supera los tres mil millones de euros; y, fundamentalmente, para la construcción (acelerada) del AVE a Galicia, “patria chica” del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Fomento.

Luego dinero, haberlo “haylo”… Se agradecería que nuestros representantes fueran claros, transparentes, honrados y dijeran la verdad: hay dinero, mucho dinero, pero sólo para nuestros intereses, nuestras prioridades. 

Y sin caer en victimismos absurdos o demagógicos la realidad es que León no está ni en los intereses ni en las prioridades del Gobierno de España. Ni mi amiga Julia, la ex becaria, tampoco. Y a los hechos me remito.

Para una chica que está finalizando sus estudios con buena nota, muy por encima de la requerida durante los últimos cinco años para lograr una beca, no hay comprensión, no hay flexibilidad, no hay razones para darle tiempo, un tiempo mínimo y razonable, para mejorar su nota y mantener la tan necesaria ayuda económica…. 

Pero para los bancos e instituciones financieras, sujetos de este impuesto (la tasa Tobin), que han ganado miles de millones de euros durante el último año (de lo que yo me alegro porque eso beneficia al interés general), un no sé cuántos por ciento más que el año pasado, y ello a pesar de la crisis (de lo que también me alegro porque espero que eso suponga, al fin, el restablecimiento del crédito para familias y empresas), para ellos si hay tiempo, periodos transitorios, de adaptación, para que la agresividad de ciertas medidas políticas -dicen- no perturbe sus vidas y haciendas….

Lo que está sucediendo es más viejo que el hilo negro. Un nuevo episodio de la ley del embudo: condescendiente con los poderosos e implacable con los débiles. Esto es lo que hay.

¿Por qué es un despilfarro o una irresponsabilidad defender el soterramiento del AVE a su paso por León y no lo es iniciar la construcción de nuevos tramos cuando éste todavía no está terminado? ¿Cómo que no hay dinero para financiar los 350 millones de euros que cuesta nuestra obra si se han gastado, sólo hasta la fecha, más de 3.000 millones de euros en el AVE a Galicia?

Si no hay dinero, no hay dinero para nada ni para nadie… Como dice el refrán: “o todos moros o todos cristianos”. Es decir, igualdad de trato.

Lo otro es cinismo, mentira, manipulación, y engaño. Y, sobre todo, una falta de respeto. Nos tratan como imbéciles cuando merecemos un trato de ciudadanos. 

En fin, hay que buscar razones para el optimismo. Siempre suele haberlas y, en este caso, también las hay. 

En un Estado Social y Democrático de Derecho la indignación y/o el ajuste de cuentas entre representantes y representados se realiza a través del ejercicio del sufragio, votando. Así que ahora es cuando.

Publicado hoy, martes 20 de mayo del 2014, en Diario de León (http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/hay-dinero-interesa_891095.html ).

¿Por qué han desaparecido las Cajas de Ahorros?

La semana pasada tuve una interesante charla sobre este asunto con simpatizantes y afiliados de Unión Progreso y Democracia de León. 

A continuación, les comparto una síntesis de algunos de los puntos sobre los que dialogamos:

Las cajas de ahorros más antiguas se crearon hace unos trescientos años como instituciones sin ánimo de lucro, cercanas a las personas y con una clara función y responsabilidad social. Supusieron una fuerte competencia para los bancos ya que controlaron más del 50% del mercado: durante muchos años no hubo ningún banco que fuera líder en ninguna provincia.

Se vieron afectadas por los cambios impulsados por los ideólogos de la desregularización que, en Estados Unidos, lograron la derogación de la ley Glass-Steagall que desde 1930 a 1999 separó las actividades de la banca comercial y de la banca de inversiones, y limitaba su ámbito territorial de actuación.

En España este cambio internacional de regulación coincidió con el desarrollo normativo de las Comunidades Autónomas y, a la flexibilización de su estatus jurídico, se añadió la politización de sus órganos de gobierno.

A diferencia de otras crisis sufridas por el sistema financiero español, en la del 2007, la reacción fue demasiado lenta, entre otras razones, por la resistencia de las Comunidades Autónomas y por la falta de coordinación con el Banco de España.

A partir del 2010 se inicia un proceso acelerado de “transformación” con graves errores como la salida a Bolsa de entidades en estado de insolvencia, una maraña de artificios legales y contables y, siempre, un déficit de información clara a inversores, depositantes y ciudadanos.

Como consecuencia de las reclamaciones de miles de damnificados hemos ido conociendo escandalosos casos de nepotismo en las contrataciones de personas, bienes y servicios que, aun siendo legales, repugnan a los principios éticos de la mayoría de los ciudadanos.

Cuesta creer que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y uno se pregunta por qué nadie protestaba o pedía cuentas... salvo que los responsables de hacerlo estuvieran logrando algo a cambio. Para muestra, por ejemplo, la lectura de los correos de Blesa es muy ilustrativa.

En fin, de las primeras pérdidas oficiales de 15.000 millones de euros (si uno lo intenta pasar a pesetas sufre el riesgo de desmayarse) pasamos a los 150.000 millones de euros de un año después... una desviación irracional, escandalosa. Y uno se pregunta, también, dónde estaban las autoridades responsables, por qué no tomaron medidas concretas más allá de las "advertencias", teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y que la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, de 1988, hubiera permitido, por ejemplo, al Banco de España, intervenir, sancionar e incluso actuar sobre los órganos de gobierno de las cajas de ahorros.

El endeudamiento provocado por este expolio hipoteca nuestro futuro y el de varias generaciones de españoles, por muchos años. Y tanta fusión y concentración, en mi opinión, supone una situación próxima al oligopolio, y un mayor riesgo sistémico. En fin, el tiempo dirá.

Quizá una de las consecuencias más injustas de la desaparición de las cajas sea el impacto negativo -desatención, incluso riesgo de exclusión del sistema bancario- que va a tener en los ciudadanos de las zonas rurales, en los pequeños empresarios, sobre todo en Castilla y León.

La común -e interesada- posición de los políticos de los grandes partidos es que las cajas de ahorros no han desparecido sino que se han transformado… Suma y sigue con la perversión del lenguaje. Las cajas de ahorros no tenían accionistas, no repartían dividendo, y sus beneficios (miles de millones de euros) se invertían en interés social de la comunidad a la que servían.

Me cuesta creer que los dueños de los actuales bancos en que se han “transformado” las cajas de ahorros vayan a ser igual de generosos.

Además, las Administraciones Públicas no están (y no lo van a estar durante un largo tiempo) en condiciones de llenar el vacío que deja la Obra Social de las Cajas de Ahorros que invertía miles de millones de euros en actividades asistenciales, educativas, deportivas, etc.

Por último, aspectos positivos de estos sucesos. La verdad es que cuesta… Uno sería que, ahora, la supervisión sobre los bancos vuelve a ser única; y, dos, que estos acontecimientos están sirviendo para movilizar a muchos ciudadanos contra la desvergüenza de algunos políticos, contra su impunidad, y a favor de superar el déficit democrático que padece nuestra sociedad.

Sin duda que con otra política es posible otro futuro, un mejor futuro.

Publicado el día 7 de marzo del 2014, en Diario de León ( http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/por-han-desaparecido-cajas-ahorros_872762.html ).

Revolución Positiva.

La palabra revolución evoca un régimen que destruir y, después, un nuevo sistema que imponer.

Este carácter negativo, de movimiento contra algo en lugar de a favor de algo, es lo que quizás ha llevado al fracaso a tantas revoluciones triunfantes.

O, en otro sentido, quizás tenga mucho que ver con la actual admiración al testimonio de Nelson Mandela.

Pensando sobre esto, y ya en el ámbito de las organizaciones, me acordé de un libro que leí hace años: “La Revolución Positiva” de Edward de Bono. 

Un libro que, en palabras de su autor, no es para leer sino para trabajar. 

Según De Bono en las revoluciones no deben existir enemigos sino cosas que cambiar. 

Y la revolución positiva que propone se basa en cinco principios básicos que compara con los dedos de una mano.

Efectividad. 
Es necesaria porque no sólo significa estar dispuesto a hacer algo, sino de llevarlo a la práctica. La efectividad es el pulgar, sin el que la mano queda inutilizada.

Aspectos constructivos. 
Representado mediante el índice, dedo que se emplea para señalar el rumbo y el camino a seguir. Hay que esforzarse por ser constructivo y nunca destructivo.

Respeto. 
Hacia todas las personas, no sólo hacia nuestros superiores. La revolución se realiza por gente pero para la gente. El corazón infunde respeto por ser el dedo más largo de la mano.

Autosuperación. 
Mejorar es un derecho y un deber. Esto representa la energía y el sentido que le damos a la revolución. Nunca damos mucha importancia al anular pero siempre está ahí.

Y contribución. 
Qué es lo que podamos aportar y no lo que podemos exigir es la esencia de toda revolución positiva. El meñique nos recuerda que cualquier contribución, por pequeña que sea, es de agradecer.

Mejorar la educación.

Cada vez que hay una medición relacionada con nuestro sistema educativo vuelve la polémica y nos recuerda una de las asignaturas pendientes que tiene España, en mi opinión la más importante, la más urgente: mejorar la educación y la formación para impulsar, verdaderamente, nuestro desarrollo.

Si bien cualquier diagnóstico puede ser rebatido desde el punto de vista de su metodología, lo cierto es que los resultados nos informan de una realidad muy pobre que urge solucionar cuanto antes si realmente queremos mejorar, avanzar.

Habitualmente estas periódicas polémicas se centran en los resultados de nuestras universidades, y en la necesidad de que tengan una calidad reconocida a nivel mundial. Sin embargo, opino que los principales esfuerzos debieran enfocarse en la educación primaria y secundaria.

Perdemos mucho tiempo, muy valioso, instrumentalizando políticamente este asunto, endosando responsabilidades a los gobiernos de turno.

Lo importante es que la educación y la formación se aborden como un asunto de Estado, con seriedad y compromiso, porque si no avanzamos diligentemente, con buenas y claras ideas, seguiremos cometiendo un error cada vez más difícil de enmendar.

Para competir con éxito es ineludible mejorar nuestro sistema educativo: conocimientos, investigación, tecnología y, sobre todo, formación en principios y valores que animen nuestras acciones.

Huyamos del riesgo y peligro que suponen las actitudes autocomplacientes de quienes intentan dulcificar y justificar las debilidades de nuestro actual sistema.

Necesitamos una visión de largo plazo, sí, pero con tareas precisas y exigentes para hoy.

Elogio de la simplicidad.

Una de las acepciones que nuestro diccionario da sobre el término simple, la tercera, dice “sencillo, sin complicaciones ni dificultades”.

Toda traducción corre el riesgo de no transmitir la intención o la carga emotiva que subyace detrás de la misma expresión en su idioma original y, por tanto, el título de esta entrada no es una excepción.

Quien trabaje o haya trabajado con norteamericanos apreciará cuán cierto es esto, pues en la explicación, o más relevante todavía, en el diseño de la solución a un problema, una cuestión verdaderamente importante es que ésta se pueda comunicar en términos simples.

“Keep it simple” suelen decir ellos; hacer o mantener las cosas simples. Trabajar sobre lo esencial, privilegiar el objetivo buscado y, sobre todo, desechar toda acción o paso que no conduzca directamente a este último de una manera eficiente.

Un imperativo que resulta primordial para el reconocido pragmatismo de los norteamericanos, y que lamentablemente para muchas personas y organizaciones se encuentra absolutamente ausente de su consideración.

Es más, en ocasiones, quizá por alguna misteriosa razón que todavía no he logrado desentrañar, todo aquello que pueda ser concebido o explicado en términos simples despierta entre muchas personas una inmediata desconfianza en una doble y perniciosa dimensión: en primer término en cuanto a su efectividad, es decir, que una solución simple, por este solo hecho, no puede ser tal y, en segundo lugar, en cuanto a su credibilidad, esto es, que una solución o explicación de esta naturaleza no puede ser verdadera o, al menos, es tan sólo de carácter parcial.

Qué es lo que nos lleva a no reconocer el tremendo valor que tiene privilegiar la búsqueda de soluciones simples es una pregunta de difícil respuesta. 

Una primera alternativa es que tendemos a confundir lo simple con todo aquello que no demanda esfuerzo, lo que es un error ya que, por lo general, sucede al contrario, mientras más simple es la respuesta más difícil resulta encontrarla.

La segunda es que, tal vez, la explicación debamos hallarla en un sistema educativo que premia la cantidad por sobre la creatividad y que, como no podría ser de otra manera, después se reproduce casi automáticamente en nuestra vida laboral; no importa tanto el cómo vas a responder en clase sino el cuánto vas a responder, ni luego el qué vas a producir sino en cuánta cantidad lo vas a hacer.

Los resultados están a la vista, muchas personas y organizaciones sólo son buenas para producir bienes y servicios fáciles de copiar y de reemplazar, y malas para los productos y servicios de un mayor valor agregado.

Reconocer el valor de la simplicidad es importante para quienes tengan el propósito de mejorar.

Somos españoles.

Si alguien tuviera que describir cuáles son, en su opinión, las variables que debe considerar para realizar negocios con personas de otro país, es muy probable que coloque en un lugar relevante la variable cultura.

Conocer las otras culturas, predecir su estilo de pensamiento, profundizar en sus estrategias de resolución de problemas, dominar las normas de protocolo y los códigos sociales, también los ocultos, pueden ser la clave para el éxito de gestiones internacionales.

No sorprende, entonces, que un número significativo de directivos que tienen responsabilidades globales, dediquen esfuerzos no sólo a aprender idiomas sino también a conocer información cultural relevante que les permita entender el marco de referencia, valores y costumbres de las culturas de su interés.

Llama la atención que esta realidad que parece tan evidente hacia el exterior no se aplique al interior de España. 

Se cree que por el hecho de compartir un idioma y compartir un mismo país también se comparten realidades y expectativas.

La realidad, sin embargo, es otra. 

Somos españoles y, por tanto, diversos. 

Debemos esforzarnos por entender y comprender nuestras diferencias, nuestra realidad. 

Y para ello nada mejor que conocer nuestras lenguas y nuestras costumbres. 

Es la riqueza de nuestra cultura.

Educación.

Nuestra pobreza –miseria, incluso- es de ideas, de falta de profesores motivados y bien formados, comprometidos. 

Tenemos orientaciones pedagógicas equivocadas, métodos ineficaces, contradictorios y hasta contraproducentes.

El presupuesto siempre es insuficiente a la hora de hacer más de lo mismo.

Seguiremos así mientras no acabemos con la lucha estéril y letal para España, de conflictos de poder, de partidos, de sindicatos, de religiones, de ideologías que hay en nuestro sistema educativo y que no deja de atentar contra el presente y futuro de nuestra educación. 

Mientras tanto el mundo avanza.

La base del conocimiento se duplica cada cuatro años. Según estudios recientes, se estima que en el año 2020 lo hará cada 73 días…

La educación es la principal inversión, e incluso el mejor gasto de un país, pero bien hecha.

Nuestros ciudadanos, no sólo los que se encuentran en edad escolar, sino todos, deberían encontrar en la educación permanente una herramienta para adaptarse y aprovechar los nuevos y dinámicos procesos educativos y de negocios.

Se nos está advirtiendo, por las encuestas y los analistas, que está faltando la enseñanza de la ética, de la moralidad, de la cortesía, la urbanidad y las buenas costumbres. 

Los jóvenes, mayoritariamente, están solos, desorientados, apáticos, desmotivados: vacíos…Y, en parte, por la mala educación que estamos entregando entre todos.

Es indispensable que conozcan las obras filosóficas principales, la gran literatura de todos los siglos, el arte y también que comprendan los principios matemáticos, así como el desarrollo histórico de las ideas, de la política y de la sociedad.

Un estudiante formado moral e intelectualmente en las humanidades, y habituado al análisis y a la reflexión, debería ser más “productivo” en cualquier trabajo. 

Y, lo más importante, sería mejor persona.

Creíbles.

La credibilidad ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales de la relación del individuo con la sociedad.

Se trata, en definitiva, de la confianza que tiene el ser humano en sus semejantes e instituciones con quienes se relaciona. 

No se trata del aspecto formal de estas relaciones, que pueden estar reguladas por leyes o por acuerdos privados entre las partes, sino de la convicción íntima de las personas que sus derechos serán respetados y que los compromisos adquiridos se van a cumplir. 

La importancia de la credibilidad es mucha. 

Desde el punto de vista económico, la falta de credibilidad incrementa los costes. Por ejemplo, la falta de confianza en las personas y en las empresas, lleva a la necesidad de constatar la identidad y solvencia financiera de los clientes, de tal manera, que cada día son más las empresas dedicadas a proveer este servicio.

Si no hay credibilidad en la justicia, se buscan mecanismos de solución alternativos al sistema judicial.

La falta de credibilidad en la política y en los políticos ha llevado a que muchos ciudadanos no tengan interés en participar, ni siquiera votando.

La gente normal ve a los políticos lejos de la realidad; y muchas de sus acciones, aun siendo legales, se perciben como poco éticas. Es el caso de los conflictos de intereses. La falta de una clara regulación de los grupos de presión (que de hecho existen en forma de asesores o relaciones públicas) es el origen de muchos de los desaguisados de actualidad.

La responsabilidad política como asunto de ética no se considera. Las dimisiones son rarísimas y casi nadie asume responsabilidades por la función que desempeña. 

En la opinión de la gente, la credibilidad o la falta de ella, se forma lentamente en el tiempo y generalmente no está asociada a un suceso específico, sino a un cúmulo de acontecimientos o detalles que alimentan la confianza o desconfianza.

En fin, ¿pero esto tiene solución…? ¡Claro que sí!: tan sencillo como que cada uno de nosotros sea mejor y cumpla sus promesas y compromisos. 

Las personas primero, siempre.

Existe un amplio consenso al afirmar que esta crisis se ha producido por una combinación de desenfoques y errores técnicos, y de faltas éticas. 

Ello ha puesto de manifiesto tres carencias básicas, que están en el origen de la misma: la de reglas adecuadas para regir el mercado global, especialmente el financiero, la de instituciones con capacidad suficiente para garantizar su buen funcionamiento y, finalmente, la carencia ética, sin la que esta crisis no se habría producido del modo como lo ha hecho.

Una teoría excesivamente permisiva con los mecanismos propios del mercado ha favorecido un relajamiento de las más elementales normas que guían la asunción y evaluación de riesgos; pero, a su vez, esa relajación no ha sido exclusivamente técnica, sino también propiciada por una serie de comportamientos que manifiestan fallos éticos.

Una crisis es siempre una ocasión de revisión y mejora que no puede ser desaprovechada.

En este sentido hay que tener en cuenta dos peligros: el primero, nacido de la inercia, del miedo al cambio y de los intereses particulares en juego, es tratar de volver cuanto antes a la situación anterior, como si nada hubiera pasado. 

Este riesgo está mucho más extendido de lo que pensamos y puede limitar en gran medida la oportunidad de mejora.

El segundo riesgo consiste en pensar que la situación puede resolverse únicamente con medidas de política económica, tales como una mejor regulación de los mercados, una revisión de los métodos de evaluación de riesgos, un grado mayor de cobertura por parte de los bancos y, en su caso, las necesarias medidas de ajuste estructural.

Además de que todos nos esforcemos por debatir, encontrar y aplicar las medidas técnicas y políticas necesarias, la crisis actual denota quiebras económicas, éticas, antropológicas y culturales sobre las que es necesario reflexionar en profundidad.

Nuestro mundo, en el que todas las personas buscamos vivir con dignidad y paz, está sometido a mecanismos que generan desigualdades graves entre personas, regiones y países; a una lucha constante por mantener ventajas competitivas frente a otros; al afán de poder económico y político; a una cultura de “suma cero”, en la que no todos salen ganando, sino que unos ganan a cuenta de lo que otros pierden. 

Más allá de que se puedan (y deban…) aplicar medidas técnicas y políticas, la superación de los obstáculos mayores se obtendrá gracias a decisiones esencialmente éticas. 

En fin, esto, lejos de constituir una visión amarga de la realidad, es un principio básico para construir una mejor sociedad, sobre la base de la solidaridad, del respeto a las personas.

Las personas primero, siempre.

#Madrid2020

Me apresuro a escribir y publicar estas líneas antes de que se conozca la decisión del Comité Olímpico Internacional sobre cuál será la sede de los Juegos Olímpicos del año 2020. 

Pues ya se sabe que, como decía la señora Eustasia, quizá parafraseando a Napoleón, “hijo, la derrota es huérfana pero la victoria tiene mil padres”…

Llevo varios días leyendo, con cierto asombro, las encuestas que se están publicando donde, reiteradamente, da igual la empresa demoscópica o el medio de comunicación,  aparece un porcentaje de compatriotas, de en torno al veinticinco por ciento, a quienes, dicen que dicen, que no les gustaría que Madrid fuera la ciudad elegida. 

Con todo el respeto para las opiniones ajenas, yo sí creo que sería bueno para España. 

Unos juegos olímpicos serían un punto de inflexión, un gran empujón a la maltrecha imagen internacional de nuestra querida España, y para la autoestima de muchos españoles que hemos visto cómo en unos pocos años, y por culpa de unos dirigentes sin vergüenza, se ha evaporado el trabajo de varias generaciones, de muchos años, para que España estuviera entre los mejores países del mundo. Un refuerzo para lo que hoy se conoce con la cursi denominación de  “marca España”.

Durante varios años, antes y durante de los juegos, vendrían millones de personas y otros tantos sabrían de nosotros; quizá eso les motivaría a visitarnos, a conocernos y a descubrir a nuestra gente, nuestra riqueza cultural y artística.

Un evento mundial de estas características es una fuente extraordinaria de oportunidades, también económicas.

Inversiones en infraestructuras y todo lo que ello supondría no sólo para las grandes corporaciones, que emplean a miles de trabajadores, sino también para los cientos de miles de pequeños y medianos empresarios, autónomos, que se beneficiarían de las subcontrataciones. 

También supondría trabajo para hoteles, bares, restaurantes, medios de  transporte, etc… 

Conviene no olvidar que “detrás está la gente”, mucha gente que quizá encontraría un trabajo (estoy pensando en esos millones de españoles que andan desempleados), o tendrían la oportunidad de encontrar otro mejor.

Quizá esas personas que no quieren que Madrid sea la elegida están cegadas por su indignación. Muy legítima. Yo la comparto. Pero, una vez más, en estado de cabreo, se confunde más fácilmente la velocidad con el tocino.

A mí también me produce un cierto desazón ver las fotos de los prebostes que nos llegan desde Buenos Aires. Personajes, ellos y ellas, que están desacreditados, achicharrados, como dirigentes sociales y políticos… Pero ese es otro cantar.

Se me revuelven las entrañas de pensar que si Madrid es la ciudad elegida alguno (o alguna…) pudiera salvar su pellejo político.

Hay que saber esperar. Ya llegará la hora de ajustar cuentas, en las próximas elecciones, con nuestro voto, como personas civilizadas.

Mientras tanto, un esfuerzo por ser justos y pensar en el bien común.

Muy especialmente en esos miles de jóvenes deportistas para quienes Madrid 2020 sería una extraordinaria motivación para seguir entrenando y esforzándose por batir nuevas y mejores marcas. 

Hoy se habla mucho que nuestros deportistas tienen prestigio mundial y que, en momentos como los actuales, de vacas flacas, están siendo prácticamente los únicos que todavía despiertan simpatías, en cualquier lugar del mundo, como representantes de España.

No olvidemos que antes de Barcelona 92 nuestro deporte era de opereta, y que fue gracias a esos juegos olímpicos, y a su posterior inercia, cuando nuestro deporte nacional empezó a levantar el vuelo y ser de clase mundial.

A mí me encantaría que Madrid fuera la ciudad elegida como sede de los Juegos Olímpicos del año 2020. 

Por el bien de España. 

Ojalá que sea así. Suerte.