Pensando en el interés general convendría revisar algunas de las leyes que regulan el paso de un cargo público a la empresa privada, popularmente denominado “puerta giratoria”. Una expresión, lamentablemente de moda, para definir el aprovechamiento de lo público en beneficio de lo particular.
Por ejemplo, los departamentos fiscales de los bufetes de abogados siguen nutriéndose de altos cargos de Hacienda, en concreto, de inspectores y abogados del Estado expertos en materia tributaria que han estado defendiendo los intereses recaudatorios de la Administración, y han participado en la redacción de leyes y resoluciones fiscales. Profesionales especializados en ámbitos tan específicos como investigación de fraude, regulación o blanqueo de capitales que, en cuestión de semanas, pasan de-estar-aquí-a- estar-allá… O de ser el responsable de supervisar a bancos a trabajar para ellos. Estos profesionales están siempre solicitados, pero es, en los momentos finales de cada legislatura, cuando muchos buscan una salida en este tipo de despachos. Más: hace tiempo que supimos que abogados del Estado, en excedencia, asesoraban a fondos extranjeros en arbitrajes planteados contra España por los recortes a las renovables. Estos funcionarios no tienen incompatibilidad en la excedencia y pueden reingresar en la Administración sin grandes restricciones.
Este trayecto de algunos funcionarios y políticos del mundo privado al público, y viceversa, con billete de ida y vuelta, suele provocar -lógicamente, desconfianzas. Por ejemplo, un funcionario de la Agencia Tributaria que, durante los últimos diez años, ha trabajado como responsable de la inspección de grandes contribuyentes y que, de un día para otro, pide una excedencia y comienza a trabajar en un despacho de los que asesoran a los “grandes contribuyentes” en sus litigios con Hacienda… Sin duda, los “puertas giratorias” reportan beneficios a las empresas que los contratan. Y perjuicios para-el-común-de-los-mortales: pensemos en la costosa inversión del Estado, durante años, en la formación y desarrollo de sus altos funcionarios para que luego las empresas privadas se aprovechen de su madurez profesional.
En la Unión Europea, en España, hay casos documentados de cómo compañías de sectores regulados se han visto favorecidas por decisiones administrativas que han sido generosamente recompensadas a sus responsables con sillones de consejeros en estas empresas. Unos cuarenta políticos que han desempeñado importantes responsabilidades (presidentes del Gobierno, ministros, diputados, senadores, presidentes de Comunidades Autónomas, embajadores…) son -actualmente- consejeros de las empresas más importantes de España. Y aunque hay varios estudios que lo demuestran, no hay nada mejor que observar como las empresas que anuncian el nombramiento de antiguos diputados o senadores o altos funcionarios, experimentan una subida de su cotización bursátil.
El cinismo y el desparpajo de algunos no tiene límites cuando se les pregunta sobre el conflicto de intereses: no existe tal porque me dedico a dar una perspectiva sobre cuestiones que afectan a la economía global… Genial, qué manera de retorcer el lenguaje. Este “tránsito” es especialmente delicado en sectores regulados donde las decisiones empresariales se toman por los subordinados, amigos o compañeros del nuevo consejero. No siempre es así, pero hay casos, demasiados casos, en que determinadas designaciones responden a favores, influencias, o también, al pago de fidelidades internas.
Este fenómeno requiere de una mejor regulación. Mucho más restrictivo en determinados ámbitos como, por ejemplo, en Justicia. Una mayor transparencia para combatir los excesos que se han producido, que son demasiados… Política y Justicia deben permanecer prudentemente separadas de modo que no sean necesarios actos de fe sobre la rectitud de las personas implicadas. No se trata de descender al detalle de situaciones personales sino de tomar conciencia sobre la necesidad de fijar unas reglas generales que no permitan que, por ejemplo, un juez que entra en política (ya sea en una candidatura, ya sea en un cargo de confianza) pueda volver, sin más, al servicio activo. En Estados Unidos, por ejemplo, una vez que se deja la judicatura para entrar en la empresa privada se pierde cualquier tipo de derecho sobre la plaza. Y si, alguien quisiera a regresar a la carrera judicial, tendría que volver a opositar. No como aquí que arriesgo-pero-sin-arriesgarme.
Cuando estos asuntos generan “ruido mediático”, hay quienes se apresuran a crear órganos u oficinas para regular los posibles conflictos de intereses. Y la vida sigue igual porque quienes elaboran los dictámenes no suelen ser personalidades independientes sino subordinados del político de turno. Lo razonable sería que nadie que haya estado en cargos públicos (del nivel que estamos considerando) pueda estar luego en empresas o sectores regulados, al menos, en los cinco años siguientes a abandonar el cargo. Una incompatibilidad de dos años no es suficiente. Si los mandatos son de cuatro años, al pasar dos, hay gente conocida que todavía permanece. Y, además, aunque esto, en cierto modo, se sale del tema, el problema de fondo es que muchos políticos ganan más, a veces mucho más, de lo que ganaban antes. Y esto es la madre de muchos corderos… Y todavía más leña para este fuego: una gran parte de nuestros políticos, con responsabilidades a todos los niveles, sólo sabe o puede vivir de la política.
Urge clarificar (“hacer transparente”) la red de relaciones entre los grupos económicos y el poder político. Hay empresas, sectores completos, que su cuenta de resultados depende, a menudo, más de las decisiones de lo público que de su propia gestión. Se trata de una cuestión de higiene democrática.
Publicado, hoy, domingo, 8 de enero del 2017, en "Diario de León":
