El arte de la convivencia.

Un ejemplo clásico, muy descriptivo. Varios erizos se encuentran, y obedeciendo al instinto natural de estar juntos para calentarse entre sí y no sufrir el frío, se estrechan unos contra otros. Pero en este momento se dan cuenta de que así cada uno pincha a los demás. Entonces se separan. Más tarde hacen un nuevo intento de acercamiento, llevados por la necesidad de huir del frío; de nuevo notan la experiencia desagradable de los pinchazos. Finalmente encuentran una distancia media: así se calentarán algo y al mismo tiempo no se pincharán. Es entonces cuando queda constituido un orden social. El respeto a las ideas ajenas siempre supone las ideas propias. Lo mejor es enemigo de lo bueno.

En España es, por desgracia, muy corriente el menosprecio, el desdén y hasta el odio hacia los que no piensan lo mismo que uno, y ésa es la causa primera de la falta de convivencia auténtica entre los españoles. Veo con desagrado cómo se están obturando posibilidades abiertas, se van exacerbando las diferencias y las pugnas de intereses, en perjuicio de todos ellos; se abre paso la mentira y se pierde todo respeto a la verdad. Se ha empezado a llamar “fascismo” a cualquier cosa. Desde-el-otro-lado, se ha generalizado el nombre “populista” o “podemita” hasta cubrir todo lo que no sea “fascista”.  Se atiende, sobre todo, a lo político; ante una persona, no se mira si es simpática o antipática, guapa o fea, inteligente o torpe, decente o turbia, sino si es de “derechas” o de “izquierdas”. El ambiente está cada vez más enrarecido: se dicen cosas atroces, absurdas, que causan vergüenza si se conserva la cabeza clara y un mínimo de decencia.

Hoy, en muchos países, está rota la unidad interior, porque algunas ideologías han roto la conciencia unitaria de la sociedad, y han producido un enfrentamiento de los ciudadanos que están enfrentados, radicalmente, porque su oposición arranca de maneras incompatibles de entender la vida. La fuerte y pertinaz proclividad de los españoles al adanismo, al gusto de comenzar algo como si en relación con lo que se hace nada se hubiese hecho o nada hubiese existido antes. La envidia. Este vicio cainita, que es la negación del diálogo, de la porosidad, de la comprensión, de la justicia y del trabajo en común, ha venido minando durante centurias las energías de nuestro pueblo. Llevamos demasiado tiempo reduciendo la ética a un casuismo farisaico y perturbador. La línea del bien es la del amor y la justicia; la línea del mal es la de la envidia y el odio. Ahí donde asoma la gratuita hostilidad hacia el otro está el máximo disolvente espiritual. Todo esto me parece lo contrario de lo que necesitamos.

Los nuevos tiempos requieren una nueva moral adecuada a los problemas de nuestra sociedad liberada-de-los-antiguos-prejuicios. Casi todo lo que se oye en muchas tertulias o predican los-influencers-de-moda es interesante para pasar el rato y diagnosticar a los protagonistas; pero no es razonable. Por miríadas se cuentan los escritores que, a pesar de su enciclopédica ignorancia y de su vaciedad especulativa, son prodigiosos artistas de la palabra. Son los especialistas de la emoción. Nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros estudios, nuestro nacimiento, nuestro estado de ánimo, nuestra propia anatomía y las presiones sociales son otras tantas tentaciones de falsificación, ceguera, desvío y error. Hay que desposeerse de lo que no es racional para la aventura del pensamiento. La vida tiene un elemento de urgencia: sobre todo, porque una demora en aclarar algunas cosas puede significar que se cierren posibilidades que condicionan lo que va a ser el mundo durante mucho tiempo. Grandes desastres de la humanidad se podrían haber evitado si se hubiese ejercitado algo más y adecuadamente el pensamiento.

Se planea, por ejemplo, cualquier reforma de nuestra Constitución. ¿Se asegura así el éxito?: de ninguna manera. Todo depende de quien la lleve a efecto. La vida tiene siempre ángulos imprevisibles, meandros incógnitos que necesitan soluciones vitales. Para vivir ampliamente, generosamente, los pueblos, como los individuos, necesitan su estilo. Quizá España necesite un nuevo contrato social. O no. O, sencillamente, baste con mejoras, con nuevas formas de hacer política, capaces de construir un proyecto que genere ilusión a la mayoría de los ciudadanos. Donde lo importante sea el contenido, el qué se hace y el cómo se hace. El deterioro de las instituciones españolas no tiene su raíz en el texto constitucional.

Siempre he creído que, si la democracia no está inspirada por el liberalismo, por la llamada a la libertad, por su constante estímulo, pierde su justificación y acaba por convertirse en un mecanismo -más poderoso que otros- de opresión. El liberalismo se inscribe en este campo del humanismo, tanto en sus concepciones primarias como en su ideología política y su teoría económica. El resultado de esta manera de entender la libertad será el exclusivo protagonismo del hombre. Frente al espíritu de conflicto preconiza el espíritu de acuerdo: interdependencia, paz y bien común. Y, en mi opinión, la gran institución vinculativa es la Patria, capaz de resolver antinomias. La democracia consiste en que las mayorías ejercen el poder, y respetan a las minorías, sobre todo el derecho a intentar convertirse en mayorías; si esto se abandona, no hay democracia.

Publicado en "Diario de León" el martes 5 de marzo del 2019: https://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/arte-convivencia_1318613.html

Mejorar la democracia.

Dicen que la mejor forma de Estado es aquella en que el pueblo se gobierna a sí mismo. Como en los grupos de muchos individuos tal autogobierno directo es irrealizable, los ciudadanos han de elegir a sus representantes por mayoría de votos; a su vez, esos diputados tomarán decisiones también por mayoría; tales decisiones serían el reflejo de la voluntad general. Este modelo puede revestir muy diversas modalidades, la dominante hoy es la partidocracia, es decir, aquella en que el sufragio es encauzado -casi exclusivamente- por los partidos. Es un sistema de gobierno en que, de vez en cuando -generalmente cada cuatro años- se permite que el electorado decida cuál de las distintas oligarquías en pugna va a gobernar. Y dichas oligarquías, que son las cúpulas de los partidos, en muchos casos, se forman por cooptación y tienden a ser cada vez más cerradas. Consecuentemente, lo de la soberanía popular y la fiel representación de la voluntad general, en muchos casos, es simple retórica, incompatible con una teoría racional del Estado.

Nos encaminamos hacia un mundo en que la demagogia será cada vez menos rentable, porque el “demos” es más capaz de pensar y de respetar a los que lo hacen con desinteresado espíritu de verdad. Hasta hace muy poco tiempo no existían los formidables medios de comunicación con que ahora contamos. Conectar con miles o millones de personas para inquirir su opinión y que miles o millones de personas conecten con los centros de decisión para hacerla llegar, conservar ordenada y operativamente infinidad de datos, y conocer, en el acto y a escala mundial, cualquier suceso, son realidades relativamente nuevas y recientes. La representación política, que nació para establecer relación entre ámbitos, esferas y personas distantes entre sí -hacer presente es representar-, y para aportar datos y aspiraciones donde correspondiera, sigue, en esencia, bajo la concepción anterior a los nuevos fenómenos de comunicación. En pocas palabras: mientras la ciencia ha revolucionado montones de cosas directamente afectantes al hecho político, las formas políticas han permanecido invariables, nadie se ha dado por aludido. No es éste un alegato contra la representación política. Nada más necesario que su existencia. Pero cabe pensar que el cambio tecnológico la ha de afectar de alguna manera en cuanto a su concepción, fines y formas.

Lo decisivo en una democracia no es tanto designar al mando cuanto fiscalizar su comportamiento. El poder tiende al cinismo, a la palmada en la espalda y a la zancadilla cuando te descuidas; zancadilla de pierna anónima, naturalmente. El ejercicio del poder con una cultura patrimonialista que se refuerza por las altas cotas de impunidad. Otorgamiento de subvenciones, selección de personal, irregularidades en contratación, financiación de los partidos políticos. Son algunas de las manifestaciones de estas prácticas. El respeto a las normas y procedimientos es un cauce para fortalecer la calidad democrática y devolver la confianza a los ciudadanos en el sistema político. Se intentaría evitar así la formación de una élite política desvinculada de los intereses y de la realidad de la sociedad a la que representa, una verdadera “clase política” en donde sus miembros empiezan desde su juventud a depender económicamente de su cargo político, con las consecuencias que todo ello acarrea.

La calidad democrática debe comprender un enfoque amplio, que incluye no solo controles electorales y del poder político, sino también los objetivos y resultados concretos que advienen de un modelo político democrático, los cuales envuelven la igualdad socioeconómica, el bienestar y la justicia social, entre otros elementos que posibilitan el desarrollo de los niveles de vida de los ciudadanos y traducen la idea de un verdadero buen gobierno. Iniciativas dirigidas a conseguir más inteligibilidad del proceso político, más transparencia y participación o más responsabilidad y rendimiento de cuentas. Analizar la calidad de la representación implica, también, discutir sobre el sistema electoral que da lugar a una mejor representación de los ciudadanos (proporcional o mayoritario), el tipo de circunscripción (distritos, provincial, autonómica, nacional…), la forma de presentar las candidaturas (cerradas, bloqueadas o no…), qué rasgos sociales deben reflejar (sexo, territorio, etnia, clase, etc.), cuál es el apoyo que legitima para ser representante, o de qué forma pueden los representados controlar la actividad de los representantes durante su mandato.

La descentralización del poder político no conlleva más democracia, pero si puede incrementar la calidad en su ejercicio: cuanto más cercana sea a la ciudadanía la instancia que ejerce el poder de decisión, se genera un mayor apego ciudadano y es mejor valorado por los mismos. Y es así porque sus decisiones van a estar muy pegadas a los problemas reales que vive la ciudadanía. El poder político autonómico tenía una gran oportunidad de construir unas administraciones modernas, eficaces y cercanas a los ciudadanos. Es cierto que consiguieron frutos importantes, muy especialmente en los primeros años de desarrollo del Estado de las Autonomías. Pero también lo es que la apuesta final no ha sido, en general, por la eficacia, la profesionalidad y la solidez. Ha dominado el interés político de disponer de estructuras-administrativas-acomodaticias.

Una convicción muy arraigada: que la democracia solo es fecunda cuando está inspirada en el liberalismo, es decir, por la decisión de tener en cuenta a los demás. El ejercicio del poder, logrado democráticamente, es legítimo, pero puede llevar fácilmente a la prepotencia -abuso del poder y alarde de él- y convertirse así en un modo de opresión legal, lo cual es grave, porque desvirtúa el principio vivificador de la democracia misma.

Publicado en "Diario de León" el viernes 22 de febrero del 2019: https://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mejorar-democracia_1315845.html

Cultura del acuerdo.

Hace unos días, Miguel Roca Junyent, llamaba la atención sobre el desgaste de las instituciones como consecuencia de un mal estilo de la acción política. Descalificaciones, insultos, acusaciones. La mala praxis ha llegado al punto de que los propios protagonistas han reclamado amparo ante las descalificaciones recibidas, olvidándose de las que ellos han pronunciado dirigidas a sus oponentes: todo el mundo parece estar en contra de este estilo, pero nadie cree que lo practique. Las palabras hacen daño y están en el origen de problemas que, en muchos casos, no se resolverán precisamente porque la memoria no las olvida. La visceralidad no es nunca una buena compañera de viaje. Se tienen motivos para estar irritados. O angustiados. O preocupados. O comprometidos con causas máximas y exigentes. Pero no ganará nadie en autoridad moral ni tendrá más razón por hacer de la descalificación y el insulto la herramienta ordinaria de su combate. Algunos exponentes de la bambolla parlamentaria deben pensar que gritando sus soflamas ganarán en razón. Pues no, habría que decirles: baja el tono de tu voz y mejora los argumentos. 

La polémica y el silencio, dos maneras de luchar en el combate de las ideas. Es absurdo creer que la libertad de expresión lo ampara todo; o, incluso, podríamos decir que en el supuesto de que fuera verdad -que lo amparara todo-, no está escrito en ningún lugar que la libertad de expresión no esté obligada a respetar la dignidad del adversario y de la institución escenario del debate. A veces hay silencios que tienen más fuerza que un grito. O palabras pensadas y reflexivas que caen como puños, renunciando al refugio huidizo del insulto. Dejemos esto para los totalitarismos de los que queremos escapar, para cobijarnos en el combate apasionado pero contundente, sereno y constructivo, de las ideas ganadoras. Brillantes argumentos de autoridad, de uno de los padres de nuestra Constitución.

A mí, el grito me parece una forma de expresión primitiva que debe ser proscrita. Y lo está por los usos en las sociedades más evolucionadas. El grito es anti intelectual. ¿Quién puede imaginarse a Sócrates dando voces? Hoy la civilización es una lucha contra el ruido. La algarabía es barbarie, confusión del argumento con la fuerza, y más un desahogo zoológico que un comportamiento racional. Son cosas del todo ajenas a la buena y sana política. Nos queda mucho por hacer. Unos con actividad política directa, y otros sencillamente en cuanto ciudadanos, todos tenemos deberes y derechos cívicos que son indeclinables: racionalizar la vida, y muy especialmente la política, una realidad todavía caóticamente enturbiada por el tráfago de las ideologías, los resentimientos, los mitos, las pseudo profecías y las pasiones. No cultivemos la insensatez, sino la cordura. Hay que estar dispuestos a pactar con los que piensan distinto. Considerar los costes del desacuerdo nos debiera impulsar a trabajar juntos.

La idea de la política como diálogo y la negociación como método de trabajo. Política de problemas reales, podría ser el lema. No es tiempo para discusiones sobre formas puras, más que en la medida en que las formas sean cara externa de los concretos contenidos. Y éstos no pueden quedar en segundo plano, velados en la oscuridad, tapados por el brillo de las formas exteriores. Huyamos de la tentación de “atrincherarnos”. Se hace urgente reiterar con nuevo lenguaje las razones para un proyecto sugestivo de vida en común. Sumar a todo trance y no dividir. Buscar lo que une antes de fijarse y hurgar en lo que nos separa. Coordinar los esfuerzos afines hasta donde sea posible. Y esto sin ceder en lo esencial, sin pactar alianzas corrosivas, sin traicionar por malicia, por ingenuidad, por error, o por torpeza. Política organizada y desarrollada con sentido de la realidad, con conocimiento concreto de los problemas a resolver y de las efectivas condiciones en que se encuentra el lugar donde la actuación ha de realizarse, y de los elementos -tanto personales como materiales- con que se cuenta.

Y un elemento decisivo, tan ligado a la esperanza que casi se confunde con ella, que en rigor la hace posible: la ilusión. El escepticismo es una técnica de ocultación de sí mismo y del mundo. Vivimos una desconcertante etapa de destrucción de mentiras. Inmersos en una cultura con demasiadas verdades inanes, o de pura pirotecnia mental. Toda gran política exige inexorablemente un alto pensamiento que la respalde, oriente y condicione cuando se queda encerrada en la apetencia inmediata, la especulación superficial y el oportunismo. Convencidos de que sólo unas políticas auténticamente humanas -es decir, pensadas y realizadas a imagen del hombre- pueden procurarnos una sociedad más digna y más justa. 

Volver a poner un poco de gracia en nuestras vidas funcionales, algo de decoración en nuestros edificios, algún encanto en nuestras ciudades catastradas y, sobre todo, algo humano en lo social, ¿no creéis que ése sería también un buen medio de darles a los hombres un poco de alegría, de felicidad y de amor? ¿Pues qué ha hecho el hombre para superar el instinto del animal, para humanizar el amor? Lo ha recubierto de estética; le ha dado un lenguaje, gestos, adornos, símbolos y ritos. Toda cultura crea valores, cuya conservación y transmisión necesarias crean tradiciones. Afortunadamente, todavía nos queda la Navidad.

Publicado en "Diario de León" el martes 4 de diciembre del 2018: https://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/cultura-acuerdo_1297169.html

Amo a España.

La España moderna y contemporánea ha sido objeto de muy mal trato historiográfico: algunos se han solido ocupar de nuestro pasado con una extraña mezcla de resentimiento y desprecio que ha dado lugar, entre otras cosas, a la llamada “leyenda negra”. No conozco ningún otro país en tan desfavorable situación historiográfica. Es una corriente que tiene remotos precedentes en la psicología hispana, pero que sólo adquiere volumen y carta de naturaleza a partir del siglo XIX. Durante demasiado tiempo ha sido de buen tono decir pestes del propio país. Esto es lo grave de este asunto: no su aparición aislada, sino su elevación a norma y a uso social. Es un talante acongojado y pesimista el que late bajo todo esto.

Una cosa es el enérgico propósito de perfeccionamiento colectivo, y otra el morboso regodeo, o el distanciamiento insolidario ante los males nacionales. Algunos llevan sobre los hombros la carga de un insoportable complejo de inferioridad. La ignorancia histórica es la causa de un incalculable número de errores y de la mayor parte de los abatimientos y desánimos; por eso la fomentan los que quieren desmoralizar a los pueblos y dejarlos indefensos y manejables. España no-es-cualquier-cosa. Sino un país que ha dado no pocas pautas al mundo y ha contribuido enérgicamente a hacerlo. Es allende los mares donde se adquiere conciencia de la gigantesca obra de España. En América, Asia y África fuimos el brazo del mundo civilizado. Y, en muchas ocasiones, desde aquí. Para quienes somos aficionados a la historia, hay nombres como, por ejemplo, Oviedo, Astorga, León, Benavente, Salamanca, Tordesillas, Toro, Simancas o Medina del Campo, que nos suenan no a ciudades concretas, sino a acontecimientos. Son nombres más históricos que geográficos. Ciudades que dejaron huella. El desconocimiento o el olvido -o la deformación- de la historia impiden ver realmente lo que se tiene delante, lo que se cree ver; esto esteriliza gran parte de los viajes, tan frecuentes en nuestro tiempo, del turismo. Viajes inútiles. La ignorancia es mucho más destructora de lo que se piensa.

Porque la patria no es sólo un contenido geográfico, o una solidaridad sentimental con los muertos y con los que en el porvenir han de vivir sobre esta tierra nuestra, sino que es también -y fundamentalmente- una tradición de cultura, una armónica continuidad, que resulta por definición algo unitario. Una cultura es una forma de vida. Amo a España, pero no me gusta lo que barrunto. España está en una grave encrucijada: si mantiene la misma mentalidad que en los últimos años, su aventura histórica está tocando a su fin. Si no encuentra otro estilo de pensar, no podrá mantener su estilo de vivir. Es respecto al modo de aplicación de los principios en lo que puede surgir más fácilmente la confusión, el error, el desacierto, bien por las debilidades y pasiones de los hombres, o bien por la falta de criterio y de ideas claras, tan frecuente en las gentes que no tienen una muy segura formación. Los egoísmos nacionales -caricatura del verdadero patriotismo- son causantes de las guerras y del cruel olvido de los pueblos. Es inquietante el resurgimiento de la vieja tentación española de los “reinos de taifas”, del particularismo y la insolidaridad. Aquí la imagen del mal se disimula con docenas de explicaciones tan incompletas como insensatas. 

Reflexionemos sobre esta trágica situación para no repetirla. Se comienza perdiendo la batalla de las ideas. En política, lo mismo que en cualquier otra actividad noble, las cosas empiezan en la cabeza de un pensador. Cuando pasen unos años y se pueda examinar con perspectiva y objetividad el momento cultural español, se encontrará ridículo ese tono engolado y magistral con el que hoy necesitan encubrir la estrechez de su pensamiento quienes pretenden hacerse pasar como exclusivos definidores de la realidad. Estoy aburrido de tanto mirar hacia atrás. No es posible caminar con desenvoltura y con garbo llevando vuelta la cabeza. Creo que todos los males de nuestro pueblo nacen de su escaso nivel lógico, de su proclividad a comportarse movido por la pasión y no por la razón. Esta es la clave, y no me cansaré de insistir en ella. No cultivemos la insensatez, sino la cordura. 

Amo a España, aunque no-me-gusta-como-caza-la-perra. Las ideologías políticas contemporáneas, aunque no siempre lo proclamen explícitamente, tratan de imponer una especie de culpa o mala conciencia a los discrepantes. Siempre me parecerá poco cuanto se diga contra el irracionalismo, permanente tentación zoológica de la especie humana. Pero no soy pesimista, porque estoy convencido de las inmensas posibilidades de perfeccionamiento que poseemos las personas. Salir al encuentro de los problemas es una manifestación de esperanza. Asumo con todas sus consecuencias la herencia nacional, avergonzado de sus flaquezas y orgulloso de todas sus glorias. Debemos asumir el pasado de España como asumimos nuestra genealogía, con orgullo crítico y optimismo creador. Debemos intentar el conocimiento de los hechos sin destrozarlos con nuestros apriorismos. Debemos amar a la patria como parte de nuestro mundo, sin angustias vitales. El día en que nos rasguemos las vestiduras no ante las flaquezas de la naturaleza caída, sino ante la intención aviesa, la resentida envidia y la falta de caridad, habremos atajado la auténtica causa de nuestra secular decadencia moral.

Publicado en "Diario de León" el jueves 23 de noviembre del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/amo-espana_1294278.html

Dar buen ejemplo.

El intercambio de bienes y servicios, desde las simples formas del trueque hasta los sofisticados mercados, se sostiene por el respeto a las leyes y por el cumplimiento de nuestros compromisos, en las organizaciones, habitualmente, en forma de contratos. Voluntaria o involuntariamente, todos estamos expuestos a perjudicar a los demás en su persona, en su propiedad, en sus expectativas. Y esto, en lo poco o en lo mucho, en transacciones comerciales o en las mil circunstancias de la vida ordinaria. El restablecimiento de la equidad violada no es solamente un problema jurídico. Es una exigencia de nuestra naturaleza humana ante el mal cometido. En la cultura occidental el tema de la restitución siempre ha sido un componente esencial de la ética que sustenta la convivencia humana. Restituir no está pasado de moda.

El verdadero desarrollo económico se fundamenta en algunas virtudes básicas de sus actores que, a veces, se dan por supuestas. Una de estas virtudes es la honradez. Las transacciones se hacen más atractivas y más viables en la medida en que se tenga la seguridad del cumplimiento de la palabra dada. La honradez tiene que ver con el honor, que se fundamenta en la conciencia de las personas. Porque la falta de honradez afecta, antes que nada, a la propia dignidad. En definitiva, es la persona quien no se permite -a sí misma- no esforzarse por cumplir los propios compromisos. El prestigio es clave en los negocios, y nada mejor que distinguirse por cumplir los acuerdos. No basta con estar atentos a las innovaciones técnicas y descuidar la educación de las personas que colaboran en una empresa común, o si se considera la ética como irrelevante o únicamente un asunto privado. Una práctica tan poco común como valorada por quienes conocen los beneficios de una relación sincera, leal y constructiva, es decir lo que uno piensa a las personas con quienes nos relacionamos, y no lo que ellas quieren escuchar.

La honradez paga buenos dividendos y fortalece la posición de mercado de quien la practica porque le favorece con nuevas y buenas oportunidades de negocio. Los dirigentes deben dar el ejemplo, un buen ejemplo. La ética no se enseña, pero sí hay guías de comportamiento y actitudes que parten del ejemplo de quienes tienen la responsabilidad de dirigir. Si los modelos son malos, cada uno hará de su capa un sayo… La ejemplaridad no es una mera línea de actuación, sino que es una condición necesaria para aplicar cualquier otra. La ejemplaridad es lo que otorga autoridad al líder, siendo, a su vez, la que genera la fuerza del liderazgo. Cuanto mayor sea la autoridad del líder, mayor será su calidad como directivo. La ética no se proclama, se practica. Muchas empresas no tienen reglas escritas. La ética se transmite con buenos ejemplos y buenas prácticas. Colaboradores compensados con justicia. Políticas que faciliten su desarrollo. Buena comunicación: institucionalizar momentos para que tu gente pueda decir -sin miedo a represalias- lo que piensa, se sienta escuchada. Garantizar a los clientes que los productos y servicios no atentan contra su salud y seguridad. Cuidar la calidad. Cobrar precios justos. Evitar el abuso de poder al tratar con empresas proveedoras con menor capacidad de negociación. No aceptar regalos de clientes y proveedores. No recurrir a la compra de voluntades de las autoridades a través de pagos, comisiones o regalos. Cuidar el impacto ecológico de la actividad de la empresa. Etc. etc. y etc. La ética no sólo afecta a lo económico. Sería un reduccionismo. La ética exige reconocer los derechos que todas las personas tenemos por el hecho de ser personas. Son los derechos humanos. 

La ética como una ventaja competitiva a considerar. Existe un amplio consenso al afirmar que las crisis se han producido por una combinación de desenfoques y errores técnicos, y de faltas éticas. Una crisis es siempre una ocasión de revisión y mejora que no puede ser desaprovechada. En este sentido hay que tener en cuenta un peligro, nacido de la inercia, del miedo al cambio y de los intereses particulares en juego: tratar de volver cuanto antes a la situación anterior, como si nada hubiera pasado. Este riesgo está mucho más extendido de lo que pensamos y puede limitar en gran medida la oportunidad de mejora. Nuestro mundo, en el que todas las personas buscamos vivir con dignidad y paz, está sometido a mecanismos que generan desigualdades graves entre personas, regiones y países; a una lucha constante por mantener ventajas competitivas frente a otros; al afán de poder económico y político; a una cultura de “suma cero”, en la que no todos salen ganando, sino que unos ganan a cuenta de lo que otros pierden. Más allá de que se puedan -y deban- aplicar medidas técnicas y políticas, la superación de los obstáculos mayores se obtendrá gracias a decisiones esencialmente éticas. En fin, esto, lejos de constituir una visión amarga de la realidad, es un principio básico para construir una mejor sociedad, sobre la base de la solidaridad, del respeto a las personas. Las personas primero, siempre.

Publicado en "Diario de León" el lunes 12 de noviembre del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/dar-buen-ejemplo_1291641.html

El impuesto sobre las hipotecas.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre el recurso de casación interpuesto por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de fecha 19 de junio de 2017, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario, sentencia que se casa y anula. También estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta misma Empresa contra la resolución del Tribunal Económico-Regional de Madrid de fecha 31 de mayo de 2016, que desestimó la reclamación económico-administrativa deducida frente al acuerdo de la Oficina Técnica de la Inspección de los Tributos de la Comunidad de Madrid que practicó la liquidación correspondiente al impuesto sobre actos jurídicos documentados, respecto de la escritura de constitución del préstamo con garantía hipotecaria, declarando la nulidad de tales resoluciones (de la Oficina y del TEAR) por su disconformidad con el ordenamiento jurídico. Y, por último, anula el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo, por cuanto que la expresión que contiene (“cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”) es contraria a la ley.

En síntesis, el Tribunal Supremo fija como nuevo criterio interpretativo que, en estos casos, el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentados es el acreedor hipotecario, no el prestatario. Y destaca que tal decisión supone acoger un criterio contrario al sostenido por la jurisprudencia de esta Sala hasta la fecha, pero entiende que debe corregirla porque considera que el obligado al pago del tributo en estos casos es el acreedor hipotecario, sujeto en cuyo interés se documenta en instrumento público el préstamo que ha concedido y la hipoteca que se ha constituido en garantía de su devolución.

El hecho de ser la hipoteca un derecho real de constitución registral la sitúa, claramente, como negocio principal a efectos tributarios en las escrituras públicas en las que se documentan préstamos con garantía hipotecaria, pues el único extremo que hace que el citado acto jurídico complejo se someta al impuesto sobre actos jurídicos documentados es que el mismo es inscribible, siendo así que, en los dos negocios que integran aquel acto, solo la hipoteca lo es. El Tribunal Supremo reconoce que nos encontramos ante un negocio complejo con dificultades para determinar con seguridad quién sea la persona del “adquirente”. Lo resuelve a través de la figura del “interesado”. Desde esta perspectiva, según el criterio del Tribunal Supremo, no cabe la menor duda de que el beneficiario no es otro que el acreedor hipotecario, pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos. Solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca (el elemento determinante de la sujeción al impuesto que analizamos), pues ésta carece de eficacia alguna sin la incorporación del título al Registro de la Propiedad.

Por otra parte, en relación con la cuestión relativa al sujeto pasivo del tributo, la Empresa alegó que exigir el impuesto al deudor hipotecario iría en contra de toda la normativa proteccionista de los deudores hipotecarios que existe a nivel de la Unión Europea, a cuyo efecto menciona la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 que consideró que la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese, de manera que una cláusula en la que se traslade el tributo a la otra parte contratante resulta abusiva. Además, en mi opinión, la protección del prestatario, especialmente si es consumidor, es considerado por el artículo 51 de nuestra Constitución como un principio rector de la política social y económica. El consumidor se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en la capacidad de negociación como en la información que maneja cada una de las partes (“asimetría informativa”), lo que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas por el profesional, sin poder influir en el contenido de éstas: auténticas “lentejas” …

Bien, pero qué hacer si me encuentro en esta situación: solicitar la devolución. Ahora bien, tengamos en cuenta que, en ocasiones, algunos bancos actúan con displicencia o prepotencia ante las reclamaciones de sus clientes, no las responden o lo hacen a través de una carta tipo en la que te agradecen y dicen que-lo-van-a-ver… Distinta es la atención y el trato cuando la reclamación se presenta, mediante asistencia letrada, advirtiendo de que en caso de no recibirse respuesta satisfactoria trasladará su escrito al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España o se presentará una demanda ante los tribunales de justicia. En estos casos, suelen correr y volar, llaman al cliente e intentan un acuerdo antes de que se abra el correspondiente expediente administrativo o se inicie el proceso judicial. Los asesoramientos de “cuñados” y de “lo-leí-en-internet” suelen terminar mal, muy mal. Sólo un abogado puede ofrecer, en estos casos, un asesoramiento rápido y eficaz, profesional. Así que: mejor con su abogado.

Publicado en "Diario de León" el jueves 25 de octubre del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/impuesto-hipotecas_1286995.html

El lenguaje oculto de las encuestas.

Los fines de semana suelen ser tiempo de encuestas, y más en un año tan preelectoral. Así que paciencia con los artesanos del arte de predecir. Dos comentarios: uno, quien-paga-manda; y dos, repasemos quién acertó y quién no -y por cuánta diferencia- en las encuestas previas, por ejemplo, en las últimas elecciones generales. En el año 1986, año en que los españoles dijeron sí al ingreso de España en la OTAN, los publicistas acuñaron la expresión “efecto calzoncillo” para designar una curiosa perversión de las encuestas (y corregir así sus correspondientes estudios de mercado): los consumidores nunca dicen la verdad sobre sus hábitos de higiene, su sexualidad o sus predilecciones políticas. “¿Cuántas veces se cambia usted de calzoncillos?” “Todos los días”, responde con "seguridad" el-españolito-de-a-pie.  Pues eso, cada vez que hay elecciones, en mayor o menor medida, vuelve a funcionar el “efecto calzoncillo”. Los gurús de la demoscopia lo suelen tener en cuenta al hacer sus previsiones. Hay votantes -dicen- que incluso después de haber depositado sus papeletas mienten sobre el partido elegido, en las encuestas a pie de urna o israelitas.

Pensando sobre este asunto me acordé del libro de Huff “Cómo mentir con estadísticas”. Darrel Huff (1913-2001) fue un prolífico escritor estadounidense que también trabajó como editor en algunas revistas. En 1954 publicó su mayor éxito, “Cómo mentir con estadísticas”, traducido a más de veinte lenguas y que se ha convertido en uno de los libros más vendidos sobre estos asuntos. Lo he vuelto a releer y, en efecto, este libro es un manual sobre cómo se pueden utilizar las estadísticas -las encuestas- para engañar. Lo que este libro, escrito con ingenio y humor, nos ofrece es un curso de sentido común para aprender a descubrir los ardides con que cada día pretenden engañarnos, manipulando cifras y gráficas, los medios de comunicación, los políticos, la publicidad… Lo que aquí se nos cuenta -el lenguaje secreto de las estadísticas- aunque pueda resultar divertido conviene tomárselo en serio, porque, como nos dice el autor, “los desaprensivos ya conocen estos trucos; los hombres honrados deben aprenderlos en defensa propia”. El “efecto calzoncillo” o el lenguaje oculto de las encuestas.

Un país marcha bien cuando los partidos son por lo menos -en cierta medida- intercambiables, cuando coinciden en una amplia zona, y difieren en cuestiones que no afectan a la idea misma del país y de su proyecto global. Una mayoría razonable y no polarizada, que desea vivir y convivir. Quizá por mis ideas sobre lo humano, la polarización me produce repugnancia, sea cual sea su origen, y he intentado no caer en ella. Se piensa, antes que en las personas y en su verdadera condición, en los rótulos o etiquetas; de esta manera, las conductas se automatizan, y en lugar de depender de lo que se ve, de lo existente, responden a un estímulo, en gran parte nominal, y se disparan. Una nomenclatura que deforma la realidad, que la falsea. Con resultado múltiple: acentua la oposición, elimina en el vocabulario político lo que no es ni una cosa ni otra, y que es precisamente la mayoría; introduce un lenguaje peyorativo que suscita la hostilidad y corta puentes para el arreglo y la convivencia. Creo que las consecuencias están siendo más graves de lo que, en un primer instante, pudo parecer. El sueño de la razón produce monstruos; el de la distancia también los produce. Los extremistas suponen un freno para la convivencia.

La ignorancia es mucho más destructora de lo que se piensa. El cambio político ha sido consecuencia de ciertas variaciones previas de lo social, que algunos políticos avisados aprovechan. La ignorancia histórica es la causa de un incalculable número de errores y de la mayor parte de los abatimientos y desánimos; por eso la fomentan los que quieren desmoralizar a los pueblos y dejarlos indefensos y manejables. Lo único verdaderamente grave es la tentación de responder a la intolerancia con intolerancia, de copiar al adversario haciéndose como él, dándole de este modo una victoria gratuita. El único peligro verdadero que corre la democracia es que los demócratas dejen de serlo.

Llevamos decenios oyendo la monótona cantinela de los “errores” y “fracasos” del liberalismo. Pero dígase si alguna forma de convivencia ha tenido -a pesar de sus miserias- menos fracasos y más éxitos que el liberalismo; dígase si no son los países que le han permanecido sustancialmente fieles aquellos en que se ha unido más regularmente la prosperidad y la dignidad, los que nunca se han sumido en la catástrofe ni en la abyección. No puede sorprender que el liberalismo sea frecuentemente odiado: lo aborrecen y temen todos los que desprecian al hombre. Yo quiero, como el que más, cambiar: pero no por cualquier cosa. Quiero otra cosa, pero no otra cosa cualquiera: quiero un cambio a mejor.

Publicado en "Diario de León" el martes 2 de octubre del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/lenguaje-oculto-encuestas_1281109.html

Mejorar la política.

Hambre de realidad. El hombre de hoy, como el hombre de siempre, exige metas claras tras los alegres clarines. Caminos rectos, fáciles, empinados, de llanada o de sierra, como sean: pero conocidos y que lleven a alguna parte. Exige también ejemplaridad y sinceridad a los guías, conductas que respalden la promesa, garantías morales de que la empresa común es realizable y de que todos vamos derechamente a realizarla. Quiere no sólo palabras, sino, sobre todo, realidades. Otras cuestiones que son igualmente decisivas para evaluar la calidad de la democracia: el determinante papel que juegan en la vida pública los partidos políticos, el modo de elaboración de las normas, los medios de participación de que disponen los ciudadanos en los procesos de toma de las decisiones públicas, o, en fin, la necesaria transparencia de la actuación pública y su correspondiente rendición de cuentas. Aquí-está-la-clave. Estas cuestiones afectan directamente al funcionamiento interno de los partidos políticos, un asunto que más preocupación e interés ha suscitado en el conjunto de la discusión sobre las posibles mejoras del funcionamiento del sistema democrático.

Nuestro modelo electoral descansa en un sistema de listas cerradas y bloqueadas. El partido designa a los integrantes de esa lista y determina el orden invariable en el que figuran en la misma y los ciudadanos solo pueden elegir -o no- una lista en su conjunto. Este sistema otorga un poder a los órganos directivos de los partidos, que difícilmente puede conciliarse con un funcionamiento verdaderamente democrático. Sería mucho mejor un sistema de elecciones primarias para la elección de candidatos, y listas desbloqueadas con voto preferente. Medidas que ayudarían a personalizar la representación política y a disminuir el dominio de las élites sobre el partido. Estas medidas facilitarían un cambio de actitud de los representantes capaz de erradicar determinadas prácticas y, sobre todo, de ejercer su representación conforme a los intereses de la ciudadanía que los elige y no del partido que los designa.

Los tiempos en los que la democracia representativa se satisfacía solo con la existencia de unas elecciones periódicas y una cierta rendición de cuentas han quedado en el pasado. La representación democrática, por tanto, debe concebirse como un complejo proceso político que permite al pueblo soberano actuar más allá de su participación en el acto formal de la autorización electoral. De esta forma la calidad del sistema representativo dependerá también de la calidad de las distintas formas de participación ciudadana que incorpora: el voto para elegir representantes institucionales; la movilización a través de asociaciones; la participación en la esfera pública, etc., así como la calidad de la deliberación pública a que den lugar.

Los partidos no sobran, pero su protagonismo en el proceso político y el abuso de su posición dominante generan una extendida y doble preocupación. Debido a las funciones que desempeñan, el grado de democracia en los partidos, la calidad en el proceso de selección de sus líderes y su forma de sostenerse económicamente afectan al funcionamiento democrático del Estado e inciden en la calidad y legitimidad de sus instituciones. La historia de los partidos en estos aspectos resulta, en ocasiones, escandalosa…; y la falta de democracia interna y su financiación irregular suscitan el rechazo ciudadano. La corrupción como uno de los factores más corrosivos de la confianza de los ciudadanos en la política. La financiación de los partidos es, de forma recurrente, fuente de problemas, si no, directamente, de corrupción. Una materia que durante muchos años tuvo una muy deficiente legislación, que sólo fue corregida -tímidamente- cuando los peores escándalos ya habían estallado.

La debilidad del sistema de controles y la tardanza en responder. La no asunción de responsabilidades políticas. Irresponsabilidad entendida como ausencia de sanción, ausencia de consecuencias para comportamientos objetivamente perjudiciales para los intereses públicos. Nunca-pasa-nada: nunca hay consecuencias para el responsable. Comportamientos que sin ser ilícitos son, objetivamente, gravosos, perjudiciales, para la comunidad. Por ejemplo, una desviación muy significativa en relación con el coste de una obra pública. O infraestructuras innecesarias o inviables, por ser imposibles de mantener. Malas-gestiones-y-más. Supuestos que exigen una sanción tanto por la credibilidad de la política entre la ciudadanía como por la propia necesaria calidad de ésta. Y una sanción que, por supuesto, no tiene que ser penal. Ni siquiera administrativa. Uno de los problemas recurrentes de la democracia española es identificar responsabilidad política con responsabilidad penal. El mal hacer: el político, el gestor público, puede ser responsable por un mero error. Es más, lo habitual es que mayoritariamente sea responsable por error. El delito necesariamente ha de ser excepcional, una anomalía, enfermedad, del sistema. El mal hacer tiene que tener consecuencias, básicamente, la dimisión o cese del responsable.

Criticable es asimismo la tendencia de los partidos a la ocupación de todos los resortes del poder mediante una constante labor de colonización de instituciones que debieran estar a salvo de las injerencias y la penetración partidista, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o los órganos reguladores. Y ello porque son instituciones esenciales en el funcionamiento regular del Estado de Derecho, de cuyo prestigio e imparcialidad depende en gran medida la legitimidad de todo el sistema.

Publicado en "Diario de León" el miércoles 19 de septiembre del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mejorar-politica_1277822.html

A favor de la presunción de inocencia.

Wikipedia nos recuerda que el principio de presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. La presunción de inocencia en España está recogida en el artículo 24.2 de la Constitución Española. En palabras de nuestro Tribunal Supremo, ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata. Por lo tanto, a toda persona se le presume su inocencia tras una acusación hasta que no quede demostrada su culpabilidad. Quien acusa tiene que demostrar la culpabilidad del acusado y por tanto el acusado no tiene que demostrar su inocencia, ya que de ella se parte. La carga de la prueba es así de quien acusa.

La corrupción es una de las principales preocupaciones de los españoles. Se trata de un problema de especial gravedad, pues no tiene consecuencias únicamente sobre la eficiencia de las Administraciones Públicas ni supone, simplemente, un perjuicio económico a las arcas del Estado. La corrupción es un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia. Lo extendido de las prácticas fraudulentas en el seno de los partidos políticos y los organismos públicos ha generado no solo el rechazo de los ciudadanos, sino que ha contribuido al desprestigio de nuestras instituciones. El mantenimiento de personas imputadas en listas electorales y en cargos públicos, o el uso clientelar que, en ocasiones, los partidos han hecho de los fondos y los nombramientos en la Administración, han generado la percepción de que en España la corrupción goza de cierta impunidad o no se persigue con el ahínco que debiera. Del mismo modo, los ciudadanos tienen la impresión de que el principio de igualdad ante la ley que establece nuestra Constitución no es respetado en la práctica.

Todas estas reflexiones se encuentran en la Exposición de Motivos de la proposición de Ley de Lucha contra la Corrupción que Ciudadanos registró, en el Congreso de los Diputados, en septiembre del 2016, y que fue defendida -con su habitual brillantez- por Albert Rivera, en febrero del 2017. Una mayor transparencia lleva aparejada una mayor exigencia de ejemplaridad y de rendir cuentas ante los ciudadanos, y de este modo se fomenta la responsabilidad de nuestros políticos y cargos públicos. Así y con el objetivo de fomentar la integridad de nuestros representantes públicos, se propuso la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con el fin de impedir que quienes han sido encausados judicialmente o condenados por su implicación en procesos relacionados con la corrupción, así como por otros delitos castigados con penas graves, puedan formar parte de las listas electorales, y por tanto, concurrir a unas elecciones con el fin de ostentar un mandato representativo. Las listas electorales con las que los partidos concurren a las elecciones deben estar libres de candidatos sobre los que exista la certeza o la sospecha justificada de que puedan haber incurrido en prácticas delictivas de especial gravedad. Asimismo, en virtud del artículo 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que tiene carácter básico, las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad, por lo que la prevención establecida en el párrafo anterior sería igualmente de aplicación a todos los cargos electos en ejercicio, incluidos los miembros de las Corporaciones Locales. En consecuencia, todos ellos automáticamente perderían su condición por incompatibilidad sobrevenida cuando fuesen encausados judicialmente, desde que fuese firme la resolución que dictase la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que el proceso judicial se resolviese por todos sus trámites, incidentes y recursos.

Esta medida, en todo caso, no vulnera el principio de presunción de inocencia, que se respeta a lo largo de todo el proceso. Ni el encausamiento judicial presume culpabilidad ni el cese en las funciones de un cargo público conlleva asumir la pena derivada del delito. No obstante, desde el momento en que el juez ha abierto juicio oral contra el encausado, existe una resolución motivada que apunta fundadamente a la comisión de un delito. Llegados a este punto, la exigencia de responsabilidad a nuestros representantes no puede limitarse a la tipificada en el Código Penal. La singularidad de la actividad pública requiere una exigencia de responsabilidad política y ejemplaridad pública.

Sin embargo, someter la responsabilidad política -únicamente- a la mera investigación (imputación) judicial es en sí mismo un elemento de corrupción de la política, que hace tabla rasa de la presunción de inocencia y convierte a la Justicia en un instrumento para la acción de los partidos contra sus enemigos (internos o externos), o, todavía peor, para la-injusticia-de-los-justicieros…Este desorden termina siendo, también, en demasiados casos, un atentado contra el honor. Las personas tienen una dignidad que es imperativo respetar: siempre y en cualesquiera circunstancias. Las personas tienen familia (pareja, hijos, padres…) y amigos que sufren -injustamente- con estos juicios paralelos: “corrupto”, “sinvergüenza”, “hideputa”… En un Estado de Derecho, la Justicia es una, imparcial e independiente: sólo sometida a la Constitución y a las Leyes. Y tiene sus tiempos: plazos. Todo lo demás son excreciones de la mala política.

Publicado en "Diario de León" el miércoles 15 de agosto del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/favor-presuncion-inocencia_1270165.html

España sin barreras.

En los últimos años, el funcionamiento de las democracias en muchos países occidentales ha experimentado un creciente proceso de deslegitimación que afecta especialmente a sus instituciones representativas. Este impacto de la pérdida de legitimidad del paradigma representativo se ha sentido especialmente en las instituciones de los diferentes niveles de gobierno. Son muchos los estudios que inciden en la relación positiva existente entre la descentralización del poder y la calidad democrática de las sociedades, al atribuirse en términos generales a esa descentralización una mayor eficiencia en la organización administrativa, considerando igualmente la división vertical de poder como un garante adicional de la protección del individuo ante abusos de poder. En la práctica, la experiencia comparada muestra que todos los países políticamente descentralizados tienen un sistema político democrático mientras en los países autoritarios tiende a suprimirse la autonomía regional, así como la separación de poderes. 

Eso no quiere decir, como resulta evidente, que no pueda haber, como de hecho los hay, Estados unitarios o fuertemente centralizados, que sean perfectamente democráticos: el ejemplo de Francia es paradigmático. Ahora bien, lo que cuesta mucho más es encontrar un Estado autoritario o totalitario (no democrático) en el que exista una verdadera -no solo aparente- división vertical del poder. Sobre estos asuntos acabo de leer el libro “Calidad democrática y organización territorial” (Editorial Marcial Pons) que recoge algunos de los trabajos presentados en el congreso internacional celebrado el año pasado en el Centro Asociado de la UNED-Calatayud. Esta publicación parte de este debate y pretende analizar el rendimiento de las instituciones democráticas en los Estados, su regulación y las formas de interacción entre los diferentes niveles de gobierno.

Quienes discrepamos de la actual configuración del sistema de ordenación territorial no somos, sin más, unos retrógrados centralistas. Las posiciones críticas tienen, en la mayoría de los casos, unos fundamentos que conviene conocer y debatir. El gran problema de los separatismos y nacionalismos exacerbados tiene su origen en la introducción del término “nacionalidades” en la Constitución Española de 1978, sin definir su contenido ni señalar su identidad. La multiplicación de los centralismos, que sucedieron al de Madrid, en muchos casos, están siendo más gravosos para el ciudadano y, a veces, más rechazados por viejas relaciones de vecindad. Otros asuntos que han complicado el sistema son, entre otros: la creación de tensiones entre las Comunidades Autónomas como consecuencia de las contradicciones derivadas de la aplicación del principio de solidaridad en abstracto por un Estado debilitado; la coexistencia de distintos modelos políticos de sociedad, al poder ostentar el poder, en cada Comunidad, partidos políticos distintos y opuestos en sus programas; la difícil compatibilidad con el proceso de integración en la Unión Europea, que supone transferencias hacia el exterior y no hacia el interior; la falta de realismo del modelo autonómico, basado más en deseos y postulados teóricos, en aspiraciones primarias populares, que en sólidos planteamientos, necesidades reales, estima popular, apoyo social, etc., salvo en casos puntuales.

Si los peligros políticos que se asumieron al implantar las autonomías han sido considerables, mayores son las contradicciones y peligros de tipo económico. Ante todo, está el coste -el elevado coste- del Estado de las Autonomías, de sus diecisiete gobiernos, parlamentos y administraciones que se acepta como precio por una mejora de servicios y de la “mayor democracia”, que se siguen dando por supuestos. El problema de la financiación, todavía sin resolver, ha acentuado los desequilibrios regionales y dificultado la redistribución de recursos y el desarrollo nacional. El principio de unidad de mercado, del que tanto se habla sin concretarlo en prohibiciones estrictas, ha corrido igualmente serios riesgos a medida que las disposiciones autonómicas comenzaron a proliferar. Y las desventajas competitivas y los inconvenientes para los grandes proyectos nacionales de inversión con programas económicos de desarrollo autonómico y local, muchas veces, sin la coordinación más elemental. En fin, la técnica de legislación básica estatal y legislación autonómica de desarrollo se ha manifestado a lo largo de los años como un foco constante de conflictos entre el Estado y las Comunidades autónomas, que ha tenido que resolver el Tribunal Constitucional, lo que ha situado a este órgano, en más ocasiones de las deseables, en el centro de la disputa político-territorial, con las perniciosas consecuencias que ello ha acarreado desde el punto de vista de su legitimidad, y, lo que es peor, de cara al mantenimiento de su imagen pública de imparcialidad e independencia.

Las anteriores razones son suficientes, a mi entender, para sostener una posición crítica con bastante fundamento y desapasionamiento, sin ideas preconcebidas y, por supuesto, sin querer sugerir una solución mágica como única alternativa. Además, todos estos acontecimientos han contribuido, en parte, a incrementar el fenómeno de desafección democrática derivado de la dificultad o práctica imposibilidad que muchos ciudadanos tienen para identificar quién es de qué responsable, dadas las deficiencias de nuestro reparto de competencias: por ejemplo, las dificultades y molestias que -en estas fechas- muchos españoles están sufriendo para poder ser atendidos en-cualquier-lugar-de-España con su tarjeta sanitaria. Los riesgos apuntados -insostenibles, muchos de ellos-, en mi opinión, son suficientes para plantear modificaciones legales de mejora: “reformas”. Urge un modelo de organización del territorio para ciudadanos libres e iguales, una España sin barreras.

Publicado en "Diario de León" el lunes 6 de agosto del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/espana-sin-barreras_1268273.html

El techo de gasto.

Hay que ver la que se ha montado porque el Gobierno de Pedro Sánchez quería elevar el techo de gasto. Se puede -o no- estar de acuerdo, pero lo que llama la atención es que los mismos que se-rasgan-las-vestiduras por esta propuesta permanecen ausentes o, como suele decirse, se-ponen-de-perfil ante esta noticia, también de estos días: el rescate de las cajas de ahorro y autopistas de peaje tiene un coste no presupuestado que desviará el déficit de las administraciones públicas. Más deuda. En concreto, en las cuentas públicas ha habido un aumento de pagos del Fondo de Garantía de Depósitos de 1.700 millones de euros para -en expresión poética del lenguaje cortesano- cubrir el esquema de protección de activos de un par de antiguas cajas de ahorro. En lenguaje llano y claro: seguir pagando con-dinero-de-todos-los-españoles los desmanes de unos gestores que, en la mayoría de los casos, todavía no han asumido ninguna responsabilidad. Y, por el lado de las antiguas autopistas de peaje, la Administración ha tenido que hacer frente al coste de la responsabilidad patrimonial del Estado que ha supuesto 1.800 millones de euros. Más excreciones del “capitalismo de amiguetes”. Es destacable el cinismo de los habituales defensores de la economía de mercado, del control del déficit público que, en este caso, no tienen ningún tipo de escrúpulos en solicitar la intervención del Estado y su responsabilidad ante los miles de millones de pérdidas. El viejo discurso de privatizar las ganancias y nacionalizar las pérdidas.

En estas semanas de presentaciones de resultados empresariales vemos como los bancos ganan mucho dinero. Una buena noticia. Y van a seguir haciéndolo porque tras el expolio y desaparición de las cajas de ahorro es muy relevante analizar cómo ha quedado el mapa bancario español. Donde antes había más de cincuenta entidades ahora han quedado algo más de diez, y grandes, que son las que se acaban llevando el grueso del negocio, la banca comercial. Mismo pastel, menos comensales: más dinero. Por tanto, la propuesta socialista de impuesto a la banca es razonable, opinable. Y me parece una-salida-de-tono el anuncio de un banco -en lenguaje cortesano, otra vez- de que se replantearía su estructura legal si se aplican ciertos impuestos. En fin, que amenazan con cambiar su sede social a otro país. Otra “deslocalización”. A río revuelto ganancia de pescadores.

La llamada riqueza financiera ha resistido mejor los embates de la crisis. Y ello sin considerar los generosos rescates. Año tras año, en torno al setenta por ciento de los ingresos provienen de nóminas; y los ingresos declarados por los trabajadores superan a los declarados por los empresarios. Muchas empresas, grandes empresas, se quejan de los elevados que son los tipos impositivos de su sistema fiscal (el 25, el 30, dicen) pero, a la hora de la verdad, muchas de ellas, casi todas, sólo pagan el 5% y ello porque tienen privilegios para no pagar impuestos a través del exclusivo mundo de los agraciados por las exenciones fiscales. La progresividad únicamente surte efecto para quien depende de una nómina. Los ricos pueden refugiarse en la “ingeniería fiscal” o amenazar con trasladar su fortuna si les tocan sus privilegios.

La progresividad fiscal entronca con valores democráticos como la solidaridad y la equidad. De la justicia del sistema fiscal dependen, también, el equilibrio de toda la sociedad, el desarrollo económico y cultural, la potencia militar y científica y la eficacia de los servicios públicos. Se produce una aproximación entre los ciudadanos (el impuesto progresivo es un arma contra la desigualdad injusta), y, en fin, la sociedad se hace con la masa de recursos necesarios para llevar a cabo servicios y prestaciones que, muy especialmente, benefician a los económicamente más débiles, ya que, proporcionalmente, su economía y bienestar son los más favorecidos. Cuando hablamos de igualdad esencial nos inclinamos, sin querer, a cierta tergiversación o prostitución del concepto; algo así como si dijéramos en lo esencial somos iguales, claro es, pero lo demás es otra cosa. Y no es así. Es otra la interpretación. Lo esencial es ser hombre y si esto se da, como se da, tan sustancial identidad -que nos delimita frente a todos los demás seres o criaturas- hay que ajustar las relaciones humanas de tal modo que se evite la deshumanización a causa de la desigualdad: la de unos, víctimas de su pobreza, la de otros, enredados en su demasía. Dicho en otras palabras: la igualdad en lo esencial reclama menos desigualdad en las circunstancias vitales. Aclaro: esta última reflexión no está inspirada en Castro, Maduro, Iglesias Turrión sino en el Gran Juan Pablo II. Por si acaso.

Ya está bien de esta ceremonia de la confusión. Viejas melodías interpretadas con otro ritmo. "Liberal" y "social". He aquí dos vocablos pavorosamente preñados de significaciones y, al mismo tiempo, desgastadísimos por un abuso secular. La demagogia y la mentira prenden con mucha facilidad en situaciones como la que actualmente atraviesa España. Estoy con quienes trabajen por una sociedad democrática y libre en que todas las personas nos esforcemos por vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades.

Publicado el miércoles 1 de agosto del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/techo-gasto_1267184.html

La moda de la suciedad.

Otro año -como cada año- por San Juan, hemos visto cómo la generación-más-preparada-de-nuestra-historia (no sé si reír o llorar) deja las orillas de nuestro Bernesga después del llamado botellón. Los mismos angelitos que durante el año te miran feo si te equivocas al depositar en una papelera una botella en el lugar del papel o donde la basura orgánica. Hipócritas. Nos molestamos cuando un perro defeca y su dueño no lo recoge, pero nada decimos cuando esos miles de bárbaros defecan y más junto al río, en las calles y en-los-portales-de-los-edificios-cercanos… O solicitamos a las administraciones más campañas para prevenir a los adolescentes de los males del alcohol y de las drogas, y, sin embargo, en esas “fiestas” son miles los menores de edad que, ante la pasividad de sus padres y autoridades, se ponen hasta el chongo. Lamentablemente no se trata de un hecho puntual. Inmensa desgracia de nuestro tiempo: haber separado, en todos los grados, instrucción y educación. Se comenzaba por enseñar, junto con el alfabeto y la tabla de multiplicar, las formas externas de respeto, la educación y el porte. Cometer una falta, mancharse la ropa o tirar un papel al suelo acarreaba los mismos reproches. Instrucción y educación no se separaban. Durante mucho tiempo fue así. Se iba a la escuela no sólo para aprender a leer, sino para aprender a vivir. 

Las formas son mucho más que usos del “saber vivir”. También son la expresión del derecho de una sociedad. No hay sociedad sin derecho, ni derecho sin formas. El universo, que en su principio no era más que energía y fuerzas, evoluciona poco a poco por el soplo de la vida, luego por el impulso del pensamiento y de la libertad humana, hacia formas cada vez más sueltas y delicadas. Sucede lo mismo con el mundo social. Inicialmente sólo hay fuerzas, instintos, poderes y violencias. La violencia se detiene mediante el acuerdo, la fuerza por la forma. Molestan las formas -las convenciones- porque ponen trabas al libertinaje, porque nos obligan a mantener nuestros compromisos, porque nos constriñen a respetar a los demás; en resumen, nos exigen esfuerzo y disciplina. 

Toda regla impuesta desde fuera, toda tradición, conveniencia, etc., se considera doblemente insoportable: como obstáculos a la expansión de la propia personalidad y como artificial expresión de estructuras sociales de otra época. Mentiras, tabúes y engaños infantiles de una sociedad podrida. Un peso enorme de tradiciones, de molestias, de impedimentos, que -dicen- traban la marcha del progreso, la liberación del reino de lo inútil. Libres, adultos, exentos de toda moda, seguís la más baja: la del desharrapado, la de la mugre y la suciedad. Cuando hayáis quitado todo velo, todo pudor, todo símbolo, toda poesía, ¿qué quedará del hombre? Un mono desnudo. Pues bien, el mono no es solamente la impudicia, sino, también es crueldad. En realidad, bajo esta batalla de las formas, lo que subrepticiamente libráis es un combate de fondo: tan cierto como que el fondo y la forma son inseparables.

No hay, ni nunca ha habido, ni habrá jamás en toda la historia del hombre, progreso moral sin esfuerzo. Un hombre que se da aires de bruto tendrá muy rápidamente costumbres de bruto. Lo exterior implica lo íntimo. Como le gusta recordar a mi amigo Mariano: quien no vive como piensa, terminará pensando como vive. Y si la educación, la evolución, el progreso exigen siglos, la degradación es una caída sin obstáculos. Es infinitamente más fácil ser ineducado que educado: no responder oportunamente los correos que responderlos, quedarse sentado que ceder el sitio, ser grosero que excusarse, no peinarse que peinarse, ser sucio en lugar de limpio. Es infinitamente más fácil escribir “como un cerdo” que cuidar el estilo, practicar el manchismo -con ene- que el arte figurativo. Muchos adoptan la moda de la vulgaridad por despecho de no poder alcanzar la de la distinción. Lo mismo suele pasar con el desprecio a los buenos resultados académicos.

Seguramente estoy esquematizando. Gracias a Dios, aún existen numerosas, magníficas excepciones. La cuestión estriba en saber si esas excepciones, que quizá todavía sean mayoría    -pero, en cualquier caso, mayoría terriblemente silenciosa-, volverán a tomar la palabra, o si se dejarán contaminar y resbalar poco a poco por la fácil pendiente de la decadencia de las formas, pues la caída es rápida. Es muy fácil rechazar todo modelo y hacerse sin esfuerzo el modelo propio. Es muy fácil proclamar que el hombre es naturalmente bueno y hacer recaer sus faltas sobre la sociedad. El esfuerzo es difícil. El respeto del hombre, el sentido del prójimo, la noción de dignidad de la persona humana constituyen la-ética-de-las-formas. No hay progreso social sin elevación, ni elevación sin educación. Las mismas palabras lo dicen: “e-ducere”, elevar, tirar hacia arriba. 

Publicado en "Diario de León" el jueves 12 de julio del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/moda-suciedad_1262807.html

Delitos en las redes sociales.

Mostrar alegría por la muerte de un personaje público, desear el fallecimiento de alguien, o el peor de los destinos, por sus ideas, por sus gustos; amenazar, más o menos veladamente, a una persona, con un mal más o menos concreto; defender diferentes formas de violencia por razón de etnia, religión o género; incitar a realizar actos violentos o injustos contra otros; mostrar imágenes desagradables, ofensivas o violentas y burlarse de quienes son humillados en ellas; transmitir ideas extremistas y defender ideologías intolerantes. Ninguna de estas conductas es originaria ni exclusiva de las redes sociales, pero así lo parece, dada su proliferación en alguna de ellas, la exagerada alarma social que ha generado y el número de resoluciones judiciales que las han enjuiciado en los últimos años. Por ejemplo, sólo los procesos judiciales por delitos de terrorismo relacionados con internet y las redes sociales han aumentado significativamente en España en los últimos años, pasándose de apenas un par de resoluciones en 2010 a más de 35 en 2016. Todo un tema que me dado para pensar, sobre todo, después de leer el libro “Cometer delitos en 140 caracteres. El Derecho penal ante el odio y la radicalización en internet”, una obra colectiva dirigida por Fernando Miró, catedrático de Derecho penal de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Es verdad que Internet en general, y las redes sociales en particular, desempeñan un importante papel de difusión de mensajes extremistas y de odio. También lo es que, por ejemplo, Twitter se haya convertido en un medio muy claramente enfocado hacia la crítica política e ideológica. Preocupación tanto por la potencial proliferación en el ciberespacio de contenidos que niegan valores esenciales para la convivencia social, como por la tendencia consistente en pretender enmudecer, por medio del Derecho penal, dichas expresiones y mensajes por su supuesta potencial capacidad para causar daños o por su carácter ofensivo para los demás. Tan peligroso es para una sociedad democrática la difusión del odio y el extremismo como la uniformidad de pensamiento y el silenciamiento del debate público. Es-para-ayer la actualización del significado de la libertad de expresión en la era de las redes sociales y, en particular, no caer en la tentación de utilizar el sistema penal para acallar el debate político o las opiniones desagradables o intolerantes.

La libertad de expresión, especialmente aquella que tiene que ver con la expresión de ideas políticas, no es un derecho cualquiera sino uno de los que fundamenta nuestro Estado Social y Democrático de Derecho (“derechos fundamentales”), y solo una afectación de la dignidad personal debería permitir la intervención del Derecho penal. Así, por ejemplo, la libertad ideológica o de expresión no pueden ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su humillación. No se trata de penalizar el chiste de mal gusto, sino que una de las facetas de la humillación consiste en la burla, que no se recrea con chistes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino bien concreto y referido a unas personas a quien se identifica con su nombre y apellidos. Se persiguen conductas especialmente perversas como es la injuria o humillación a las víctimas, incrementando el padecimiento moral de ellas o de sus familiares y ahondando en la herida que abrió el atentado terrorista.

La diversidad cultural inherente a las actuales sociedades multiculturales es tanto fuente de riqueza como de conflictos sociales. Es un hecho innegable, en efecto, que la coexistencia de diferentes comunidades con divergentes visiones del mundo, enfrentadas tradiciones culturales y religiosas y diferentes prácticas y costumbres, constituye en ocasiones un foco de importantes tensiones en la convivencia. Un Estado liberal y democrático no puede imponer a sus ciudadanos ninguna convicción determinada, y en consecuencia pueden pensar y tener las motivaciones que quieran. El Estado le deja creer libremente, pero, en contrapartida, le exige que-se-comporte- conforme-a-Derecho. La libertad de expresión debe amparar no sólo las ideas recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también las que hieren, chocan o inquietan: así lo exige el pluralismo y la tolerancia, principios básicos en una sociedad democrática. No podemos castigar la mera expresión de una ideología política, aunque ésta sea antidemocrática. El discurso del odio está sirviendo para justificar restricciones al derecho a la libre expresión y a la libertad ideológica. El Tribunal Supremo se ha mostrado crítico con el propio concepto de discurso del odio al que ha calificado de “equívoca locución”. Opinión-de-un-opinante: considero incompatibles estos preceptos con la libertad de expresión, no sólo porque ideas u opiniones puedan ser criminalizadas según cómo se las interprete, sino porque la indeterminación de que puedan -o no- ser objeto de persecución penal disuade respecto al ejercicio legítimo de algunos derechos fundamentales.

Importante: la lucha contra el discurso del odio no puede quedarse en el terreno estrictamente jurídico. Todos los ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad siendo tolerantes frente a aquellas ideas y opiniones que nos parecen equivocadas y/o injustas; estando dispuestos a hacer uso de nuestra libertad de expresión para combatirlas argumentalmente; y, finalmente, con compromiso cívico en la lucha contra la impunidad verbal. Importancia de exigir la verdad y el respeto a cualquier persona, que se traduce -en todo caso- en evitar el insulto gratuito en sus más variadas manifestaciones. Toda persona debe responsabilizarse de aquello que afirma.

Publicado en "Diario de León" el domingo 3 de junio del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/delitos-redes-sociales_1253801.html

Mil a uno.

Hace unas lunas leí en “Diario de León” que “Las cajas vendieron mil millones en preferentes y les costó uno de multa”. Y continuaba la noticia informando de la comparecencia de D. Julio Segura Sánchez, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la comisión de investigación de las cajas que tiene lugar en las Cortes de Castilla y León. Es otro ejemplo más del negativo papel que algunos políticos han jugado en los consejos de administración de las antiguas cajas de ahorros. Los dirigentes autonómicos las utilizaron, muchas veces, como suministro de dinero con el que financiar sus proyectos, con el resultado que conocemos: la mayoría han tenido que ser rescatadas por el Estado. La reestructuración del sector ha costado más de cien mil millones de euros, entre inyecciones de capital, esquemas de protección de activos y ayudas al banco malo que se quedó con los inmuebles casi invendibles. Esa cantidad equivale -aproximadamente- al 10% del PIB. Recuerdo haber leído cómo el ex director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Mariano Barbacid, se lamentaba -con razón- imaginando lo que se podría haber hecho con ese dinero si se hubiera aplicado a un plan para fomentar la ciencia.

Las decisiones bancarias tienen que ir unidas a responsabilidades. La cuestión de fondo es garantizar que las sanciones a este tipo de irregularidades tengan un real efecto disuasorio. La multa a las grandes corporaciones suele ser siempre menor que los beneficios que obtuvieron con la infracción. Mil a uno, en este caso… Un sistema de castigo más eficaz. Proporcionalidad. Sin responsabilidad, privada y pública, no puede existir lo que llamamos civilización. La actual crisis económica pone de manifiesto la diferencia que existe entre el libre mercado y el capitalismo financiero desregulado. Las bondades de la liberalización son claramente cuestionables. Los mercados no se autocorrigen. Esto ha quedado más que demostrado.

Es muy relevante analizar cómo ha quedado el mapa bancario español. Donde antes había más de cincuenta entidades ahora van a quedar algo más de diez, y grandes, que son las que se acaban llevando el grueso del negocio, la banca comercial. Mismo pastel, menos comensales. Tiene demasiados riesgos un modelo de excesiva centralización, es decir, que vayamos hacia una situación con solo grandes bancos. La experiencia nos ha demostrado que la diversidad, la dispersión y el reparto de riesgo son buenos para el sector bancario. Cuanto más grandes sean los grupos internacionales, mayor será el riesgo de tener otra gran crisis financiera. Sería preferible un modelo con un carácter más local, donde cada banco se centrara en su región y esto nos permitiera tener riesgos más manejables.

Los bancos y las actividades bancarias se basan en la confianza. Pero mientras que la confianza tarda años en establecerse, puede desmoronarse abruptamente si la ética de un determinado
banco es débil, si sus valores son pobres y si su comportamiento es decididamente erróneo. La banca es el corazón del sistema en que nos ha tocado vivir. Por eso, hay que revisarlo continuamente, sobre todo cuando las pulsaciones se aceleran. ¿Cómo se siguen vendiendo los productos financieros? ¿Cuál es el comportamiento de los comerciales de la banca de proximidad? ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de que nunca más, al menos en España, se volverán a otorgar préstamos a personas que nunca deberían haberlos recibido? ¿O vender al cliente un activo sospechoso y poco comprensible? La crisis de los últimos años ha generado una profunda reforma de la regulación financiera, cuyos objetivos son sumamente razonables: un mejor control de los riesgos en los bancos, un menor contagio de las crisis y, en el caso de que estas se produzcan, mecanismos para hacer frente a las pérdidas sin necesidad de recurrir al dinero de los contribuyentes. Una de las líneas de reforma pendiente es la separación de actividades entre la banca minorista y mayorista, evitando que el dinero de los depositantes financie las actividades
más arriesgadas. El excesivo riesgo de los bancos debe controlarse mediante la regulación de capital y liquidez, así como, sobre todo, una adecuada supervisión.

Muchos ciudadanos están hartos. Cómo es posible que, según informes del Tribunal de Cuentas, varios partidos políticos estén en quiebra, con la de miles de millones de euros que han recibido. Y lo más inquietante cómo pretenden gobernar España cuando no saben gobernarse ellos mismos. Así nos va. Muchos ciudadanos quieren transparencia, saber qué se hace con su dinero, con el de sus impuestos, en qué se gasta. Se tiene una generalizada sensación de que cada día se paga más, pero, sin embargo, empeora la enseñanza, la sanidad y todo aquello que podría ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. La venta de una –sólo una- de las cajas intervenidas ocasionó tantas pérdidas como el recorte en educación. Un informe de Cáritas nos recordaba que ayudar a los hogares sin ingresos costaría unos 2.600 millones de euros, mucho menos de lo que nos está costando salvar a las empresas de autopistas…. Y eso a mucha gente no nos parece razonable. Hay otras formas, alternativas, de hacer las cosas. La economía no puede funcionar si el sistema político no funciona. La política necesita aire fresco y sabio. Y esto no es cuestión de edades sino de ideas.

Publicado en "Diario de León" el domingo 29 de abril del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mil-uno_1245198.html