Hace unas semanas leí una noticia que llamó mi atención: En Japón, por primera vez en su historia, el año pasado, se vendieron más pañales para adultos que para bebés… En España, más temprano que tarde, viviremos una situación similar. Con nuestras actuales tasas de natalidad, dentro de medio siglo, cuatro de cada diez españoles tendrán más de 65 años. Más datos. Durante la próxima década, casi un 30% de las casas estarán habitadas por una sola persona y otro porcentaje similar, por dos.
Algunos expertos hablan de suicidio demográfico de España. No sé si será una exageración, pero, seguro, que este nuevo escenario -la combinación de envejecimiento y descenso de la población- supondrá una nueva estructura económica. Sin duda que es una buena noticia que la esperanza de vida de los españoles supere, ya, los 80 años de edad como también sucede en otras economías desarrolladas. Vamos hacia una sociedad con cada vez más jubilados, que vivirán más, y menos personas en edad de trabajar y, muchos de éstos, con contratos a tiempo parcial y contribuciones reducidas a la Seguridad Social. Y todo esto impactará de múltiples formas a nivel económico, social y presupuestario.
Perdemos población. Los datos del Instituto Nacional de Estadística marcan una tendencia común a todo el país pero que, en León, se hace más profunda que en la media nacional. Aquí, lo vemos todos los días, cada vez perdemos más población y la que queda está envejecida porque, además de caer la natalidad, los jóvenes se tienen que ir a otros lugares en busca de oportunidades de trabajo. Hace unos meses conocíamos el dato de que, en León, casi un 30% de los municipios no registran ningún nacimiento en el año y, sin embargo, casi todos, si registran vecinos fallecidos. O que los centenarios que residen en León se han duplicado en la última década. O que la provincia ha perdido más de ochenta mil habitantes durante los últimos cuarenta años. O que somos los terceros con más conductores mayores de 74 años.
España es ya uno de los países más envejecidos del mundo. Baja natalidad y aumento de la esperanza de vida aceleran el proceso de envejecimiento de la población española. Cada año nacen menos niños y se mueren menos habitantes. La población en edad de trabajar está disminuyendo y en el futuro se reducirá todavía más. A finales del siglo XIX, la expectativa de vida media era de poco más de 50 años; hoy es de más de 80. El sueño –la ilusión- de tantas generaciones de vivir hasta los 100 años, cada vez es una posibilidad al alcance de más personas. Jubilarse ya no es como la antesala de la muerte. Afortunadamente. Es decir, un menor número de trabajadores va a tener que sostener a un mayor número de jubilados. Ante este panorama surge una pregunta “incómoda” ¿quién pagará los programas de atención a dependientes, la sanidad, el gasto farmacéutico…?
Vamos camino de ser “un país de viejos”. Es importante hacer visible un problema que sólo perciben quienes la ven día a día: la muerte lenta de sus pueblos. Uno de los problemas más graves (y quizás menos atendidos) de España. Situación que hubiera sido más grave de no ser por la contribución de los inmigrantes durante los últimos años. Pero, como consecuencia de la crisis económica, cada vez llegan y permanecen menos inmigrantes en nuestro país. Esta situación es una “bomba de tiempo” que, si no se pone remedio, acabará explotando en forma de un insostenible gasto en sanidad, en servicios sociales y en pensiones. El desequilibrio demográfico obligará a cambios drásticos en el modelo de sociedad. Estamos condenando a la inviabilidad al modelo social que nosotros hemos heredado. Recuperar el crecimiento demográfico es fundamental para mantener muchas de las prestaciones de nuestro actual modelo económico y social.
El problema de la natalidad es acuciante y su resolución poco tiene que ver con factores ideológicos o partidistas, sino con una concepción responsable del futuro. La familia no es un asunto “estrictamente” privado. La negativa de muchas familias a tener hijos hace tambalear los fundamentos de nuestro Estado del Bienestar. Por tanto, urge impulsar las políticas de apoyo a la familia con incentivos económicos y con medidas que favorezcan –realmente- la tan proclamada conciliación laboral. El derrumbe de nuestra pirámide poblacional es el derrumbe de nuestro modelo de sociedad. Aquí está la gravedad y la urgencia.
La crisis económica –y la inestabilidad social- ha retrasado y desincentivado la maternidad. Muchas mujeres la retrasan a la espera de mejores condiciones que, a veces, nunca llegan y, si llegan, es a una edad tardía para tener y educar a un hijo. Para muchas mujeres supone una tensión entre el reloj biológico y la coyuntura económica. Las buenas prácticas de algunos países como, por ejemplo, algunos del norte de Europa, señalan que se puede revertir la tendencia incidiendo sobre las condiciones que favorecen y protegen la maternidad: permisos a compartir entre ambos padres, guarderías asequibles y reducción de la jornada laboral por crianza, entre otras, son algunas de las medidas que han demostrado ser eficaces.
O los incentivos para favorecer el asentamiento de nuevos habitantes en el mundo rural. La verdad es que muchos estamos cansados de escuchar hablar de medidas que o no se concretan, o no son suficientes, o no son adecuadas o, sencillamente, “no son” porque no pasan de ser unas conclusiones de un estudio (“el papel lo aguanta todo”). En fin, urge impulsar políticas orientadas a favorecer la sostenibilidad de las cuentas públicas y el mantenimiento de los pilares de nuestro Estado del Bienestar. Tomar conciencia de este problema es una cuestión de Estado. Y cuestión de Estado quiere decir que todos los partidos políticos, sin excepción, deberían ponerse de acuerdo a la hora de fijar políticas que permitan si no atajar esta sangría poblacional, al menos, cambiar la tendencia. Por el bien de todos.
