Cómo combatir la corrupción.

La experiencia de las sucesivas crisis financieras ha llevado a una práctica generalizada por la que, para evitar graves males sociales y proteger a los ahorradores, en caso de quiebra bancaria se garantizan los depósitos. Esta garantía puede convertirse en un incentivo para adoptar prácticas financieras cada vez más arriesgadas, dado que el sistema acudirá al rescate en caso de quiebra: “si sale bien, gano yo; si sale mal, pagas tú”. España, al borde la quiebra, fue obligada a modificar el artículo 135 de su Constitución para garantizar a los acreedores de deuda pública el pago prioritario del capital e intereses.

Diseño de productos financieros complejos -como las titulizaciones- sobre la base de un producto tan sencillo y de interés social como las hipotecas para acceder a la primera vivienda. Conflictos de interés -por ejemplo- entre las entidades de crédito y las sociedades de tasación, muchas de las cuales estaban participadas total o mayoritariamente por aquéllas. Falta de control de los movimientos y de los complejos productos de la novedosa ingeniería financiera, la ausencia de una adecuada valoración del riesgo, y la búsqueda de beneficios a corto plazo basados en una industria financiera sobredimensionada. Lo que comenzó manifestándose como una crisis financiera y causó graves problemas en el conjunto de la economía, está siendo objeto (todavía hoy) de innumerables análisis acerca de su verdadera naturaleza y alcance. Unos apuntan, razonablemente, a una crisis del modelo de economía, de crecimiento, y de gobierno, de ámbito global. Muchos de ellos señalan las implicaciones éticas, antropológicas y culturales de la crisis. 

Mirando alrededor vemos también el difuso desorden que es la injusticia, y lo que es peor, lo llegamos a mirar con una mirada que se está acostumbrando a aceptar que entre hombre y hombre pueda existir tanta desigualdad. Con gesto relativamente resignado decimos que el camino de la justicia es un camino muy difícil, casi impracticable: lo que podía ser una pasión permanente por la justicia se sofoca dentro de nosotros y se olvida como si fuera la pretensión de algunos locos idealistas. Porque ese difuso desorden que nos rodea termina haciendo que se embote en nosotros la sensibilidad para lo humano, la sensibilidad para la justicia.

Oímos que se dice que hay que formar a los hombres para prepararlos para el “mercado”; que es necesario que el hombre reciba una formación con vistas a su adaptación al mundo de las empresas, a sus procesos de negocio. También se dice que tenemos que acomodar nuestra conducta para someterla a las leyes de la economía. La economía tiene unas leyes de un cierto carácter inexorable, y hace falta que cada uno de nosotros disponga su comportamiento para que ese comportamiento no lesione esas leyes, leyes frecuentemente alejadas de los que podrían ser los verdaderos deseos y las verdaderas necesidades del hombre. Con frecuencia, con mucha frecuencia, nos acostumbramos a estas expresiones, que llevan en sí un desorden.

Una buena parte de nuestros dolores más habituales son dolores del alma. Y provienen probablemente de desórdenes interiores; del desequilibrio, por ejemplo, entre la mente y el corazón, que se da cuando alguien conoce mucho o ha leído mucho sobre el amor y… no ama; cuando alguien ha leído mucho de las espléndidas posibilidades de la amistad y no tiene amigos... Además de ese desequilibrio entre mente y corazón, puede haberlo también entre la inteligencia y la conducta, y también una falta de acuerdo entre la conciencia y la vida. Hoy, en las conversaciones de mucha gente, esta omnipresente el tema de la corrupción, así, en general. Parece una fiesta de nunca acabar: mienten, engañan, roban y roban… Es muy fácil asentir a grandilocuentes propuestas de regeneración ética para tal o cual institución u organización. Y no tanto responsabilizarse de la propia vida, y cuidar el impacto de nuestras acciones en otras personas. Estaremos contribuyendo a la verdadera regeneración si nos esforzamos por mejorar las relaciones con las personas con quienes habitualmente convivimos, luchando por ser más sinceros, más honrados, más responsables, más trabajadores, más serviciales, más cariñosos…Nosotros primero.

Casi siempre que hablamos de ética nos referimos a asuntos actuales de carácter político o económico, o a la ética de los otros… Rara vez a nuestras actividades cotidianas. Ser ético es ser una persona en quien se pueda confiar. Luchar por vivir sin dobleces, sin justificar nuestras acciones cuando sean malas. Al pan, pan, al vino, vino. Ésta es la ética de todos los días, la cotidiana, la que debemos cuidar prioritariamente porque con nuestras pequeñas acciones contribuimos -o no- a generar una cultura de confianza, de respeto a los demás. Una democracia necesita ciudadanos que la defiendan. Menos “indignación” y más ciudadanía. Desde la política se puede contribuir a cambiar aquellas cosas del mundo que se manifiestan radicalmente dañinas para el desarrollo y la dignidad de las personas. Hay muchas políticas por mejorar (“reformar”). Hacer política de otra manera, respetando al adversario, escuchando, dando argumentos, tratando de convencer, dando al otro la oportunidad de convencerte. El respeto al otro está en la base de la misma democracia. En fin, una política, nueva, buena, “con mayúscula”.

Publicado en "Diario de León" el martes 24 de abril del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/combatir-corrupcion_1243918.html

El cuento del pollo.

Una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste en que son realmente pocos los que poseen mucho, y muchos los que no poseen casi nada. Detrás de los números hay personas. El desarrollo tecnológico y económico -indispensable para el bienestar personal y colectivo- se vuelven contra el hombre cuando se olvida que éste es medida de las cosas. Así, la desigualdad injusta o la destrucción de la naturaleza son algunos de los frutos actuales más visibles de un desarrollo apartado de su verdadero sentido.

La desigualdad no ha dejado de aumentar durante la crisis y después de la crisis. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres. Las razones son variadas, para todos los gustos y colores: la precariedad del mercado laboral, la deslocalización de las empresas intensivas en empleo, la competencia salarial del exterior, las graves carencias de nuestro sistema educativo o la ausencia de una -real- progresividad del sistema fiscal. Con la excusa de la crisis y la post crisis se ha ido posponiendo la solidaridad hacia los débiles sin cuestionar tanto gasto público innecesario. Visto lo visto es difícil creer que la recuperación económica, por si sola, vaya a revertir la desigualdad incrementada durante la crisis. Mucho diagnóstico y poco pronóstico. Y un exceso de recetas demagógicas, aquéllas -ya se sabe- en las que el remedio es peor que la desigualdad. Hay que garantizar que -efectivamente- los ricos aporten su cuota a la carga fiscal. Personas y territorios.

El ciudadano-de-a-pie está convencido de que el sistema fiscal es injusto y que los ricos no son los que más pagan. La gente está harta -escandalizada- de ver cómo al Bárcenas-de-turno la declaración del IRPF le sale a devolver mientras cualquier ciudadano corriente termina estrujado por un mínimo descuido. Nuestro sistema fiscal debería trasladar la carga tributaria del trabajo (IRPF) y el consumo (IVA) hacia la riqueza y el capital. Hay datos. Insisto: datos, no opiniones. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el impuesto redistributivo por antonomasia y, por tanto, el más solidario, informa, año a año, que más del 80% del importe declarado corresponde a los contribuyentes con bajos ingresos, con menos de 60.000 euros anuales. El impuesto progresivo constituye el más directo y poderoso instrumento para la redistribución de la renta. Aumentando sus tipos marginales y eliminando las deducciones que, mayoritariamente, benefician a quienes más tienen. España debe luchar contra la economía sumergida y el fraude, así como revisar la fiscalidad de las grandes compañías multinacionales. 

Urge mejorar el sistema de financiación autonómica. Una amenaza disfrazada de federalismo es que todas las comunidades autónomas tuvieran su propio sistema de cupo o aportación, similar al régimen foral del País Vasco o Navarra. Así lo advierte un reciente informe en el que se proyecta qué ocurriría si se generalizara el sistema de concierto. La solidaridad regional desaparecería, las distancias entre las regiones ricas y pobres se incrementarían. Para muestra-sólo-un-botón: si todas las comunidades tuvieran cupo, un extremeño recibiría la mitad de financiación que un madrileño, y un canario ocho veces menos. El empeoramiento de los servicios públicos en sanidad, educación y servicios sociales sería inmediato. Sería decir adiós a la solidaridad fiscal que busca distribuir con equidad la riqueza entre todos los ciudadanos españoles. 

A bombo y platillo los voceros oficiales acaban de anunciar que la economía recuperó el año pasado su máximo pre crisis y el PIB per cápita supero el nivel que no había vuelto a alcanzar desde 2008. Leyendo esta noticia me acordé, una vez más, del “cuento de pollo” … Si tú te comes un pollo y yo no me como ninguno, de media, nos hemos comido medio pollo cada uno. Y así surge el concepto del “pollo estadístico”, muy similar al de realidad y realidad virtual, pero, de ello, escribiré otro día. Este tipo de “estadística” es una sutil y frecuente manipulación. En fin, a lo que voy: igual que cuando decimos que dos personas comen medio pollo de media, para entender la situación real tenemos que aclarar que una come un pollo y otra ninguno, cuando decimos que el conjunto de España es más rico -cuidadín- debemos explicar esa información, porque no es oro todo lo que reluce.

Nuestras dificultades actuales son el resultado de políticas erróneas. La economía puede seguir su tendencia al alza, pero los problemas de fondo no dan margen al optimismo. Durante las últimas décadas, unos y otros, periódicamente, nos han insistido en las virtudes de las desregulaciones. Y que, en todo caso, se trataba de una materia sólo apta para los científicos de la economía donde las ideas y la política no debían inmiscuirse…Hoy sabemos que eso nos es así. Una cosa es una economía de mercado y otra, muy distinta, una sociedad de mercado. Ciertamente, no puede haber libertades personales y políticas si no hay también libertad de mercado. Pero una economía de mercado no se identifica con un grosero capitalismo, ni exige la desaparición del Estado social, ni del poder moderador del estado sobre el mercado. Cuando esto se hace, pasamos de la economía de mercado a la sociedad de mercado, en la que todo –hasta las personas- pasan a estar en venta, y el descarte de vidas humanas se convierte en un inevitable efecto colateral del sistema.

Publicado en "Diario de León" el miércoles 4 de abril del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/cuento-pollo_1239236.html

Abogados escuchando a abogados.

Lo vengo diciendo desde que los cumplí: pertenecer al exclusivo “Club de los 50” tiene ventajas, muchas ventajas.... Una de ellas es la facilidad para expresar las convicciones sin complejos, sin inhibiciones ni respetos humanos. Al grano: ser abogado no es cualquier profesión. De entrada, la profesión de abogado es la única profesión a la que se hace mención expresa en el texto de nuestra Constitución. ¿A qué no lo sabías…? Y, además, pido perdón por la petulancia, se hace referencia a ella nada más y nada menos que hasta cuatro veces distintas. No una, que ya sería suficiente honor, ni dos, ni tres: sino en cuatro ocasiones. Y, lo más importante, el servicio que los abogados prestamos a nuestros conciudadanos: materializamos el derecho a la tutela judicial efectiva, a pesar de los asesoramientos de “cuñados” y de “lo-leí-en-internet”, que suelen terminar mal, muy mal. Sólo un abogado puede ofrecer un asesoramiento digno de tal denominación: profesional.

Los colegios profesionales son unos grandes desconocidos y no sólo para la sociedad a la que sirven sino también, y eso no deja de ser sorprendente y preocupante, para sus propios colegiados. De vez en cuando nos desayunamos con la noticia que desde Bruselas alguien está impulsando su pronta desaparición, pero, en mi opinión, eso afortunadamente no ha ocurrido. Pienso que las bondades de la liberalización son claramente cuestionables. Pero ése es un tema, quizá, para otro día. 

Estoy orgulloso de mi colegio profesional: el Ilustre Colegio de Abogados de León. El pasado martes organizó un debate entre los candidatos a Decano que, hoy, elegiremos todos los colegiados. Un debate que se celebró en las instalaciones de la institución y que se retransmitió en directo a través de las redes sociales para quienes no pudieran o no quisieran asistir. Abogados escuchando a abogados. Orgulloso de mis compañeros: un edificante ejemplo para nuestra sociedad. El futuro no está, se hace. Y lo hacemos las personas.

En una época en la que parece que no queda nada por inventar, las organizaciones que se distinguen por sus buenas prácticas recurren al intercambio de información, al diálogo, al debate, para ponerse al día y desarrollar nuevas ideas que van más allá de la pura retórica. Compartir para ganar. A veces, olvidamos el valor de la comunicación directa, franca y oportuna, del trato humano, del respeto mutuo, del sentido de equipo. Nos apoyamos, demasiado, en la tecnología y cada vez menos en el potencial de una buena conversación, de un buen debate, de tener la oportunidad de sentir la emoción, los sentimientos de nuestros compañeros.

Hacer las cosas de otra manera, debatiendo, defendiendo ideas, proyectos, puntos de vista, respetando al adversario, escuchando, dando argumentos, tratando de convencer, dando al otro la oportunidad de convencerte. El respeto al otro está en la base de la misma democracia. La Abogacía es una profesión pionera en el uso de la comunicación como herramienta para alcanzar el consenso entre partes en conflicto ya que los abogados, mayoritariamente, llevamos siglos promoviendo la cultura del acuerdo.

Me alegró que el debate contara con la presencia de muchos de los alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de León. Afortunadamente hay jóvenes que están tan ocupados en formarse, en cumplir su propio quehacer, que no tienen tiempo de resolver los problemas del universo porque todo el que tienen disponible lo necesitan para mejorarse a sí mismos. 

En fin, en un tiempo en que se está perdiendo el honor por servir, mi reconocimiento al Decano saliente, D. José Luís Gorgojo Del Pozo, por la labor realizada en años complicados, cargados de conflictos institucionales. Ha sido una autoridad visible y accesible. Ha dedicado su tiempo -lo más valioso que tenemos- a sus compañeros, a intentar hacer del Colegio de Abogados de León un lugar de encuentro. Ésa parece ser la función que el mundo moderno deja para los buenos dirigentes: la de procurar que las personas se conozcan, se ayuden, colaboren y trabajen en equipo.

Publicado en "Diario de León" el viernes 27 de octubre del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/abogados-escuchando-abogados_1199066.html

El voto de Sosa Wagner.

Hace meses coincidí con el profesor Sosa Wagner en el mismo vagón del tren a Madrid. Él iba sentado en dirección contraria al sentido de la marcha, en una plaza de las que comparte mesa con otras tres, y yo frente a él, dos filas más allá. Desde que el tren se puso en marcha comenzó a leer, un libro en alemán; a continuación, otro en español. Una hora después se levantó, volvió a los pocos minutos, se sentó, sacó un cuaderno de su maletín y se pudo a escribir. Así estuvo durante casi otra hora. Un edificante ejemplo de aprovechamiento del tiempo.

Le observaba cómo escribía: es un declarado grafómano, todo lo escribe, dicen. He disfrutado leyendo varios de sus libros. La última vez, sus “Memorias europeas” (las leí en el verano del año 15): un delicioso relato en el que aprendí desde cuestiones relevantes sobre el funcionamiento de la administración europea, el poder de los grupos de presión (y con ejemplos concretos de cómo se las gastan) hasta cuál es una buena librería en Bruselas o Burdeos; donde se comen las mejores habas tiernas y chanquetes en Jaén, el mejor arroz en la playa de la Malvarrosa o el postre que uno no se puede perder en Estambul. Y también cuestiones más prosaicas como el motivo por el que suele lucir su pajarita. Todo ello aderezado con un caudal de anécdotas y de citas cultas.

Junto a él, pero al otro lado del pasillo, viajaba un joven ciudadano que por su aspecto -y por su olor- pareciera que la última vez que se aseó fue cuando los años empezaban por 19... Pasó el viaje despatarrado, a ratos durmiendo a ratos hablando por el móvil. Y entre una y otra “actividad” bebía de una lata cuya marca yo desconocía (nunca ha existido una época más fértil que la nuestra en la invención de bebidas novísimas y de nombres extraños), eructaba y durante un tiempo perdía la mirada en algún mundo paralelo… Volvía cuando sonaba su móvil: es cierto que las palabras matan más que los estoques. Sus conversaciones le retrataban: su ignorancia era demasiado honrada y deslumbradora. Y no me preguntes porqué, pero comencé a reflexionar sobre si era justo -razonable- que, en unas elecciones, el voto de D. Francisco Sosa Wagner tuviera el mismo valor que el de este personaje. Ahora entiendo por qué se dice que Churchill vacilaba en sus convicciones democráticas cuando conocía y hablaba con un elector.

Salí algo deprimido de ese ejercicio, pensando en lo que le espera a España con una juventud tan toscamente formada. Gentes con mucha información y poca formación. La democracia no es votar, es elegir: pero para elegir hay que conocer. Y el periodo formativo del hombre sólo acaba con la muerte. Nunca se sabe bastante ni se es suficientemente perfecto. La vida es una constante creación de la propia calidad. La técnica ha transformado radicalmente el régimen existencial del hombre. Actualmente se menosprecia lo cualitativo. Estoy en contra del relativismo cultural: somos iguales, pero no somos lo mismo. No podemos cerrar los ojos ante, por ejemplo, la humillación del velo, de la ablación, de los casamientos a la fuerza, o ante generaciones de personas -de electores- culturalmente averiadas. Lo importante para los esclavos del marketing y de la demoscopia, es cambiar el nombre a las cosas para ver si, de esta manera, consiguen cambiar la realidad. O sea, pervertir el lenguaje para pervertir la política. La existencia de instrumentos exteriores de configuración de la opinión ha concluido por modificar el alcance de la soberanía.

Los últimos acontecimientos en Cataluña están siendo una oportunidad para el redescubrimiento y actualización de verdades. Votar es democrático. Y también lo es decidir sobre qué no se vota y dónde reside la competencia para votar una cosa u otra. Con Franco no teníamos democracia, pero tuvimos muchos referéndums. Con diecisiete relatos de una historia común no hay país que afronte su futuro con garantías de éxito. En España hay, ahora, muchas personas que quieren la República como se quiere una corbata verde, sin saber por qué. La forma de estado no es tan importante: lo que importa es la calidad democrática del sistema.

Lo que no cabe es hacer crítica sin apoyarse en una tabla de valores, en unas convicciones. El crítico arranca de unos principios, califica según unos baremos previos. Desde tiempos de Platón se viene repitiendo que el pensamiento es un diálogo del alma consigo misma. Y así lo creo firmemente. Como creo también en la eficacia intelectual y política del diálogo con "el otro". Nuestro país está muy menesteroso de ambas cosas. Debemos de huir de la eyaculación panfletaria. Pienso que hasta las discrepancias más frontales y los juicios más adversos pueden    -deben- formularse con corrección, decoro y distancia. En estas circunstancias, tan delicadas, los comentarios deberían ser, al menos, dechado de objetividad, desapasionados, abiertos. En línea con los valores de nuestra cultura humanista: diálogo, libertad e inteligencia.

Todo ciudadano debe asumir su condición política, tener la posibilidad de votar a aquellas personas que representen mejor que nadie sus ideas, "mancharse las manos" y empeñarse en la lucha de mejorar la cosa pública. Contribuir -con su acción política y/o con su voto- a que el Parlamento esté lleno de ciudadanos que piensen que la política ha de servir para hacer posible lo que es necesario. Sin olvidar que no actuar es otra forma de actuar.

Publicado, en "Diario de León",http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/voto-sosa-wagner_1197968.html el lunes 23 de octubre del 2017: 

Con docilidad de rebaño.

Vivimos desbordados por una cantidad de información inútil que no sólo nos hace perder un tiempo precioso, sino que nos llena de datos que, muchas veces, son inservibles, y de preocupaciones inquietantes que nos distraen en nuestros quehaceres. Es importante tener el suficiente espíritu crítico para separar la noticia del comentario, y el dato de la interpretación. Y estar alerta con algunos tertulianos, con poses de intelectual, que ponen su talento al servicio de lo-que-la-masa-demanda, diciéndole, en cierto modo, lo que quiere oír a cambio de una cierta notoriedad y, en ocasiones, de atractivas ganancias materiales. Y así, muchas veces, nos reconocemos repitiendo lo que acabamos de leer en las redes sociales o escuchar al último tertuliano de moda.

Es evidente que en nombre de la libertad de expresión no se puede hacer, por ejemplo, apología del terrorismo: va contra la naturaleza de las cosas porque hace daño al individuo y a la sociedad, y por tanto ya no es libertad, sino abuso o extralimitación de la libertad. Las cosas son como son independientemente de la subjetiva apreciación de cada uno. Si lo que uno opina está de acuerdo con la realidad, muy bien; si no lo está, mal asunto. Ante preguntas que se refieren a verdades, si uno sabe, dará las respuestas adecuadas; si no sabe, y además no se calla, probablemente dirá tonterías. Existen verdades objetivas, y si mi verdad no está de acuerdo con la realidad, no es tal verdad, aunque sea mía: es un error. Lo que uno opine carece de importancia, porque la opinión no modifica la realidad; lo importante es que uno conozca la verdad, lo que es. No se trata de opiniones sino de conocimiento.

Estamos en una época en que se utiliza con frecuencia un lenguaje poco preciso, excesivamente ambiguo. Lo que está claro no necesita interpretación de ninguna especie. Por lo general, un lenguaje confuso sólo suele expresar una mente confusa. El lenguaje es siempre, queriendo o sin querer, la manifestación del pensamiento. La oscuridad del lenguaje no da profundidad al pensamiento; más bien pone de manifiesto la pobreza de un pensamiento que recurre a la oscuridad para disimular su superficialidad. Y, además, desorienta, a mucha gente. Hoy cada uno tiende a construir como si nadie hubiese hecho ni dicho nada antes. Teorizar al margen de la experiencia. Se ignora que las inquietudes y los más profundos intereses del hombre de hoy son los de todos los tiempos. Algunas de las modas del momento son muy artificiales, muy débiles, expresiones de una estética más que de un modo de pensar. Se construyen mundos mentales ajenos al universo real, jugando con ideas que no responden a las cosas existentes.

Parece ser que hoy el fenómeno de la masificación, de la despersonalización del individuo, del hombre, está generalmente reconocido, a juzgar por los cada vez más numerosos estudios que lo dan por hecho incuestionable. La masa no es propiamente un conjunto de hombres que sabe lo que quiere y a dónde va, o que está organizada con vistas a la consecución de un fin conocido, y que conscientemente obedece las indicaciones de los que están al frente. Cuando un hombre se despersonaliza integrándose en una masa se deja conducir por emociones, por la pasión, y no se da mucha cuenta de lo que hace o del alcance que su acción puede tener. Masa que no piensa y que, con docilidad de rebaño, colabora activamente, de modo lento, pero seguro, en la propagación de teorías, sugerencias, modas y costumbres que están destruyendo los valores de nuestra civilización. 

Quizá ello explique cómo unos pocos puedan lograr tan enorme influencia en el ambiente imponiendo sus gustos, sus intereses, sus ideas, sus juicios, hasta su noción del bien y del mal. Su poder les viene, sobre todo, del conformismo pasivo de la masa que coopera con ellos sin pensar, sin reaccionar. Qué razón tenía mi amigo Mariano cuando recordaba que “lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada”.

Publicado en "Diario de León" el domingo 20 de agosto del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/docilidad-rebano-uiere-tus-hijos_1182289.html

Cláusulas nulas por abusivas.

Todo comenzó con las hipotecas subprime, que en los Estados Unidos eran aquéllas en las que el prestatario contaba con antecedentes de impago, retrasos o no constaba su capacidad de pago por no haber pedido créditos en el pasado; la cuota de amortización era elevada respecto al salario, o la proporción del préstamo era muy alta con relación al valor de la vivienda. Las consecuencias de la toxicidad de este tipo de “préstamos” se extendió a España a través de la titulización de los créditos: un sistema de financiación para las entidades de crédito a través de una compleja cesión de los derechos de cobro sobre su cartera de préstamos hipotecarios. Así la crisis se contagió desde el mundo financiero al económico quedando atrás la actividad típica bancaria y las reglas más elementales del “arte de prestar”. Los problemas surgieron cuando la banca comercial se contaminó con malas prácticas de la banca de inversión, cuyos directivos no contaban con la paciencia para percibir sus beneficios según se amortizara el préstamo hipotecario, pues lo que pretendían es “maximizar beneficios”, es decir, ganar mucho dinero, como sea, lo más rápido posible, cuanto antes: aquí-te-pillo, aquí-te-mato. 

Contratar una hipoteca es una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una persona, ya que implica un compromiso financiero que puede durar décadas. En nuestro país, según datos del Banco de España, aproximadamente el 97% de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito eran a tipo variable. De los préstamos a tipo variable, un tercio, aproximadamente, contaba con la cláusula suelo, lo que impedía a los prestatarios beneficiarse plenamente de la bajada del índice de referencia más extendido, el Euribor a un año. La cláusula suelo es lícita en términos generales, como ha admitido el Tribunal Supremo: para limitar los efectos de las eventuales oscilaciones del interés de referencia, pueden estipularse limitaciones al alza -las denominadas cláusulas techo- y a la baja -las llamadas cláusulas suelo-, que operan como topes máximo y mínimo de los intereses a pagar por el prestatario. Ahora bien debe cumplir con el siguiente requisito: la exigencia de que una cláusula contractual deba redactarse de manera clara y comprensible es una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de forma que el consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo. Es decir, garantizar el consentimiento informado del consumidor.

La protección del prestatario, especialmente si es consumidor, es considerado por el artículo 51 de nuestra Constitución como un principio rector de la política social y económica. El consumidor se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en la capacidad de negociación como en la información que maneja cada una de las partes (“asimetría informativa”), lo que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas por el profesional, sin poder influir en el contenido de éstas: auténticas “lentejas” … Ya la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del 2013 exigía que el cliente conociera, antes de la celebración del contrato, la cláusula suelo y el efecto que durante la ejecución del contrato pudiera tener sobre el coste real del crédito, para que pudiera adoptar la decisión de contratar con pleno conocimiento de causa. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre del 2016, a mayores, determina que lo que es nulo lo es a todos los efectos, por lo que la situación debe quedar íntegramente restaurada, como si la cláusula suelo no hubiera existido. Consecuencia inmediata de esta sentencia es el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medias urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo: un procedimiento para la resolución extrajudicial de las posibles diferencias entre las entidades y sus clientes. Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso de que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial.

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver es de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación. Se entiende que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo y que el consumidor puede adoptar las medidas que estime oportunas -por ejemplo, presentar una demanda- si la entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor, si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de la entidad de crédito al consumidor reclamante, si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de crédito o rechaza la cantidad ofrecida, o si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

En fin, llegó el día. La mayoría de los afectados presentaron sus reclamaciones durante los meses de febrero y marzo y, por tanto, en estos días se está cumpliendo el plazo de tres meses. A partir de ahora la vía judicial es el siguiente paso. En el Derecho Civil español la regla general es la nulidad con derecho a restitución íntegra. Si algo es nulo, lo ha sido desde siempre y no debe producir ningún efecto. Después de lo sufrido con las preferentes, las subordinadas, las cláusulas suelo es casi milagroso que algunas entidades financieras todavía tengan clientes.

Publicado, ayer, 9 de julio del 2017, en "Diario de "León": http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/clausulas-nulas-abusivas_1173329.html

Despatarre fiscal.

Estaba recuperándome de la impresión por la penúltima indicación de los gurús de la ideología de género sobre cómo debe sentarse un hombre para evitar el “despatarre”, cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado contraria a la Carta Magna la conocida como “amnistía fiscal”, medida que permitió la regularización de rentas no declaradas a un tipo reducido del 10% sin exigencia de intereses, recargos ni sanciones. Ha sido declarada inconstitucional por haber utilizado un Real Decreto-Ley en un caso en el que se afectaba, de forma relevante, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

El Tribunal Constitucional ha desestimado la argumentación del Gobierno de Rajoy de que la medida y su aprobación por vía de urgencia se justificaban por la situación extrema de las cuentas del Estado, al entender que la regularización afectó al precepto constitucional de que todos los españoles contribuyan al sostenimiento del gasto público. No es la primera vez que, recientemente, los gobiernos del Partido Popular reciben una colleja (“jurídica”, pero colleja al fin) por la forma de tramitar leyes. Así, el año pasado el Tribunal Supremo anuló el reparto del déficit autonómico del año 2013 porque no siguió el procedimiento adecuado en su tramitación. Ay-ay-ay, es que las prisas nunca han sido buenas consejeras.

El Tribunal Constitucional recuerda al Gobierno cuál es su capacidad reguladora en materia tributaria. La potestad de establecer los tributos corresponde al poder legislativo, aunque, sin embargo, se admite que, en circunstancias excepcionales, el poder ejecutivo pueda tomar decisiones de este tipo, pero condicionadas a su rápida convalidación por las Cortes Generales. Pero esta capacidad tiene límites: no puede afectar a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos alterando el modo de reparto de la carga tributaria que debe corresponder a la generalidad de los contribuyentes. En pocas palabras, lo que el Tribunal Constitucional dice es que el Gobierno de Rajoy se ha extralimitado en sus competencias invadiendo las de las Cortes Generales. O en expresión de moda, una especie de “despatarre fiscal” …

Un aspecto polémico de esta sentencia es que no permite que sean revisadas las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas al amparo del desautorizado Decreto-Ley. Y ello según su particular interpretación del principio de seguridad jurídica. Una salomónica decisión que ha intentado conciliar el principio de legalidad (respeto a los procedimientos) y el principio de seguridad jurídica (estabilidad y confianza en las relaciones jurídicas). Pero, más allá de disquisiciones jurídicas, para el común de los mortales, esta decisión es escandalosa, injusta. Una porque muchos de los protagonistas de los principales casos de corrupción se acogieron a esta amnistía fiscal que les permitió regularizar su situación a pesar de que incumplieron su deber de tributar de acuerdo a su capacidad económica, con exoneración de sanciones y recargos: una medida injusta porque les coloca en una situación más favorable que la de quienes cumplieron voluntariamente, y en plazo, su obligación de contribuir. Y dos, porque -en mi opinión- la mejor doctrina de Teoría del Derecho sostiene que si algo es nulo, lo ha sido desde siempre y no debe producir ningún efecto. Es posible que éste sea uno de los aspectos más polémicos de la sentencia, como así lo fue en el caso de la sentencia del Tribunal de Supremo de 9 de mayo del 2013, sobre las cláusulas suelo, al impedir la devolución, con carácter retroactivo, de las sumas indebidamente pagadas por los prestatarios con origen en las cláusulas declaradas nulas por abusivas. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, determinó que lo que es nulo, lo es a todos los efectos, por lo que la situación debía quedar íntegramente restaurada como si el acto jurídico anulado no hubiera existido. 

Pero, es cierto, que el único competente para interpretar la constitucionalidad de nuestras leyes es el Tribunal Constitucional. Lo demás son opiniones, más o menos razonables, pero siempre opiniones. Sin embargo, lo que en buena democracia no es opinable es que la sentencia no tenga efecto alguno en el ámbito político, que nadie asuma responsabilidades políticas. Alarmante. La falta de credibilidad en la política y en los políticos ha llevado a que muchos ciudadanos no tengan interés en participar, ni siquiera votando. La gente normal ve a los políticos lejos de la realidad; y muchas de sus acciones, aun siendo legales, se perciben como poco éticas. La responsabilidad política como asunto de ética no se considera. Las dimisiones son rarísimas y casi nadie asume responsabilidades por la función que desempeña. En la opinión de la mayoría (y así lo confirman las encuestas), la credibilidad o la falta de ella, se forma lentamente en el tiempo y generalmente no está asociada a un suceso específico, sino a un cúmulo de acontecimientos o detalles que alimentan la confianza o desconfianza. La credibilidad ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales de la relación del individuo con la sociedad. Se trata, en definitiva, de la confianza que tiene el ser humano en sus semejantes e instituciones con quienes se relaciona.

La política necesita aire fresco y sabio. Y esto no es cuestión de edades sino de ideas. Algunas de las propuestas de estos jóvenes políticos de moda son más antiguas que la rueda: a sus hechos me remito. La demagogia y la mentira prenden con mucha facilidad en situaciones como la que actualmente atraviesa España. Quizá España necesite un nuevo contrato social. O no. O baste con mejoras, con nuevas formas de hacer políticas capaces de construir un proyecto de futuro que genere ilusión a la mayoría de los ciudadanos. Donde lo importante sea el contenido, el qué se hace y el cómo se hace. En fin, hay otras formas, alternativas, de hacer las cosas: por el bien de España.

Publicado en "Diario de León" el domingo 18 de junio del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/despatarre-fiscal_1168650.html

"Los casos de Horace Rumpole, abogado".

Insigne defensor de las causas perdidas, Horace Rumpole es un abogado adorable, un hombre de altos ideales y de gran sentido común, que fuma cigarros malos, bebe un clarete aún peor, es aficionado a los fritos y a la verdura demasiado hervida, cita a Shakespeare y Wordsworth a destiempo y, generalmente, se decanta por los casos desesperados y por los villanos de barrio. 

Excéntrico y gruñón, lleva años abriéndose paso en las salas de justicia londinenses, mientras brega en casa con su terca mujer, Hilda, a quien él apoda «Ella, La que Ha de Ser Obedecida», en un particular universo donde el sarcasmo, el humor y la intriga se mezclan a partes iguales. 

Su autor, el abogado John Mortimer (1923 - 2009) construye en sus narraciones un universo demoledor y sarcástico al más puro estilo British.

Las pensiones de viudas y huérfanos.

Desde hace unos días sabemos que el Gobierno va a destinar 225 millones de euros para prejubilar al veinte por ciento de los estibadores. Cantidad a la que se sumarán los 350 millones ya previstos para lo que -en lenguaje cortesano- se denomina “la subrogación de los pasivos laborales en el cambio de modelo de empresas en el sector portuario” y que, traducido al lenguaje del común de los mortales, quiere decir que se va a destinar dinero público contante y sonante -¡otra vez!- para solucionar un conflicto social de carácter privado.

Este método de “solucionar" problemas o conflictos tiene los días contados con un sistema de seguridad social que está a punto de saltar por los aires no sólo por el envejecimiento demográfico sino, también, por este tipo de corruptelas. 

En este caso estamos hablando de unos seis mil empleados y, alguien, con cierta razón, podría argumentar que no es para rasgarse las vestiduras. Pero, realmente, todo suma: hoy estibadores, ayer empleados de las antiguas cajas de ahorro, antes de ayer, los mineros… Suma y sigue.

Unos paisanos que, con poco más de cincuenta años, se van a casa con en torno al setenta por ciento de su sueldo que, en el caso que nos ocupa, dicen, es superior a los sesenta mil euros al año… Aquí paz y después gloria. 

Y, tal como están las cosas, es decir, el sistema de pensiones, el verdadero problema no está en lo que se llevan sino en lo que van a dejar de aportar: las cotizaciones sociales de unos trabajadores que todavía tenían por delante unos veinte años más de vida laboral.

Vamos a ver qué dicen de estos desmanes las autoridades de la Unión Europea o de la OCDE, sobre todo estos últimos que, en sus últimas recomendaciones, estaba la de restringir las pensiones de viudedad y orfandad a los casos de rentas más bajas para aliviar costes al sistema. Tal cual, con un par…

El dinero destinado a este asunto es ¿mucho o poco? Pues usted mismo: hoy dicen los diarios de información económica que la fusión de Bankia y BMN permitirá recupera 400 millones de ayudas y se presenta esta cantidad como un argumento de autoridad a favor de esta fusión.

Por cierto, que de los más de 51.000 millones de euros que España “inyectó”, es decir, regaló al sector financiero para rescatar cajas mal gestionadas, hasta la fecha, sólo se ha recuperado en torno a un cinco por ciento. Pues, digo yo, que lo razonable sería empezar a buscar por aquí el dinero necesario para cuadrar las cuentas y dejar en paz las pensiones de viudas y huérfanos.

Espero que este despropósito no se llegue a concretar ni tampoco las “advertencias bíblicas” a los “faraones” que carguen la mano contra viudas y huérfanos. Por el bien de todos.

Mejor con su abogado.

La quiebra de Lehman Brothers desencadenó una debacle financiera a escala global de la que el mundo todavía no se ha recuperado. Su bancarrota no sólo acabó con un banco más que centenario y dejó una deuda de más de seiscientos mil millones de dólares sino que, además puso a prueba aquello de “demasiado grande para caer”… El Tesoro de los Estados Unidos de América optó por desechar este aforismo, por no rescatar a Lehman y por mostrar que ninguna entidad es demasiado grande para quebrar.

En España, la onda expansiva del pinchazo de la “burbuja” dejó al descubierto el agujero que se había generado en los balances de cajas y bancos, sobre todo por los créditos millonarios concedidos a los promotores inmobiliarios. Estas prácticas, desde el punto de vista contable, eran un engaño. Las entidades se anotaban como ingresos intereses que eran ficticios, de créditos que -sabían- que -difícilmente- iban a cobrar. Y no se anotaban las provisiones necesarias, el ratio de morosidad era incorrecto y se reflejaban beneficios irreales. Comenzaron entonces las prisas por buscar dinero, liquidez, pero los mercados estaban cerrados a cal y canto. A algún gurú de la ingeniería financiera se le ocurrió trasladar el agujero a los ahorradores: si los bancos necesitaban dinero qué mejor que captar el dinero de sus clientes, que lo tenían plácidamente guardado en depósitos a plazo fijo, y traspasarlo a preferentes, hipotecas multidivisa, obligaciones convertibles, depósitos estructurados, swaps, cláusulas suelo… Todos ellos, en lenguaje cortesano, denominados productos financieros “asimétricos” que -en román paladino- quiere decir que la banca siempre gana y que el cliente, en la gran mayoría de los casos, pierde.

En el caso de las cláusulas suelo, en el año 2013, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que limitaba los efectos de la retroactividad de la declaración de nulidad argumentando que, en caso de que los bancos tuvieran que reintegrar la totalidad de lo cobrado, la viabilidad del entonces recién rescatado sistema financiero podría ponerse en cuestión. La Comisión Europea en un documento que remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en octubre del 2015, sostenía que el cese en el uso de una determinada cláusula nula por abusiva como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor no era compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad, y que, tampoco, era posible que un tribunal nacional pudiera moderar la devolución de las cantidades que hubiera pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información. Y así fue.

El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medias urgentes de protección al consumidor en materia de cláusulas suelo pretende avanzar en las medidas dirigidas a la protección de los consumidores estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito con las que tengan suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria que solucionen las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016. Ahora bien, tras este fallo, el afectado no tiene, necesariamente, todas las de ganar si va a los tribunales porque el juez puede entender que el banco fue lo suficientemente transparente en la documentación que le entregó al cliente. E, igualmente, a través del procedimiento previsto en el decreto anteriormente mencionado. Ojo porque la casuística es enorme y, a veces, compleja: plazos, quién y cómo calcula el dinero cobrado de más, fórmulas sustitutivas, etc. 

En ocasiones, algunos bancos actúan con displicencia o prepotencia ante las reclamaciones de sus clientes, no las responden o lo hacen a través de una carta tipo en la que te agradecen y dicen que lo van a ver, etc… Distinta es la atención y el trato cuando la reclamación se presenta, mediante asistencia letrada, advirtiendo de que en caso de no recibirse respuesta satisfactoria trasladará su escrito al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España o se presentará una demanda ante los tribunales de justicia. En estos casos, suelen correr y volar, llaman al cliente e intentan un acuerdo antes de que se abra el correspondiente expediente administrativo o se inicie el proceso judicial. 

Para muchas personas afectadas estas situaciones están siendo motivo de sufrimiento. Según los resultados del estudio “Finanzas y salud” las personas afectadas por un fraude bancario tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, depresión y crisis de ansiedad, un deterioro de la calidad del sueño y un empeoramiento de la calidad de vida. Los asesoramientos de “cuñados” y de “lo-leí-en-internet” suelen terminar mal, muy mal. Sólo un abogado puede ofrecer, en estos casos, un asesoramiento rápido y eficaz, profesional. Mejor con su abogado.

Publicado en "Diario de León", hoy, 3 de marzo del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mejor-abogado_1142265.html

Tiempo de puertas giratorias.

Pensando en el interés general convendría revisar algunas de las leyes que regulan el paso de un cargo público a la empresa privada, popularmente denominado “puerta giratoria”. Una expresión, lamentablemente de moda, para definir el aprovechamiento de lo público en beneficio de lo particular.

Por ejemplo, los departamentos fiscales de los bufetes de abogados siguen nutriéndose de altos cargos de Hacienda, en concreto, de inspectores y abogados del Estado expertos en materia tributaria que han estado defendiendo los intereses recaudatorios de la Administración, y han participado en la redacción de leyes y resoluciones fiscales. Profesionales especializados en ámbitos tan específicos como investigación de fraude, regulación o blanqueo de capitales que, en cuestión de semanas, pasan de-estar-aquí-a- estar-allá… O de ser el responsable de supervisar a bancos a trabajar para ellos. Estos profesionales están siempre solicitados, pero es, en los momentos finales de cada legislatura, cuando muchos buscan una salida en este tipo de despachos. Más: hace tiempo que supimos que abogados del Estado, en excedencia, asesoraban a fondos extranjeros en arbitrajes planteados contra España por los recortes a las renovables. Estos funcionarios no tienen incompatibilidad en la excedencia y pueden reingresar en la Administración sin grandes restricciones.

Este trayecto de algunos funcionarios y políticos del mundo privado al público, y viceversa, con billete de ida y vuelta, suele provocar -lógicamente, desconfianzas. Por ejemplo, un funcionario de la Agencia Tributaria que, durante los últimos diez años, ha trabajado como responsable de la inspección de grandes contribuyentes y que, de un día para otro, pide una excedencia y comienza a trabajar en un despacho de los que asesoran a los “grandes contribuyentes” en sus litigios con Hacienda… Sin duda, los “puertas giratorias” reportan beneficios a las empresas que los contratan. Y perjuicios para-el-común-de-los-mortales: pensemos en la costosa inversión del Estado, durante años, en la formación y desarrollo de sus altos funcionarios para que luego las empresas privadas se aprovechen de su madurez profesional. 

En la Unión Europea, en España, hay casos documentados de cómo compañías de sectores regulados se han visto favorecidas por decisiones administrativas que han sido generosamente recompensadas a sus responsables con sillones de consejeros en estas empresas. Unos cuarenta políticos que han desempeñado importantes responsabilidades (presidentes del Gobierno, ministros, diputados, senadores, presidentes de Comunidades Autónomas, embajadores…) son -actualmente- consejeros de las empresas más importantes de España. Y aunque hay varios estudios que lo demuestran, no hay nada mejor que observar como las empresas que anuncian el nombramiento de antiguos diputados o senadores o altos funcionarios, experimentan una subida de su cotización bursátil. 

El cinismo y el desparpajo de algunos no tiene límites cuando se les pregunta sobre el conflicto de intereses: no existe tal porque me dedico a dar una perspectiva sobre cuestiones que afectan a la economía global… Genial, qué manera de retorcer el lenguaje. Este “tránsito” es especialmente delicado en sectores regulados donde las decisiones empresariales se toman por los subordinados, amigos o compañeros del nuevo consejero. No siempre es así, pero hay casos, demasiados casos, en que determinadas designaciones responden a favores, influencias, o también, al pago de fidelidades internas.

Este fenómeno requiere de una mejor regulación. Mucho más restrictivo en determinados ámbitos como, por ejemplo, en Justicia. Una mayor transparencia para combatir los excesos que se han producido, que son demasiados… Política y Justicia deben permanecer prudentemente separadas de modo que no sean necesarios actos de fe sobre la rectitud de las personas implicadas. No se trata de descender al detalle de situaciones personales sino de tomar conciencia sobre la necesidad de fijar unas reglas generales que no permitan que, por ejemplo, un juez que entra en política (ya sea en una candidatura, ya sea en un cargo de confianza) pueda volver, sin más, al servicio activo. En Estados Unidos, por ejemplo, una vez que se deja la judicatura para entrar en la empresa privada se pierde cualquier tipo de derecho sobre la plaza. Y si, alguien quisiera a regresar a la carrera judicial, tendría que volver a opositar. No como aquí que arriesgo-pero-sin-arriesgarme.

Cuando estos asuntos generan “ruido mediático”, hay quienes se apresuran a crear órganos u oficinas para regular los posibles conflictos de intereses. Y la vida sigue igual porque quienes elaboran los dictámenes no suelen ser personalidades independientes sino subordinados del político de turno. Lo razonable sería que nadie que haya estado en cargos públicos (del nivel que estamos considerando) pueda estar luego en empresas o sectores regulados, al menos, en los cinco años siguientes a abandonar el cargo. Una incompatibilidad de dos años no es suficiente. Si los mandatos son de cuatro años, al pasar dos, hay gente conocida que todavía permanece. Y, además, aunque esto, en cierto modo, se sale del tema, el problema de fondo es que muchos políticos ganan más, a veces mucho más, de lo que ganaban antes. Y esto es la madre de muchos corderos… Y todavía más leña para este fuego: una gran parte de nuestros políticos, con responsabilidades a todos los niveles, sólo sabe o puede vivir de la política.

Urge clarificar (“hacer transparente”) la red de relaciones entre los grupos económicos y el poder político. Hay empresas, sectores completos, que su cuenta de resultados depende, a menudo, más de las decisiones de lo público que de su propia gestión. Se trata de una cuestión de higiene democrática.

Publicado, hoy, domingo, 8 de enero del 2017, en "Diario de León": 

http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/tiempo-puertas-giratorias_1127958.html

A favor de un mejor sistema de ordenación territorial.

Quienes discrepamos de la actual configuración del sistema de ordenación territorial no somos, sin más, unos retrógrados centralistas. Las posiciones críticas tienen, en la mayoría de los casos, unos fundamentos que conviene conocer y debatir.

El gran problema de los separatismos y nacionalismos exacerbados tiene su origen en la introducción del término “nacionalidades” en la Constitución Española de 1978, sin definir su contenido ni señalar su identidad. 

La multiplicación de los centralismos, que sucedieron al de Madrid, de las distintas capitales de las Comunidades Autónomas, en muchos casos, están siendo más gravosos para el ciudadano y, a veces, más rechazados por viejas relaciones de vecindad.

Otros asuntos que han complicado el sistema son, entre otros:

La creación de tensiones entre las Comunidades Autónomas como consecuencia de las contradicciones derivadas de la aplicación del principio de solidaridad en abstracto por un Estado debilitado.

La coexistencia de distintos modelos políticos de sociedad, al poder ostentar el poder, en cada Comunidad, partidos políticos distintos y opuestos en sus programas.

La difícil compatibilidad con el proceso de integración en la Unión Europea, que supone transferencias hacia el exterior y no hacia regiones interiores.

La falta de realismo del modelo autonómico, basado más en deseos y postulados teóricos, en aspiraciones primarias populares, que en sólidos planteamientos, necesidades reales, estima popular, apoyo social, etc., salvo en casos aislados.

Si los peligros políticos que se asumieron al implantar las autonomías son considerables, mayores son las contradicciones y peligros de tipo económico. Ante todo, está el coste -el elevado coste- del Estado de las Autonomías, de sus diecisiete gobiernos, parlamentos y administraciones que se acepta como precio por una mejora de servicios y de la “mayor democracia”, que se siguen dando por supuestos.

El problema de la financiación, todavía sin resolver, ha acentuado los desequilibrios regionales y dificultado la redistribución de recursos y el desarrollo nacional.

El principio de unidad de mercado, del que tanto se habla sin concretarlo en prohibiciones estrictas, corre igualmente serios riesgos a medida que las disposiciones autonómicas comenzaron a proliferar.

Y las desventajas competitivas y los inconvenientes para los grandes proyectos nacionales de inversión con programas económicos de desarrollo autonómico y local, muchas veces, sin la coordinación más elemental.

Las anteriores razones son suficientes, a mi entender, para sostener una posición crítica con bastante fundamento y desapasionamiento, sin ideas preconcebidas y, por supuesto, sin querer sugerir una solución mágica como única alternativa.

Los riesgos apuntados (insostenibles, muchos de ellos), en mi opinión, son suficientes para plantear modificaciones legales de mejora (“reformas”).

Ser abogado.

El Premio Abogados de Novela se convoca, cada año, por el Consejo General de la Abogacía Española, la Mutualidad de la Abogacía y Ediciones Martínez Roca, del Grupo Planeta, con la intención de premiar una novela que ayude al lector a profundizar en los conocimientos del mundo de la abogacía y sus ámbitos de actuación, valores, proyección y la trascendencia social de su función. El primer libro, distinguido por este galardón, que leí fue “El jurado número 10”, de Reyes Calderón, que recibió el reconocimiento en el año 2013. Recuerdo que se trataba de una novela interesante, amena y especialmente divertida (en mi opinión ayuda que los personajes y el entorno sean locales); y, en este caso, también divulgativa pues da a conocer cómo funciona el jurado en nuestro sistema judicial.

“El abogado de pobres” fue la novela ganadora del Premio Abogados de Novela 2014. Ambientada en Jerez de la Frontera a mediados del siglo XVIII, su protagonista es un abogado de pobres que tiene que enfrentarse a varios casos de corrupción, robo y falsificaciones, abusos de poder y manipulación de la Justicia. En el más importante de ellos, estarán implicados algunos de los personajes más importantes de la ciudad. La figura del “abogado de pobres” es una figura que desaparece a finales del siglo XVIII en la medida que, en las grandes ciudades, se van creando los Colegios de Abogados que se encargan de defender gratuitamente a los pobres y desamparados, designando de entre sus colegiados a quienes por turno habrían de hacerse cargo de la defensa de esas personas sin posibles. Juan Pedro Cosano, abogado gaditano, personifica en Pedro de Alemán, el protagonista de su relato ganador, los rasgos de un jurista, adalid de la cultura y de los valores humanos. Excelente novela, muy recomendable. Asimismo, la novela ganadora del VI Premio Abogados de Novela (2015), “La mediadora” de Jesús Sánchez Adalid. La mediación como medio alternativo de solución de conflictos está de moda. Aunque, en mi opinión, es más antigua que el hilo negro… La Abogacía es una profesión pionera en la mediación como herramienta para alcanzar el consenso entre partes en conflicto ya que los abogados, mayoritariamente, llevamos siglos promoviendo la cultura del acuerdo. 

Durante la Feria del Libro de León, en la Librería Universitaria, me encontré con “El alma de la toga”; y ya su título me resultó tan sugerente, que me lo compré… Su autor, D. Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), tuvo una vida plena de responsabilidades profesionales y políticas. Fue Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, y del Ateneo de Madrid. Gobernador de Barcelona y Ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XIII. Diputado en varias legislaturas. En la II República fue Presidente de la comisión que elaboró la Constitución Española de 1931, y Embajador. Bien, pues después de una vida tan intensa, poco antes de morir, reconoció a sus amigos, en Buenos Aires (donde se exilió tras la Guerra Civil), que su mayor satisfacción fue ser abogado.

Años antes, en junio de 1919, en el apogeo de su profesión, escribió “El alma de la toga”. Un libro muy oportuno para quien se inicia en el ejercicio de la abogacía pues está repleto de sabios consejos fundamentados en su experiencia. A pesar de su brevedad trata muchos asuntos que invitan a pensar. Como cuando escribe sobre quién es Abogado, y la diferencia con el Licenciado en Derecho. La moral del abogado. Su sensibilidad, su cordialidad; el “desdoblamiento psíquico”. Su independencia. Según D. Ángel el mundo nos utiliza y respeta en tanto que tengamos “la condición del amianto”: poder y riqueza, fuerza y hermosura, todas las incitaciones, todos los fuegos de la pasión han de andar entre nuestras manos sin que nos quememos…Cuando habla sobre el sistema de trabajo, aconseja que antes de coger la pluma hay que estudiar los documentos y consultar libros. Y no confiar nunca en la capacidad de improvisación: el guion escrito es siempre indispensable. Aunque considera que todas las horas son buenas para trabajar, recomienda especialmente las primeras de la mañana (desde la seis hasta la diez) porque “antes de las diez de la mañana podemos dar al trabajo nuestras primicias y, después de la diez de la noche, no le concedemos sino nuestros residuos…”. Partidario del uso de la palabra en la resolución de conflictos: “se adelanta más en media hora de conversación que en medio año de correspondencia”. Sobre la oratoria forense hace recomendaciones sencillas pero muy prácticas, muy útiles para el ejercicio de la profesión, como cuando afirma que “la brevedad es el manjar preferido de los jueces…”. Defiende una oratoria breve, clara, concreta, cortés, amena y que cuide el léxico. Leer es esencial, también para un abogado. Cuando no se lee, nos recuerda, “viene el atasco intelectual, la atrofia del gusto, la rutina para discernir y escribir, los tópicos, los envilecimientos del lenguaje…”.

Me sorprende que trate asuntos que entonces eran de actualidad y que hoy, casi cien años después, lo continúen siendo como la especialización, el trabajo de los jueces (“hay mucha más abnegación y virtud de la que el vulgo supone”), la abogacía y la política, la “defensa de los pobres” (justicia gratuita), la función de los colegios profesionales o la utilización de la toga (“todas las apariencias tienen su íntimo sentido”). Personalmente me encantó esta frase: “Hay que estudiar, hay que leer, hay que apreciar el pensamiento ajeno, que es tanto como amar la vida, ya que la discurrimos e iluminamos entre todos”. Recomiendo la lectura de este libro. A mí me ha nutrido con puntos para pensar. Y me he divertido conociendo nuevas palabras como rábula, curialete, fuste, ganapán, petimetre o tresillista…jajaja. A pesar de los años transcurridos desde su primera edición (1919), mantiene su vigencia y, quizá por eso, “El alma de la toga” es reconocida como un verdadero clásico de la literatura jurídica.

Publicado en Diario de León el 23 de agosto del 2016: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/ser-abogado_1093723.html

Mentiras sobre el "Brexit".

Durante los últimos meses he seguido con atención las informaciones sobre el referéndum para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Un asunto con implicaciones, muy relevantes, de carácter político, económico y social para España. Y de mi interés como profesor asociado de Derecho Internacional Público.

En los primeros días del mes de junio estaba convencido del triunfo de los partidarios del “Brexit” pues así nos lo venían diciendo las encuestas durante el último año: 65/35, 60/40, 55/45… El rango de la diferencia era tema de debate, pero no había sondeo que les diera la razón a los británicos partidarios de permanecer en la Unión Europea. El asesinato de la diputada socialista Jo Cox cambió las tornas y así lo confirmaron, también, las casas de apuestas que, a diferencia de los institutos demoscópicos, cuando realizan pronósticos no sólo se juegan su prestigio sino, también, su dinero.

El 23 de junio me fui a dormir pasadas las once de la noche, cuando los medios daban por hecho que Gran Bretaña permanecería en la Unión Europea, cuando Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia, comenzaba a reconocer su derrota. A la mañana siguiente, la radio me sorprendía con la noticia que, durante la madrugada, se produjo el “sorpasso” y que el “Brexit” triunfó por 52 a 48… Desde entonces vivimos en un tsunami de opiniones habladas y escritas que, en muchas ocasiones, no es que no estén bien fundamentadas, sino que, sencillamente, son mentira.

Por ejemplo, no es cierto que este referéndum haya sido una iniciativa de “populistas”. Eso es no es verdad. El político responsable de la convocatoria de este referéndum es David Cameron, del Partido Conservador, miembro del Grupo del Partido Popular Europeo. El equivalente, en nuestro arco parlamentario, a Mariano Rajoy. Y se comprometió a convocarlo, durante la última campaña electoral, para intentar zanjar una cuestión que permanece viva en la sociedad británica, y muy especialmente entre los conservadores, desde el minuto uno de su incorporación a la Unión Europea, en 1973. Los británicos siempre han visto el proyecto político de “más Europa” como una amenaza a su sistema político, social y económico. Se incorporaron a la Comunidad Económica Europea, básicamente, por las ventajas que suponía para sus empresas, pero, en la medida en que el proyecto de unión europea de desarrollaba y concretaba en otras políticas, más allá de las económicas, el sentimiento de “euroescepticismo” volvía a reavivarse y a manifestarse en forma de protestas, vetos, reservas, y amenazas varias.  

Con el término “populismo”, a veces, se pretende etiquetar, descalificar, propuestas políticas que son razonables, aunque, eso sí, contrarias a los intereses del “establishment”. Además, en este caso, nos guste o no, el resultado cuenta con la inatacable legitimidad democrática que le otorga un 73% de participación ciudadana.

Otra. Ahora los europeístas británicos están promoviendo, en Escocia, otro referéndum pro independencia. El segundo en un año. En España, entre quienes lo aplauden y jalean se encuentran personajes que, sin ningún rubor, defienden una cosa y su contraria… Me explico. No es razonable -ni justo- desplegar un abanico de argumentos políticos, jurídicos, sociales a favor del derecho a decidir de los escoceses y, simultáneamente, negárselos a los independentistas catalanes. 

Por último. Perplejo escucho y leo las ocurrencias de una caterva de opinantes que me abruman con sus certezas sobre el día después, sobre lo que viene a partir de ahora. Mentira. Nadie lo sabe. La única previsión es el ya famoso artículo 50 del Tratado de la Unión, y poco más. La Unión Europea tiene regulado, hasta el más mínimo detalle, el procedimiento de ingreso porque, durante los últimos sesenta años sólo se han producido solicitudes de entrada, nunca, hasta ahora, de salida. Por tanto, el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, su calendario, los próximos pasos son una incógnita, sencillamente, porque nos encontramos ante la primera vez que un país miembro decide abandonarla. Y corresponderá a sus instituciones definir el cómo y el cuándo. 

El “Brexit” desata el pánico. En España, entre otras razones, porque un tercio de los activos internacionales de nuestros bancos están en el Reino Unido. O porque, muy probablemente, tendremos que aumentar nuestra contribución al presupuesto comunitario, en unos 900 millones de euros…En general, el pánico también tiene que ver con el riesgo de contagio. Porque más allá del temor a perder su libra, yardas y grados fahrenheit, los motivos de fondo que han llevado a los británicos a votar su salida, son razones políticas, con fundamento, y perfectamente extrapolables a otros países de Europa. Más allá de simplificaciones y reduccionismos los motivos de la catástrofe tienen que ver con la pérdida del encanto inicial del proyecto para la unión europea y un cierto hartazgo con los manejos de los burócratas del sistema.

Lo que está claro es que nada volverá a ser como antes; pero, eso, necesariamente, no tiene porqué ser negativo. La Unión Europea afronta el mayor desafío de su historia. Ahora es el tiempo de las respuestas claras e ilusionantes: hoy es siempre todavía.

Publicado, hoy, 11 de julio del 2016, en "Diario de León": http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mentiras-brexit_1083270.html