@MendozayDiaz

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lunes, 6 de agosto de 2018

España sin barreras.

En los últimos años, el funcionamiento de las democracias en muchos países occidentales ha experimentado un creciente proceso de deslegitimación que afecta especialmente a sus instituciones representativas. Este impacto de la pérdida de legitimidad del paradigma representativo se ha sentido especialmente en las instituciones de los diferentes niveles de gobierno. Son muchos los estudios que inciden en la relación positiva existente entre la descentralización del poder y la calidad democrática de las sociedades, al atribuirse en términos generales a esa descentralización una mayor eficiencia en la organización administrativa, considerando igualmente la división vertical de poder como un garante adicional de la protección del individuo ante abusos de poder. En la práctica, la experiencia comparada muestra que todos los países políticamente descentralizados tienen un sistema político democrático mientras en los países autoritarios tiende a suprimirse la autonomía regional, así como la separación de poderes. 

Eso no quiere decir, como resulta evidente, que no pueda haber, como de hecho los hay, Estados unitarios o fuertemente centralizados, que sean perfectamente democráticos: el ejemplo de Francia es paradigmático. Ahora bien, lo que cuesta mucho más es encontrar un Estado autoritario o totalitario (no democrático) en el que exista una verdadera -no solo aparente- división vertical del poder. Sobre estos asuntos acabo de leer el libro “Calidad democrática y organización territorial” (Editorial Marcial Pons) que recoge algunos de los trabajos presentados en el congreso internacional celebrado el año pasado en el Centro Asociado de la UNED-Calatayud. Esta publicación parte de este debate y pretende analizar el rendimiento de las instituciones democráticas en los Estados, su regulación y las formas de interacción entre los diferentes niveles de gobierno.

Quienes discrepamos de la actual configuración del sistema de ordenación territorial no somos, sin más, unos retrógrados centralistas. Las posiciones críticas tienen, en la mayoría de los casos, unos fundamentos que conviene conocer y debatir. El gran problema de los separatismos y nacionalismos exacerbados tiene su origen en la introducción del término “nacionalidades” en la Constitución Española de 1978, sin definir su contenido ni señalar su identidad. La multiplicación de los centralismos, que sucedieron al de Madrid, en muchos casos, están siendo más gravosos para el ciudadano y, a veces, más rechazados por viejas relaciones de vecindad. Otros asuntos que han complicado el sistema son, entre otros: la creación de tensiones entre las Comunidades Autónomas como consecuencia de las contradicciones derivadas de la aplicación del principio de solidaridad en abstracto por un Estado debilitado; la coexistencia de distintos modelos políticos de sociedad, al poder ostentar el poder, en cada Comunidad, partidos políticos distintos y opuestos en sus programas; la difícil compatibilidad con el proceso de integración en la Unión Europea, que supone transferencias hacia el exterior y no hacia el interior; la falta de realismo del modelo autonómico, basado más en deseos y postulados teóricos, en aspiraciones primarias populares, que en sólidos planteamientos, necesidades reales, estima popular, apoyo social, etc., salvo en casos puntuales.

Si los peligros políticos que se asumieron al implantar las autonomías han sido considerables, mayores son las contradicciones y peligros de tipo económico. Ante todo, está el coste -el elevado coste- del Estado de las Autonomías, de sus diecisiete gobiernos, parlamentos y administraciones que se acepta como precio por una mejora de servicios y de la “mayor democracia”, que se siguen dando por supuestos. El problema de la financiación, todavía sin resolver, ha acentuado los desequilibrios regionales y dificultado la redistribución de recursos y el desarrollo nacional. El principio de unidad de mercado, del que tanto se habla sin concretarlo en prohibiciones estrictas, ha corrido igualmente serios riesgos a medida que las disposiciones autonómicas comenzaron a proliferar. Y las desventajas competitivas y los inconvenientes para los grandes proyectos nacionales de inversión con programas económicos de desarrollo autonómico y local, muchas veces, sin la coordinación más elemental. En fin, la técnica de legislación básica estatal y legislación autonómica de desarrollo se ha manifestado a lo largo de los años como un foco constante de conflictos entre el Estado y las Comunidades autónomas, que ha tenido que resolver el Tribunal Constitucional, lo que ha situado a este órgano, en más ocasiones de las deseables, en el centro de la disputa político-territorial, con las perniciosas consecuencias que ello ha acarreado desde el punto de vista de su legitimidad, y, lo que es peor, de cara al mantenimiento de su imagen pública de imparcialidad e independencia.

Las anteriores razones son suficientes, a mi entender, para sostener una posición crítica con bastante fundamento y desapasionamiento, sin ideas preconcebidas y, por supuesto, sin querer sugerir una solución mágica como única alternativa. Además, todos estos acontecimientos han contribuido, en parte, a incrementar el fenómeno de desafección democrática derivado de la dificultad o práctica imposibilidad que muchos ciudadanos tienen para identificar quién es de qué responsable, dadas las deficiencias de nuestro reparto de competencias: por ejemplo, las dificultades y molestias que -en estas fechas- muchos españoles están sufriendo para poder ser atendidos en-cualquier-lugar-de-España con su tarjeta sanitaria. Los riesgos apuntados -insostenibles, muchos de ellos-, en mi opinión, son suficientes para plantear modificaciones legales de mejora: “reformas”. Urge un modelo de organización del territorio para ciudadanos libres e iguales, una España sin barreras.

Publicado en "Diario de León" el lunes 6 de agosto del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/espana-sin-barreras_1268273.html

viernes, 3 de agosto de 2018

El techo de gasto.

Hay que ver la que se ha montado porque el Gobierno de Pedro Sánchez quería elevar el techo de gasto. Se puede -o no- estar de acuerdo, pero lo que llama la atención es que los mismos que se-rasgan-las-vestiduras por esta propuesta permanecen ausentes o, como suele decirse, se-ponen-de-perfil ante esta noticia, también de estos días: el rescate de las cajas de ahorro y autopistas de peaje tiene un coste no presupuestado que desviará el déficit de las administraciones públicas. Más deuda. En concreto, en las cuentas públicas ha habido un aumento de pagos del Fondo de Garantía de Depósitos de 1.700 millones de euros para -en expresión poética del lenguaje cortesano- cubrir el esquema de protección de activos de un par de antiguas cajas de ahorro. En lenguaje llano y claro: seguir pagando con-dinero-de-todos-los-españoles los desmanes de unos gestores que, en la mayoría de los casos, todavía no han asumido ninguna responsabilidad. Y, por el lado de las antiguas autopistas de peaje, la Administración ha tenido que hacer frente al coste de la responsabilidad patrimonial del Estado que ha supuesto 1.800 millones de euros. Más excreciones del “capitalismo de amiguetes”. Es destacable el cinismo de los habituales defensores de la economía de mercado, del control del déficit público que, en este caso, no tienen ningún tipo de escrúpulos en solicitar la intervención del Estado y su responsabilidad ante los miles de millones de pérdidas. El viejo discurso de privatizar las ganancias y nacionalizar las pérdidas.

En estas semanas de presentaciones de resultados empresariales vemos como los bancos ganan mucho dinero. Una buena noticia. Y van a seguir haciéndolo porque tras el expolio y desaparición de las cajas de ahorro es muy relevante analizar cómo ha quedado el mapa bancario español. Donde antes había más de cincuenta entidades ahora han quedado algo más de diez, y grandes, que son las que se acaban llevando el grueso del negocio, la banca comercial. Mismo pastel, menos comensales: más dinero. Por tanto, la propuesta socialista de impuesto a la banca es razonable, opinable. Y me parece una-salida-de-tono el anuncio de un banco -en lenguaje cortesano, otra vez- de que se replantearía su estructura legal si se aplican ciertos impuestos. En fin, que amenazan con cambiar su sede social a otro país. Otra “deslocalización”. A río revuelto ganancia de pescadores.

La llamada riqueza financiera ha resistido mejor los embates de la crisis. Y ello sin considerar los generosos rescates. Año tras año, en torno al setenta por ciento de los ingresos provienen de nóminas; y los ingresos declarados por los trabajadores superan a los declarados por los empresarios. Muchas empresas, grandes empresas, se quejan de los elevados que son los tipos impositivos de su sistema fiscal (el 25, el 30, dicen) pero, a la hora de la verdad, muchas de ellas, casi todas, sólo pagan el 5% y ello porque tienen privilegios para no pagar impuestos a través del exclusivo mundo de los agraciados por las exenciones fiscales. La progresividad únicamente surte efecto para quien depende de una nómina. Los ricos pueden refugiarse en la “ingeniería fiscal” o amenazar con trasladar su fortuna si les tocan sus privilegios.

La progresividad fiscal entronca con valores democráticos como la solidaridad y la equidad. De la justicia del sistema fiscal dependen, también, el equilibrio de toda la sociedad, el desarrollo económico y cultural, la potencia militar y científica y la eficacia de los servicios públicos. Se produce una aproximación entre los ciudadanos (el impuesto progresivo es un arma contra la desigualdad injusta), y, en fin, la sociedad se hace con la masa de recursos necesarios para llevar a cabo servicios y prestaciones que, muy especialmente, benefician a los económicamente más débiles, ya que, proporcionalmente, su economía y bienestar son los más favorecidos. Cuando hablamos de igualdad esencial nos inclinamos, sin querer, a cierta tergiversación o prostitución del concepto; algo así como si dijéramos en lo esencial somos iguales, claro es, pero lo demás es otra cosa. Y no es así. Es otra la interpretación. Lo esencial es ser hombre y si esto se da, como se da, tan sustancial identidad -que nos delimita frente a todos los demás seres o criaturas- hay que ajustar las relaciones humanas de tal modo que se evite la deshumanización a causa de la desigualdad: la de unos, víctimas de su pobreza, la de otros, enredados en su demasía. Dicho en otras palabras: la igualdad en lo esencial reclama menos desigualdad en las circunstancias vitales. Aclaro: esta última reflexión no está inspirada en Castro, Maduro, Iglesias Turrión sino en el Gran Juan Pablo II. Por si acaso.

Ya está bien de esta ceremonia de la confusión. Viejas melodías interpretadas con otro ritmo. "Liberal" y "social". He aquí dos vocablos pavorosamente preñados de significaciones y, al mismo tiempo, desgastadísimos por un abuso secular. La demagogia y la mentira prenden con mucha facilidad en situaciones como la que actualmente atraviesa España. Estoy con quienes trabajen por una sociedad democrática y libre en que todas las personas nos esforcemos por vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades.

Publicado el miércoles 1 de agosto del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/techo-gasto_1267184.html

domingo, 15 de julio de 2018

La moda de la suciedad.

Otro año -como cada año- por San Juan, hemos visto cómo la generación-más-preparada-de-nuestra-historia (no sé si reír o llorar) deja las orillas de nuestro Bernesga después del llamado botellón. Los mismos angelitos que durante el año te miran feo si te equivocas al depositar en una papelera una botella en el lugar del papel o donde la basura orgánica. Hipócritas. Nos molestamos cuando un perro defeca y su dueño no lo recoge, pero nada decimos cuando esos miles de bárbaros defecan y más junto al río, en las calles y en-los-portales-de-los-edificios-cercanos… O solicitamos a las administraciones más campañas para prevenir a los adolescentes de los males del alcohol y de las drogas, y, sin embargo, en esas “fiestas” son miles los menores de edad que, ante la pasividad de sus padres y autoridades, se ponen hasta el chongo. Lamentablemente no se trata de un hecho puntual. Inmensa desgracia de nuestro tiempo: haber separado, en todos los grados, instrucción y educación. Se comenzaba por enseñar, junto con el alfabeto y la tabla de multiplicar, las formas externas de respeto, la educación y el porte. Cometer una falta, mancharse la ropa o tirar un papel al suelo acarreaba los mismos reproches. Instrucción y educación no se separaban. Durante mucho tiempo fue así. Se iba a la escuela no sólo para aprender a leer, sino para aprender a vivir. 

Las formas son mucho más que usos del “saber vivir”. También son la expresión del derecho de una sociedad. No hay sociedad sin derecho, ni derecho sin formas. El universo, que en su principio no era más que energía y fuerzas, evoluciona poco a poco por el soplo de la vida, luego por el impulso del pensamiento y de la libertad humana, hacia formas cada vez más sueltas y delicadas. Sucede lo mismo con el mundo social. Inicialmente sólo hay fuerzas, instintos, poderes y violencias. La violencia se detiene mediante el acuerdo, la fuerza por la forma. Molestan las formas -las convenciones- porque ponen trabas al libertinaje, porque nos obligan a mantener nuestros compromisos, porque nos constriñen a respetar a los demás; en resumen, nos exigen esfuerzo y disciplina. 

Toda regla impuesta desde fuera, toda tradición, conveniencia, etc., se considera doblemente insoportable: como obstáculos a la expansión de la propia personalidad y como artificial expresión de estructuras sociales de otra época. Mentiras, tabúes y engaños infantiles de una sociedad podrida. Un peso enorme de tradiciones, de molestias, de impedimentos, que -dicen- traban la marcha del progreso, la liberación del reino de lo inútil. Libres, adultos, exentos de toda moda, seguís la más baja: la del desharrapado, la de la mugre y la suciedad. Cuando hayáis quitado todo velo, todo pudor, todo símbolo, toda poesía, ¿qué quedará del hombre? Un mono desnudo. Pues bien, el mono no es solamente la impudicia, sino, también es crueldad. En realidad, bajo esta batalla de las formas, lo que subrepticiamente libráis es un combate de fondo: tan cierto como que el fondo y la forma son inseparables.

No hay, ni nunca ha habido, ni habrá jamás en toda la historia del hombre, progreso moral sin esfuerzo. Un hombre que se da aires de bruto tendrá muy rápidamente costumbres de bruto. Lo exterior implica lo íntimo. Como le gusta recordar a mi amigo Mariano: quien no vive como piensa, terminará pensando como vive. Y si la educación, la evolución, el progreso exigen siglos, la degradación es una caída sin obstáculos. Es infinitamente más fácil ser ineducado que educado: no responder oportunamente los correos que responderlos, quedarse sentado que ceder el sitio, ser grosero que excusarse, no peinarse que peinarse, ser sucio en lugar de limpio. Es infinitamente más fácil escribir “como un cerdo” que cuidar el estilo, practicar el manchismo -con ene- que el arte figurativo. Muchos adoptan la moda de la vulgaridad por despecho de no poder alcanzar la de la distinción. Lo mismo suele pasar con el desprecio a los buenos resultados académicos.

Seguramente estoy esquematizando. Gracias a Dios, aún existen numerosas, magníficas excepciones. La cuestión estriba en saber si esas excepciones, que quizá todavía sean mayoría    -pero, en cualquier caso, mayoría terriblemente silenciosa-, volverán a tomar la palabra, o si se dejarán contaminar y resbalar poco a poco por la fácil pendiente de la decadencia de las formas, pues la caída es rápida. Es muy fácil rechazar todo modelo y hacerse sin esfuerzo el modelo propio. Es muy fácil proclamar que el hombre es naturalmente bueno y hacer recaer sus faltas sobre la sociedad. El esfuerzo es difícil. El respeto del hombre, el sentido del prójimo, la noción de dignidad de la persona humana constituyen la-ética-de-las-formas. No hay progreso social sin elevación, ni elevación sin educación. Las mismas palabras lo dicen: “e-ducere”, elevar, tirar hacia arriba. 

Publicado en "Diario de León" el jueves 12 de julio del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/moda-suciedad_1262807.html

martes, 5 de junio de 2018

Delitos en las redes sociales.

Mostrar alegría por la muerte de un personaje público, desear el fallecimiento de alguien, o el peor de los destinos, por sus ideas, por sus gustos; amenazar, más o menos veladamente, a una persona, con un mal más o menos concreto; defender diferentes formas de violencia por razón de etnia, religión o género; incitar a realizar actos violentos o injustos contra otros; mostrar imágenes desagradables, ofensivas o violentas y burlarse de quienes son humillados en ellas; transmitir ideas extremistas y defender ideologías intolerantes. Ninguna de estas conductas es originaria ni exclusiva de las redes sociales, pero así lo parece, dada su proliferación en alguna de ellas, la exagerada alarma social que ha generado y el número de resoluciones judiciales que las han enjuiciado en los últimos años. Por ejemplo, sólo los procesos judiciales por delitos de terrorismo relacionados con internet y las redes sociales han aumentado significativamente en España en los últimos años, pasándose de apenas un par de resoluciones en 2010 a más de 35 en 2016. Todo un tema que me dado para pensar, sobre todo, después de leer el libro “Cometer delitos en 140 caracteres. El Derecho penal ante el odio y la radicalización en internet”, una obra colectiva dirigida por Fernando Miró, catedrático de Derecho penal de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Es verdad que Internet en general, y las redes sociales en particular, desempeñan un importante papel de difusión de mensajes extremistas y de odio. También lo es que, por ejemplo, Twitter se haya convertido en un medio muy claramente enfocado hacia la crítica política e ideológica. Preocupación tanto por la potencial proliferación en el ciberespacio de contenidos que niegan valores esenciales para la convivencia social, como por la tendencia consistente en pretender enmudecer, por medio del Derecho penal, dichas expresiones y mensajes por su supuesta potencial capacidad para causar daños o por su carácter ofensivo para los demás. Tan peligroso es para una sociedad democrática la difusión del odio y el extremismo como la uniformidad de pensamiento y el silenciamiento del debate público. Es-para-ayer la actualización del significado de la libertad de expresión en la era de las redes sociales y, en particular, no caer en la tentación de utilizar el sistema penal para acallar el debate político o las opiniones desagradables o intolerantes.

La libertad de expresión, especialmente aquella que tiene que ver con la expresión de ideas políticas, no es un derecho cualquiera sino uno de los que fundamenta nuestro Estado Social y Democrático de Derecho (“derechos fundamentales”), y solo una afectación de la dignidad personal debería permitir la intervención del Derecho penal. Así, por ejemplo, la libertad ideológica o de expresión no pueden ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su humillación. No se trata de penalizar el chiste de mal gusto, sino que una de las facetas de la humillación consiste en la burla, que no se recrea con chistes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino bien concreto y referido a unas personas a quien se identifica con su nombre y apellidos. Se persiguen conductas especialmente perversas como es la injuria o humillación a las víctimas, incrementando el padecimiento moral de ellas o de sus familiares y ahondando en la herida que abrió el atentado terrorista.

La diversidad cultural inherente a las actuales sociedades multiculturales es tanto fuente de riqueza como de conflictos sociales. Es un hecho innegable, en efecto, que la coexistencia de diferentes comunidades con divergentes visiones del mundo, enfrentadas tradiciones culturales y religiosas y diferentes prácticas y costumbres, constituye en ocasiones un foco de importantes tensiones en la convivencia. Un Estado liberal y democrático no puede imponer a sus ciudadanos ninguna convicción determinada, y en consecuencia pueden pensar y tener las motivaciones que quieran. El Estado le deja creer libremente, pero, en contrapartida, le exige que-se-comporte- conforme-a-Derecho. La libertad de expresión debe amparar no sólo las ideas recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también las que hieren, chocan o inquietan: así lo exige el pluralismo y la tolerancia, principios básicos en una sociedad democrática. No podemos castigar la mera expresión de una ideología política, aunque ésta sea antidemocrática. El discurso del odio está sirviendo para justificar restricciones al derecho a la libre expresión y a la libertad ideológica. El Tribunal Supremo se ha mostrado crítico con el propio concepto de discurso del odio al que ha calificado de “equívoca locución”. Opinión-de-un-opinante: considero incompatibles estos preceptos con la libertad de expresión, no sólo porque ideas u opiniones puedan ser criminalizadas según cómo se las interprete, sino porque la indeterminación de que puedan -o no- ser objeto de persecución penal disuade respecto al ejercicio legítimo de algunos derechos fundamentales.

Importante: la lucha contra el discurso del odio no puede quedarse en el terreno estrictamente jurídico. Todos los ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad siendo tolerantes frente a aquellas ideas y opiniones que nos parecen equivocadas y/o injustas; estando dispuestos a hacer uso de nuestra libertad de expresión para combatirlas argumentalmente; y, finalmente, con compromiso cívico en la lucha contra la impunidad verbal. Importancia de exigir la verdad y el respeto a cualquier persona, que se traduce -en todo caso- en evitar el insulto gratuito en sus más variadas manifestaciones. Toda persona debe responsabilizarse de aquello que afirma.

Publicado en "Diario de León" el domingo 3 de junio del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/delitos-redes-sociales_1253801.html

lunes, 30 de abril de 2018

Mil a uno.


Hace unas lunas leí en “Diario de León” que “Las cajas vendieron mil millones en preferentes y les costó uno de multa”. Y continuaba la noticia informando de la comparecencia de D. Julio Segura Sánchez, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la comisión de investigación de las cajas que tiene lugar en las Cortes de Castilla y León. Es otro ejemplo más del negativo papel que algunos políticos han jugado en los consejos de administración de las antiguas cajas de ahorros. Los dirigentes autonómicos las utilizaron, muchas veces, como suministro de dinero con el que financiar sus proyectos, con el resultado que conocemos: la mayoría han tenido que ser rescatadas por el Estado. La reestructuración del sector ha costado más de cien mil millones de euros, entre inyecciones de capital, esquemas de protección de activos y ayudas al banco malo que se quedó con los inmuebles casi invendibles. Esa cantidad equivale -aproximadamente- al 10% del PIB. Recuerdo haber leído cómo el ex director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Mariano Barbacid, se lamentaba -con razón- imaginando lo que se podría haber hecho con ese dinero si se hubiera aplicado a un plan para fomentar la ciencia.

Las decisiones bancarias tienen que ir unidas a responsabilidades. La cuestión de fondo es garantizar que las sanciones a este tipo de irregularidades tengan un real efecto disuasorio. La multa a las grandes corporaciones suele ser siempre menor que los beneficios que obtuvieron con la infracción. Mil a uno, en este caso… Un sistema de castigo más eficaz. Proporcionalidad. Sin responsabilidad, privada y pública, no puede existir lo que llamamos civilización. La actual crisis económica pone de manifiesto la diferencia que existe entre el libre mercado y el capitalismo financiero desregulado. Las bondades de la liberalización son claramente cuestionables. Los mercados no se autocorrigen. Esto ha quedado más que demostrado.

Es muy relevante analizar cómo ha quedado el mapa bancario español. Donde antes había más de cincuenta entidades ahora van a quedar algo más de diez, y grandes, que son las que se acaban llevando el grueso del negocio, la banca comercial. Mismo pastel, menos comensales. Tiene demasiados riesgos un modelo de excesiva centralización, es decir, que vayamos hacia una situación con solo grandes bancos. La experiencia nos ha demostrado que la diversidad, la dispersión y el reparto de riesgo son buenos para el sector bancario. Cuanto más grandes sean los grupos internacionales, mayor será el riesgo de tener otra gran crisis financiera. Sería preferible un modelo con un carácter más local, donde cada banco se centrara en su región y esto nos permitiera tener riesgos más manejables.

Los bancos y las actividades bancarias se basan en la confianza. Pero mientras que la confianza tarda años en establecerse, puede desmoronarse abruptamente si la ética de un determinado
banco es débil, si sus valores son pobres y si su comportamiento es decididamente erróneo. La banca es el corazón del sistema en que nos ha tocado vivir. Por eso, hay que revisarlo continuamente, sobre todo cuando las pulsaciones se aceleran. ¿Cómo se siguen vendiendo los productos financieros? ¿Cuál es el comportamiento de los comerciales de la banca de proximidad? ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de que nunca más, al menos en España, se volverán a otorgar préstamos a personas que nunca deberían haberlos recibido? ¿O vender al cliente un activo sospechoso y poco comprensible? La crisis de los últimos años ha generado una profunda reforma de la regulación financiera, cuyos objetivos son sumamente razonables: un mejor control de los riesgos en los bancos, un menor contagio de las crisis y, en el caso de que estas se produzcan, mecanismos para hacer frente a las pérdidas sin necesidad de recurrir al dinero de los contribuyentes. Una de las líneas de reforma pendiente es la separación de actividades entre la banca minorista y mayorista, evitando que el dinero de los depositantes financie las actividades
más arriesgadas. El excesivo riesgo de los bancos debe controlarse mediante la regulación de capital y liquidez, así como, sobre todo, una adecuada supervisión.

Muchos ciudadanos están hartos. Cómo es posible que, según informes del Tribunal de Cuentas, varios partidos políticos estén en quiebra, con la de miles de millones de euros que han recibido. Y lo más inquietante cómo pretenden gobernar España cuando no saben gobernarse ellos mismos. Así nos va. Muchos ciudadanos quieren transparencia, saber qué se hace con su dinero, con el de sus impuestos, en qué se gasta. Se tiene una generalizada sensación de que cada día se paga más, pero, sin embargo, empeora la enseñanza, la sanidad y todo aquello que podría ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. La venta de una –sólo una- de las cajas intervenidas ocasionó tantas pérdidas como el recorte en educación. Un informe de Cáritas nos recordaba que ayudar a los hogares sin ingresos costaría unos 2.600 millones de euros, mucho menos de lo que nos está costando salvar a las empresas de autopistas…. Y eso a mucha gente no nos parece razonable. Hay otras formas, alternativas, de hacer las cosas. La economía no puede funcionar si el sistema político no funciona. La política necesita aire fresco y sabio. Y esto no es cuestión de edades sino de ideas.


Publicado en "Diario de León" el domingo 29 de abril del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mil-uno_1245198.html

Cómo combatir la corrupción.

La experiencia de las sucesivas crisis financieras ha llevado a una práctica generalizada por la que, para evitar graves males sociales y proteger a los ahorradores, en caso de quiebra bancaria se garantizan los depósitos. Esta garantía puede convertirse en un incentivo para adoptar prácticas financieras cada vez más arriesgadas, dado que el sistema acudirá al rescate en caso de quiebra: “si sale bien, gano yo; si sale mal, pagas tú”. España, al borde la quiebra, fue obligada a modificar el artículo 135 de su Constitución para garantizar a los acreedores de deuda pública el pago prioritario del capital e intereses.

Diseño de productos financieros complejos -como las titulizaciones- sobre la base de un producto tan sencillo y de interés social como las hipotecas para acceder a la primera vivienda. Conflictos de interés -por ejemplo- entre las entidades de crédito y las sociedades de tasación, muchas de las cuales estaban participadas total o mayoritariamente por aquéllas. Falta de control de los movimientos y de los complejos productos de la novedosa ingeniería financiera, la ausencia de una adecuada valoración del riesgo, y la búsqueda de beneficios a corto plazo basados en una industria financiera sobredimensionada. Lo que comenzó manifestándose como una crisis financiera y causó graves problemas en el conjunto de la economía, está siendo objeto (todavía hoy) de innumerables análisis acerca de su verdadera naturaleza y alcance. Unos apuntan, razonablemente, a una crisis del modelo de economía, de crecimiento, y de gobierno, de ámbito global. Muchos de ellos señalan las implicaciones éticas, antropológicas y culturales de la crisis. 

Mirando alrededor vemos también el difuso desorden que es la injusticia, y lo que es peor, lo llegamos a mirar con una mirada que se está acostumbrando a aceptar que entre hombre y hombre pueda existir tanta desigualdad. Con gesto relativamente resignado decimos que el camino de la justicia es un camino muy difícil, casi impracticable: lo que podía ser una pasión permanente por la justicia se sofoca dentro de nosotros y se olvida como si fuera la pretensión de algunos locos idealistas. Porque ese difuso desorden que nos rodea termina haciendo que se embote en nosotros la sensibilidad para lo humano, la sensibilidad para la justicia.

Oímos que se dice que hay que formar a los hombres para prepararlos para el “mercado”; que es necesario que el hombre reciba una formación con vistas a su adaptación al mundo de las empresas, a sus procesos de negocio. También se dice que tenemos que acomodar nuestra conducta para someterla a las leyes de la economía. La economía tiene unas leyes de un cierto carácter inexorable, y hace falta que cada uno de nosotros disponga su comportamiento para que ese comportamiento no lesione esas leyes, leyes frecuentemente alejadas de los que podrían ser los verdaderos deseos y las verdaderas necesidades del hombre. Con frecuencia, con mucha frecuencia, nos acostumbramos a estas expresiones, que llevan en sí un desorden.

Una buena parte de nuestros dolores más habituales son dolores del alma. Y provienen probablemente de desórdenes interiores; del desequilibrio, por ejemplo, entre la mente y el corazón, que se da cuando alguien conoce mucho o ha leído mucho sobre el amor y… no ama; cuando alguien ha leído mucho de las espléndidas posibilidades de la amistad y no tiene amigos... Además de ese desequilibrio entre mente y corazón, puede haberlo también entre la inteligencia y la conducta, y también una falta de acuerdo entre la conciencia y la vida. Hoy, en las conversaciones de mucha gente, esta omnipresente el tema de la corrupción, así, en general. Parece una fiesta de nunca acabar: mienten, engañan, roban y roban… Es muy fácil asentir a grandilocuentes propuestas de regeneración ética para tal o cual institución u organización. Y no tanto responsabilizarse de la propia vida, y cuidar el impacto de nuestras acciones en otras personas. Estaremos contribuyendo a la verdadera regeneración si nos esforzamos por mejorar las relaciones con las personas con quienes habitualmente convivimos, luchando por ser más sinceros, más honrados, más responsables, más trabajadores, más serviciales, más cariñosos…Nosotros primero.

Casi siempre que hablamos de ética nos referimos a asuntos actuales de carácter político o económico, o a la ética de los otros… Rara vez a nuestras actividades cotidianas. Ser ético es ser una persona en quien se pueda confiar. Luchar por vivir sin dobleces, sin justificar nuestras acciones cuando sean malas. Al pan, pan, al vino, vino. Ésta es la ética de todos los días, la cotidiana, la que debemos cuidar prioritariamente porque con nuestras pequeñas acciones contribuimos -o no- a generar una cultura de confianza, de respeto a los demás. Una democracia necesita ciudadanos que la defiendan. Menos “indignación” y más ciudadanía. Desde la política se puede contribuir a cambiar aquellas cosas del mundo que se manifiestan radicalmente dañinas para el desarrollo y la dignidad de las personas. Hay muchas políticas por mejorar (“reformar”). Hacer política de otra manera, respetando al adversario, escuchando, dando argumentos, tratando de convencer, dando al otro la oportunidad de convencerte. El respeto al otro está en la base de la misma democracia. En fin, una política, nueva, buena, “con mayúscula”.

Publicado en "Diario de León" el martes 24 de abril del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/combatir-corrupcion_1243918.html

jueves, 5 de abril de 2018

El cuento del pollo.

Una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste en que son realmente pocos los que poseen mucho, y muchos los que no poseen casi nada. Detrás de los números hay personas. El desarrollo tecnológico y económico -indispensable para el bienestar personal y colectivo- se vuelven contra el hombre cuando se olvida que éste es medida de las cosas. Así, la desigualdad injusta o la destrucción de la naturaleza son algunos de los frutos actuales más visibles de un desarrollo apartado de su verdadero sentido.

La desigualdad no ha dejado de aumentar durante la crisis y después de la crisis. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres. Las razones son variadas, para todos los gustos y colores: la precariedad del mercado laboral, la deslocalización de las empresas intensivas en empleo, la competencia salarial del exterior, las graves carencias de nuestro sistema educativo o la ausencia de una -real- progresividad del sistema fiscal. Con la excusa de la crisis y la post crisis se ha ido posponiendo la solidaridad hacia los débiles sin cuestionar tanto gasto público innecesario. Visto lo visto es difícil creer que la recuperación económica, por si sola, vaya a revertir la desigualdad incrementada durante la crisis. Mucho diagnóstico y poco pronóstico. Y un exceso de recetas demagógicas, aquéllas -ya se sabe- en las que el remedio es peor que la desigualdad. Hay que garantizar que -efectivamente- los ricos aporten su cuota a la carga fiscal. Personas y territorios.

El ciudadano-de-a-pie está convencido de que el sistema fiscal es injusto y que los ricos no son los que más pagan. La gente está harta -escandalizada- de ver cómo al Bárcenas-de-turno la declaración del IRPF le sale a devolver mientras cualquier ciudadano corriente termina estrujado por un mínimo descuido. Nuestro sistema fiscal debería trasladar la carga tributaria del trabajo (IRPF) y el consumo (IVA) hacia la riqueza y el capital. Hay datos. Insisto: datos, no opiniones. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el impuesto redistributivo por antonomasia y, por tanto, el más solidario, informa, año a año, que más del 80% del importe declarado corresponde a los contribuyentes con bajos ingresos, con menos de 60.000 euros anuales. El impuesto progresivo constituye el más directo y poderoso instrumento para la redistribución de la renta. Aumentando sus tipos marginales y eliminando las deducciones que, mayoritariamente, benefician a quienes más tienen. España debe luchar contra la economía sumergida y el fraude, así como revisar la fiscalidad de las grandes compañías multinacionales. 

Urge mejorar el sistema de financiación autonómica. Una amenaza disfrazada de federalismo es que todas las comunidades autónomas tuvieran su propio sistema de cupo o aportación, similar al régimen foral del País Vasco o Navarra. Así lo advierte un reciente informe en el que se proyecta qué ocurriría si se generalizara el sistema de concierto. La solidaridad regional desaparecería, las distancias entre las regiones ricas y pobres se incrementarían. Para muestra-sólo-un-botón: si todas las comunidades tuvieran cupo, un extremeño recibiría la mitad de financiación que un madrileño, y un canario ocho veces menos. El empeoramiento de los servicios públicos en sanidad, educación y servicios sociales sería inmediato. Sería decir adiós a la solidaridad fiscal que busca distribuir con equidad la riqueza entre todos los ciudadanos españoles. 

A bombo y platillo los voceros oficiales acaban de anunciar que la economía recuperó el año pasado su máximo pre crisis y el PIB per cápita supero el nivel que no había vuelto a alcanzar desde 2008. Leyendo esta noticia me acordé, una vez más, del “cuento de pollo” … Si tú te comes un pollo y yo no me como ninguno, de media, nos hemos comido medio pollo cada uno. Y así surge el concepto del “pollo estadístico”, muy similar al de realidad y realidad virtual, pero, de ello, escribiré otro día. Este tipo de “estadística” es una sutil y frecuente manipulación. En fin, a lo que voy: igual que cuando decimos que dos personas comen medio pollo de media, para entender la situación real tenemos que aclarar que una come un pollo y otra ninguno, cuando decimos que el conjunto de España es más rico -cuidadín- debemos explicar esa información, porque no es oro todo lo que reluce.

Nuestras dificultades actuales son el resultado de políticas erróneas. La economía puede seguir su tendencia al alza, pero los problemas de fondo no dan margen al optimismo. Durante las últimas décadas, unos y otros, periódicamente, nos han insistido en las virtudes de las desregulaciones. Y que, en todo caso, se trataba de una materia sólo apta para los científicos de la economía donde las ideas y la política no debían inmiscuirse…Hoy sabemos que eso nos es así. Una cosa es una economía de mercado y otra, muy distinta, una sociedad de mercado. Ciertamente, no puede haber libertades personales y políticas si no hay también libertad de mercado. Pero una economía de mercado no se identifica con un grosero capitalismo, ni exige la desaparición del Estado social, ni del poder moderador del estado sobre el mercado. Cuando esto se hace, pasamos de la economía de mercado a la sociedad de mercado, en la que todo –hasta las personas- pasan a estar en venta, y el descarte de vidas humanas se convierte en un inevitable efecto colateral del sistema.

Publicado en "Diario de León" el miércoles 4 de abril del 2018: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/cuento-pollo_1239236.html

domingo, 29 de octubre de 2017

Abogados escuchando a abogados.

Lo vengo diciendo desde que los cumplí: pertenecer al exclusivo “Club de los 50” tiene ventajas, muchas ventajas.... Una de ellas es la facilidad para expresar las convicciones sin complejos, sin inhibiciones ni respetos humanos. Al grano: ser abogado no es cualquier profesión. De entrada, la profesión de abogado es la única profesión a la que se hace mención expresa en el texto de nuestra Constitución. ¿A qué no lo sabías…? Y, además, pido perdón por la petulancia, se hace referencia a ella nada más y nada menos que hasta cuatro veces distintas. No una, que ya sería suficiente honor, ni dos, ni tres: sino en cuatro ocasiones. Y, lo más importante, el servicio que los abogados prestamos a nuestros conciudadanos: materializamos el derecho a la tutela judicial efectiva, a pesar de los asesoramientos de “cuñados” y de “lo-leí-en-internet”, que suelen terminar mal, muy mal. Sólo un abogado puede ofrecer un asesoramiento digno de tal denominación: profesional.

Los colegios profesionales son unos grandes desconocidos y no sólo para la sociedad a la que sirven sino también, y eso no deja de ser sorprendente y preocupante, para sus propios colegiados. De vez en cuando nos desayunamos con la noticia que desde Bruselas alguien está impulsando su pronta desaparición, pero, en mi opinión, eso afortunadamente no ha ocurrido. Pienso que las bondades de la liberalización son claramente cuestionables. Pero ése es un tema, quizá, para otro día. 


Estoy orgulloso de mi colegio profesional: el Ilustre Colegio de Abogados de León. El pasado martes organizó un debate entre los candidatos a Decano que, hoy, elegiremos todos los colegiados. Un debate que se celebró en las instalaciones de la institución y que se retransmitió en directo a través de las redes sociales para quienes no pudieran o no quisieran asistir. Abogados escuchando a abogados. Orgulloso de mis compañeros: un edificante ejemplo para nuestra sociedad. El futuro no está, se hace. Y lo hacemos las personas.

En una época en la que parece que no queda nada por inventar, las organizaciones que se distinguen por sus buenas prácticas recurren al intercambio de información, al diálogo, al debate, para ponerse al día y desarrollar nuevas ideas que van más allá de la pura retórica. Compartir para ganar. A veces, olvidamos el valor de la comunicación directa, franca y oportuna, del trato humano, del respeto mutuo, del sentido de equipo. Nos apoyamos, demasiado, en la tecnología y cada vez menos en el potencial de una buena conversación, de un buen debate, de tener la oportunidad de sentir la emoción, los sentimientos de nuestros compañeros.

Hacer las cosas de otra manera, debatiendo, defendiendo ideas, proyectos, puntos de vista, respetando al adversario, escuchando, dando argumentos, tratando de convencer, dando al otro la oportunidad de convencerte. El respeto al otro está en la base de la misma democracia. La Abogacía es una profesión pionera en el uso de la comunicación como herramienta para alcanzar el consenso entre partes en conflicto ya que los abogados, mayoritariamente, llevamos siglos promoviendo la cultura del acuerdo.

Me alegró que el debate contara con la presencia de muchos de los alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de León. Afortunadamente hay jóvenes que están tan ocupados en formarse, en cumplir su propio quehacer, que no tienen tiempo de resolver los problemas del universo porque todo el que tienen disponible lo necesitan para mejorarse a sí mismos. 

En fin, en un tiempo en que se está perdiendo el honor por servir, mi reconocimiento al Decano saliente, D. José Luís Gorgojo Del Pozo, por la labor realizada en años complicados, cargados de conflictos institucionales. Ha sido una autoridad visible y accesible. Ha dedicado su tiempo -lo más valioso que tenemos- a sus compañeros, a intentar hacer del Colegio de Abogados de León un lugar de encuentro. Ésa parece ser la función que el mundo moderno deja para los buenos dirigentes: la de procurar que las personas se conozcan, se ayuden, colaboren y trabajen en equipo.

Publicado en "Diario de León" el viernes 27 de octubre del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/abogados-escuchando-abogados_1199066.html

jueves, 26 de octubre de 2017

El voto de Sosa Wagner.

Hace meses coincidí con el profesor Sosa Wagner en el mismo vagón del tren a Madrid. Él iba sentado en dirección contraria al sentido de la marcha, en una plaza de las que comparte mesa con otras tres, y yo frente a él, dos filas más allá. Desde que el tren se puso en marcha comenzó a leer, un libro en alemán; a continuación, otro en español. Una hora después se levantó, volvió a los pocos minutos, se sentó, sacó un cuaderno de su maletín y se pudo a escribir. Así estuvo durante casi otra hora. Un edificante ejemplo de aprovechamiento del tiempo.

Le observaba cómo escribía: es un declarado grafómano, todo lo escribe, dicen. He disfrutado leyendo varios de sus libros. La última vez, sus “Memorias europeas” (las leí en el verano del año 15): un delicioso relato en el que aprendí desde cuestiones relevantes sobre el funcionamiento de la administración europea, el poder de los grupos de presión (y con ejemplos concretos de cómo se las gastan) hasta cuál es una buena librería en Bruselas o Burdeos; donde se comen las mejores habas tiernas y chanquetes en Jaén, el mejor arroz en la playa de la Malvarrosa o el postre que uno no se puede perder en Estambul. Y también cuestiones más prosaicas como el motivo por el que suele lucir su pajarita. Todo ello aderezado con un caudal de anécdotas y de citas cultas.

Junto a él, pero al otro lado del pasillo, viajaba un joven ciudadano que por su aspecto -y por su olor- pareciera que la última vez que se aseó fue cuando los años empezaban por 19... Pasó el viaje despatarrado, a ratos durmiendo a ratos hablando por el móvil. Y entre una y otra “actividad” bebía de una lata cuya marca yo desconocía (nunca ha existido una época más fértil que la nuestra en la invención de bebidas novísimas y de nombres extraños), eructaba y durante un tiempo perdía la mirada en algún mundo paralelo… Volvía cuando sonaba su móvil: es cierto que las palabras matan más que los estoques. Sus conversaciones le retrataban: su ignorancia era demasiado honrada y deslumbradora. Y no me preguntes porqué, pero comencé a reflexionar sobre si era justo -razonable- que, en unas elecciones, el voto de D. Francisco Sosa Wagner tuviera el mismo valor que el de este personaje. Ahora entiendo por qué se dice que Churchill vacilaba en sus convicciones democráticas cuando conocía y hablaba con un elector.

Salí algo deprimido de ese ejercicio, pensando en lo que le espera a España con una juventud tan toscamente formada. Gentes con mucha información y poca formación. La democracia no es votar, es elegir: pero para elegir hay que conocer. Y el periodo formativo del hombre sólo acaba con la muerte. Nunca se sabe bastante ni se es suficientemente perfecto. La vida es una constante creación de la propia calidad. La técnica ha transformado radicalmente el régimen existencial del hombre. Actualmente se menosprecia lo cualitativo. Estoy en contra del relativismo cultural: somos iguales, pero no somos lo mismo. No podemos cerrar los ojos ante, por ejemplo, la humillación del velo, de la ablación, de los casamientos a la fuerza, o ante generaciones de personas -de electores- culturalmente averiadas. Lo importante para los esclavos del marketing y de la demoscopia, es cambiar el nombre a las cosas para ver si, de esta manera, consiguen cambiar la realidad. O sea, pervertir el lenguaje para pervertir la política. La existencia de instrumentos exteriores de configuración de la opinión ha concluido por modificar el alcance de la soberanía.


Los últimos acontecimientos en Cataluña están siendo una oportunidad para el redescubrimiento y actualización de verdades. Votar es democrático. Y también lo es decidir sobre qué no se vota y dónde reside la competencia para votar una cosa u otra. Con Franco no teníamos democracia, pero tuvimos muchos referéndums. Con diecisiete relatos de una historia común no hay país que afronte su futuro con garantías de éxito. En España hay, ahora, muchas personas que quieren la República como se quiere una corbata verde, sin saber por qué. La forma de estado no es tan importante: lo que importa es la calidad democrática del sistema.

Lo que no cabe es hacer crítica sin apoyarse en una tabla de valores, en unas convicciones. El crítico arranca de unos principios, califica según unos baremos previos. Desde tiempos de Platón se viene repitiendo que el pensamiento es un diálogo del alma consigo misma. Y así lo creo firmemente. Como creo también en la eficacia intelectual y política del diálogo con "el otro". Nuestro país está muy menesteroso de ambas cosas. Debemos de huir de la eyaculación panfletaria. Pienso que hasta las discrepancias más frontales y los juicios más adversos pueden    -deben- formularse con corrección, decoro y distancia. En estas circunstancias, tan delicadas, los comentarios deberían ser, al menos, dechado de objetividad, desapasionados, abiertos. En línea con los valores de nuestra cultura humanista: diálogo, libertad e inteligencia.

Todo ciudadano debe asumir su condición política, tener la posibilidad de votar a aquellas personas que representen mejor que nadie sus ideas, "mancharse las manos" y empeñarse en la lucha de mejorar la cosa pública. Contribuir -con su acción política y/o con su voto- a que el Parlamento esté lleno de ciudadanos que piensen que la política ha de servir para hacer posible lo que es necesario. Sin olvidar que no actuar es otra forma de actuar.

Publicado, en "Diario de León",http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/voto-sosa-wagner_1197968.html el lunes 23 de octubre del 2017: 

miércoles, 23 de agosto de 2017

Con docilidad de rebaño.

Vivimos desbordados por una cantidad de información inútil que no sólo nos hace perder un tiempo precioso, sino que nos llena de datos que, muchas veces, son inservibles, y de preocupaciones inquietantes que nos distraen en nuestros quehaceres. Es importante tener el suficiente espíritu crítico para separar la noticia del comentario, y el dato de la interpretación. Y estar alerta con algunos tertulianos, con poses de intelectual, que ponen su talento al servicio de lo-que-la-masa-demanda, diciéndole, en cierto modo, lo que quiere oír a cambio de una cierta notoriedad y, en ocasiones, de atractivas ganancias materiales. Y así, muchas veces, nos reconocemos repitiendo lo que acabamos de leer en las redes sociales o escuchar al último tertuliano de moda.

Es evidente que en nombre de la libertad de expresión no se puede hacer, por ejemplo, apología del terrorismo: va contra la naturaleza de las cosas porque hace daño al individuo y a la sociedad, y por tanto ya no es libertad, sino abuso o extralimitación de la libertad. Las cosas son como son independientemente de la subjetiva apreciación de cada uno. Si lo que uno opina está de acuerdo con la realidad, muy bien; si no lo está, mal asunto. Ante preguntas que se refieren a verdades, si uno sabe, dará las respuestas adecuadas; si no sabe, y además no se calla, probablemente dirá tonterías. Existen verdades objetivas, y si mi verdad no está de acuerdo con la realidad, no es tal verdad, aunque sea mía: es un error. Lo que uno opine carece de importancia, porque la opinión no modifica la realidad; lo importante es que uno conozca la verdad, lo que es. No se trata de opiniones sino de conocimiento.

Estamos en una época en que se utiliza con frecuencia un lenguaje poco preciso, excesivamente ambiguo. Lo que está claro no necesita interpretación de ninguna especie. Por lo general, un lenguaje confuso sólo suele expresar una mente confusa. El lenguaje es siempre, queriendo o sin querer, la manifestación del pensamiento. La oscuridad del lenguaje no da profundidad al pensamiento; más bien pone de manifiesto la pobreza de un pensamiento que recurre a la oscuridad para disimular su superficialidad. Y, además, desorienta, a mucha gente. Hoy cada uno tiende a construir como si nadie hubiese hecho ni dicho nada antes. Teorizar al margen de la experiencia. Se ignora que las inquietudes y los más profundos intereses del hombre de hoy son los de todos los tiempos. Algunas de las modas del momento son muy artificiales, muy débiles, expresiones de una estética más que de un modo de pensar. Se construyen mundos mentales ajenos al universo real, jugando con ideas que no responden a las cosas existentes.

Parece ser que hoy el fenómeno de la masificación, de la despersonalización del individuo, del hombre, está generalmente reconocido, a juzgar por los cada vez más numerosos estudios que lo dan por hecho incuestionable. La masa no es propiamente un conjunto de hombres que sabe lo que quiere y a dónde va, o que está organizada con vistas a la consecución de un fin conocido, y que conscientemente obedece las indicaciones de los que están al frente. Cuando un hombre se despersonaliza integrándose en una masa se deja conducir por emociones, por la pasión, y no se da mucha cuenta de lo que hace o del alcance que su acción puede tener. Masa que no piensa y que, con docilidad de rebaño, colabora activamente, de modo lento, pero seguro, en la propagación de teorías, sugerencias, modas y costumbres que están destruyendo los valores de nuestra civilización. 


Quizá ello explique cómo unos pocos puedan lograr tan enorme influencia en el ambiente imponiendo sus gustos, sus intereses, sus ideas, sus juicios, hasta su noción del bien y del mal. Su poder les viene, sobre todo, del conformismo pasivo de la masa que coopera con ellos sin pensar, sin reaccionar. Qué razón tenía mi amigo Mariano cuando recordaba que “lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada”.

Publicado en "Diario de León" el domingo 20 de agosto del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/docilidad-rebano-uiere-tus-hijos_1182289.html

lunes, 10 de julio de 2017

Cláusulas nulas por abusivas.

Todo comenzó con las hipotecas subprime, que en los Estados Unidos eran aquéllas en las que el prestatario contaba con antecedentes de impago, retrasos o no constaba su capacidad de pago por no haber pedido créditos en el pasado; la cuota de amortización era elevada respecto al salario, o la proporción del préstamo era muy alta con relación al valor de la vivienda. Las consecuencias de la toxicidad de este tipo de “préstamos” se extendió a España a través de la titulización de los créditos: un sistema de financiación para las entidades de crédito a través de una compleja cesión de los derechos de cobro sobre su cartera de préstamos hipotecarios. Así la crisis se contagió desde el mundo financiero al económico quedando atrás la actividad típica bancaria y las reglas más elementales del “arte de prestar”. Los problemas surgieron cuando la banca comercial se contaminó con malas prácticas de la banca de inversión, cuyos directivos no contaban con la paciencia para percibir sus beneficios según se amortizara el préstamo hipotecario, pues lo que pretendían es “maximizar beneficios”, es decir, ganar mucho dinero, como sea, lo más rápido posible, cuanto antes: aquí-te-pillo, aquí-te-mato. 

Contratar una hipoteca es una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una persona, ya que implica un compromiso financiero que puede durar décadas. En nuestro país, según datos del Banco de España, aproximadamente el 97% de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito eran a tipo variable. De los préstamos a tipo variable, un tercio, aproximadamente, contaba con la cláusula suelo, lo que impedía a los prestatarios beneficiarse plenamente de la bajada del índice de referencia más extendido, el Euribor a un año. La cláusula suelo es lícita en términos generales, como ha admitido el Tribunal Supremo: para limitar los efectos de las eventuales oscilaciones del interés de referencia, pueden estipularse limitaciones al alza -las denominadas cláusulas techo- y a la baja -las llamadas cláusulas suelo-, que operan como topes máximo y mínimo de los intereses a pagar por el prestatario. Ahora bien debe cumplir con el siguiente requisito: la exigencia de que una cláusula contractual deba redactarse de manera clara y comprensible es una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de forma que el consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo. Es decir, garantizar el consentimiento informado del consumidor.


La protección del prestatario, especialmente si es consumidor, es considerado por el artículo 51 de nuestra Constitución como un principio rector de la política social y económica. El consumidor se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en la capacidad de negociación como en la información que maneja cada una de las partes (“asimetría informativa”), lo que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas por el profesional, sin poder influir en el contenido de éstas: auténticas “lentejas” … Ya la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del 2013 exigía que el cliente conociera, antes de la celebración del contrato, la cláusula suelo y el efecto que durante la ejecución del contrato pudiera tener sobre el coste real del crédito, para que pudiera adoptar la decisión de contratar con pleno conocimiento de causa. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre del 2016, a mayores, determina que lo que es nulo lo es a todos los efectos, por lo que la situación debe quedar íntegramente restaurada, como si la cláusula suelo no hubiera existido. Consecuencia inmediata de esta sentencia es el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medias urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo: un procedimiento para la resolución extrajudicial de las posibles diferencias entre las entidades y sus clientes. Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso de que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial.

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver es de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación. Se entiende que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo y que el consumidor puede adoptar las medidas que estime oportunas -por ejemplo, presentar una demanda- si la entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor, si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de la entidad de crédito al consumidor reclamante, si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de crédito o rechaza la cantidad ofrecida, o si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

En fin, llegó el día. La mayoría de los afectados presentaron sus reclamaciones durante los meses de febrero y marzo y, por tanto, en estos días se está cumpliendo el plazo de tres meses. A partir de ahora la vía judicial es el siguiente paso. En el Derecho Civil español la regla general es la nulidad con derecho a restitución íntegra. Si algo es nulo, lo ha sido desde siempre y no debe producir ningún efecto. Después de lo sufrido con las preferentes, las subordinadas, las cláusulas suelo es casi milagroso que algunas entidades financieras todavía tengan clientes.

Publicado, ayer, 9 de julio del 2017, en "Diario de "León": http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/clausulas-nulas-abusivas_1173329.html

martes, 20 de junio de 2017

Despatarre fiscal.

Estaba recuperándome de la impresión por la penúltima indicación de los gurús de la ideología de género sobre cómo debe sentarse un hombre para evitar el “despatarre”, cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado contraria a la Carta Magna la conocida como “amnistía fiscal”, medida que permitió la regularización de rentas no declaradas a un tipo reducido del 10% sin exigencia de intereses, recargos ni sanciones. Ha sido declarada inconstitucional por haber utilizado un Real Decreto-Ley en un caso en el que se afectaba, de forma relevante, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

El Tribunal Constitucional ha desestimado la argumentación del Gobierno de Rajoy de que la medida y su aprobación por vía de urgencia se justificaban por la situación extrema de las cuentas del Estado, al entender que la regularización afectó al precepto constitucional de que todos los españoles contribuyan al sostenimiento del gasto público. No es la primera vez que, recientemente, los gobiernos del Partido Popular reciben una colleja (“jurídica”, pero colleja al fin) por la forma de tramitar leyes. Así, el año pasado el Tribunal Supremo anuló el reparto del déficit autonómico del año 2013 porque no siguió el procedimiento adecuado en su tramitación. Ay-ay-ay, es que las prisas nunca han sido buenas consejeras.

El Tribunal Constitucional recuerda al Gobierno cuál es su capacidad reguladora en materia tributaria. La potestad de establecer los tributos corresponde al poder legislativo, aunque, sin embargo, se admite que, en circunstancias excepcionales, el poder ejecutivo pueda tomar decisiones de este tipo, pero condicionadas a su rápida convalidación por las Cortes Generales. Pero esta capacidad tiene límites: no puede afectar a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos alterando el modo de reparto de la carga tributaria que debe corresponder a la generalidad de los contribuyentes. En pocas palabras, lo que el Tribunal Constitucional dice es que el Gobierno de Rajoy se ha extralimitado en sus competencias invadiendo las de las Cortes Generales. O en expresión de moda, una especie de “despatarre fiscal” …


Un aspecto polémico de esta sentencia es que no permite que sean revisadas las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas al amparo del desautorizado Decreto-Ley. Y ello según su particular interpretación del principio de seguridad jurídica. Una salomónica decisión que ha intentado conciliar el principio de legalidad (respeto a los procedimientos) y el principio de seguridad jurídica (estabilidad y confianza en las relaciones jurídicas). Pero, más allá de disquisiciones jurídicas, para el común de los mortales, esta decisión es escandalosa, injusta. Una porque muchos de los protagonistas de los principales casos de corrupción se acogieron a esta amnistía fiscal que les permitió regularizar su situación a pesar de que incumplieron su deber de tributar de acuerdo a su capacidad económica, con exoneración de sanciones y recargos: una medida injusta porque les coloca en una situación más favorable que la de quienes cumplieron voluntariamente, y en plazo, su obligación de contribuir. Y dos, porque -en mi opinión- la mejor doctrina de Teoría del Derecho sostiene que si algo es nulo, lo ha sido desde siempre y no debe producir ningún efecto. Es posible que éste sea uno de los aspectos más polémicos de la sentencia, como así lo fue en el caso de la sentencia del Tribunal de Supremo de 9 de mayo del 2013, sobre las cláusulas suelo, al impedir la devolución, con carácter retroactivo, de las sumas indebidamente pagadas por los prestatarios con origen en las cláusulas declaradas nulas por abusivas. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, determinó que lo que es nulo, lo es a todos los efectos, por lo que la situación debía quedar íntegramente restaurada como si el acto jurídico anulado no hubiera existido. 

Pero, es cierto, que el único competente para interpretar la constitucionalidad de nuestras leyes es el Tribunal Constitucional. Lo demás son opiniones, más o menos razonables, pero siempre opiniones. Sin embargo, lo que en buena democracia no es opinable es que la sentencia no tenga efecto alguno en el ámbito político, que nadie asuma responsabilidades políticas. Alarmante. La falta de credibilidad en la política y en los políticos ha llevado a que muchos ciudadanos no tengan interés en participar, ni siquiera votando. La gente normal ve a los políticos lejos de la realidad; y muchas de sus acciones, aun siendo legales, se perciben como poco éticas. La responsabilidad política como asunto de ética no se considera. Las dimisiones son rarísimas y casi nadie asume responsabilidades por la función que desempeña. En la opinión de la mayoría (y así lo confirman las encuestas), la credibilidad o la falta de ella, se forma lentamente en el tiempo y generalmente no está asociada a un suceso específico, sino a un cúmulo de acontecimientos o detalles que alimentan la confianza o desconfianza. La credibilidad ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales de la relación del individuo con la sociedad. Se trata, en definitiva, de la confianza que tiene el ser humano en sus semejantes e instituciones con quienes se relaciona.

La política necesita aire fresco y sabio. Y esto no es cuestión de edades sino de ideas. Algunas de las propuestas de estos jóvenes políticos de moda son más antiguas que la rueda: a sus hechos me remito. La demagogia y la mentira prenden con mucha facilidad en situaciones como la que actualmente atraviesa España. Quizá España necesite un nuevo contrato social. O no. O baste con mejoras, con nuevas formas de hacer políticas capaces de construir un proyecto de futuro que genere ilusión a la mayoría de los ciudadanos. Donde lo importante sea el contenido, el qué se hace y el cómo se hace. En fin, hay otras formas, alternativas, de hacer las cosas: por el bien de España.

Publicado en "Diario de León" el domingo 18 de junio del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/despatarre-fiscal_1168650.html

sábado, 25 de marzo de 2017

"Los casos de Horace Rumpole, abogado".

Insigne defensor de las causas perdidas, Horace Rumpole es un abogado adorable, un hombre de altos ideales y de gran sentido común, que fuma cigarros malos, bebe un clarete aún peor, es aficionado a los fritos y a la verdura demasiado hervida, cita a Shakespeare y Wordsworth a destiempo y, generalmente, se decanta por los casos desesperados y por los villanos de barrio. 

Excéntrico y gruñón, lleva años abriéndose paso en las salas de justicia londinenses, mientras brega en casa con su terca mujer, Hilda, a quien él apoda «Ella, La que Ha de Ser Obedecida», en un particular universo donde el sarcasmo, el humor y la intriga se mezclan a partes iguales. 

Su autor, el abogado John Mortimer (1923 - 2009) construye en sus narraciones un universo demoledor y sarcástico al más puro estilo British.


jueves, 16 de marzo de 2017

Las pensiones de viudas y huérfanos.

Desde hace unos días sabemos que el Gobierno va a destinar 225 millones de euros para prejubilar al veinte por ciento de los estibadores. Cantidad a la que se sumarán los 350 millones ya previstos para lo que -en lenguaje cortesano- se denomina “la subrogación de los pasivos laborales en el cambio de modelo de empresas en el sector portuario” y que, traducido al lenguaje del común de los mortales, quiere decir que se va a destinar dinero público contante y sonante -¡otra vez!- para solucionar un conflicto social de carácter privado.

Este método de “solucionar" problemas o conflictos tiene los días contados con un sistema de seguridad social que está a punto de saltar por los aires no sólo por el envejecimiento demográfico sino, también, por este tipo de corruptelas. 

En este caso estamos hablando de unos seis mil empleados y, alguien, con cierta razón, podría argumentar que no es para rasgarse las vestiduras. Pero, realmente, todo suma: hoy estibadores, ayer empleados de las antiguas cajas de ahorro, antes de ayer, los mineros… Suma y sigue.

Unos paisanos que, con poco más de cincuenta años, se van a casa con en torno al setenta por ciento de su sueldo que, en el caso que nos ocupa, dicen, es superior a los sesenta mil euros al año… Aquí paz y después gloria. 

Y, tal como están las cosas, es decir, el sistema de pensiones, el verdadero problema no está en lo que se llevan sino en lo que van a dejar de aportar: las cotizaciones sociales de unos trabajadores que todavía tenían por delante unos veinte años más de vida laboral.

Vamos a ver qué dicen de estos desmanes las autoridades de la Unión Europea o de la OCDE, sobre todo estos últimos que, en sus últimas recomendaciones, estaba la de restringir las pensiones de viudedad y orfandad a los casos de rentas más bajas para aliviar costes al sistema. Tal cual, con un par…

El dinero destinado a este asunto es ¿mucho o poco? Pues usted mismo: hoy dicen los diarios de información económica que la fusión de Bankia y BMN permitirá recupera 400 millones de ayudas y se presenta esta cantidad como un argumento de autoridad a favor de esta fusión.

Por cierto, que de los más de 51.000 millones de euros que España “inyectó”, es decir, regaló al sector financiero para rescatar cajas mal gestionadas, hasta la fecha, sólo se ha recuperado en torno a un cinco por ciento. Pues, digo yo, que lo razonable sería empezar a buscar por aquí el dinero necesario para cuadrar las cuentas y dejar en paz las pensiones de viudas y huérfanos.


Espero que este despropósito no se llegue a concretar ni tampoco las “advertencias bíblicas” a los “faraones” que carguen la mano contra viudas y huérfanos. Por el bien de todos.

viernes, 3 de marzo de 2017

Mejor con su abogado.

La quiebra de Lehman Brothers desencadenó una debacle financiera a escala global de la que el mundo todavía no se ha recuperado. Su bancarrota no sólo acabó con un banco más que centenario y dejó una deuda de más de seiscientos mil millones de dólares sino que, además puso a prueba aquello de “demasiado grande para caer”… El Tesoro de los Estados Unidos de América optó por desechar este aforismo, por no rescatar a Lehman y por mostrar que ninguna entidad es demasiado grande para quebrar.

En España, la onda expansiva del pinchazo de la “burbuja” dejó al descubierto el agujero que se había generado en los balances de cajas y bancos, sobre todo por los créditos millonarios concedidos a los promotores inmobiliarios. Estas prácticas, desde el punto de vista contable, eran un engaño. Las entidades se anotaban como ingresos intereses que eran ficticios, de créditos que -sabían- que -difícilmente- iban a cobrar. Y no se anotaban las provisiones necesarias, el ratio de morosidad era incorrecto y se reflejaban beneficios irreales. Comenzaron entonces las prisas por buscar dinero, liquidez, pero los mercados estaban cerrados a cal y canto. A algún gurú de la ingeniería financiera se le ocurrió trasladar el agujero a los ahorradores: si los bancos necesitaban dinero qué mejor que captar el dinero de sus clientes, que lo tenían plácidamente guardado en depósitos a plazo fijo, y traspasarlo a preferentes, hipotecas multidivisa, obligaciones convertibles, depósitos estructurados, swaps, cláusulas suelo… Todos ellos, en lenguaje cortesano, denominados productos financieros “asimétricos” que -en román paladino- quiere decir que la banca siempre gana y que el cliente, en la gran mayoría de los casos, pierde.

En el caso de las cláusulas suelo, en el año 2013, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que limitaba los efectos de la retroactividad de la declaración de nulidad argumentando que, en caso de que los bancos tuvieran que reintegrar la totalidad de lo cobrado, la viabilidad del entonces recién rescatado sistema financiero podría ponerse en cuestión. La Comisión Europea en un documento que remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en octubre del 2015, sostenía que el cese en el uso de una determinada cláusula nula por abusiva como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor no era compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad, y que, tampoco, era posible que un tribunal nacional pudiera moderar la devolución de las cantidades que hubiera pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información. Y así fue.

El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medias urgentes de protección al consumidor en materia de cláusulas suelo pretende avanzar en las medidas dirigidas a la protección de los consumidores estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito con las que tengan suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria que solucionen las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016. Ahora bien, tras este fallo, el afectado no tiene, necesariamente, todas las de ganar si va a los tribunales porque el juez puede entender que el banco fue lo suficientemente transparente en la documentación que le entregó al cliente. E, igualmente, a través del procedimiento previsto en el decreto anteriormente mencionado. Ojo porque la casuística es enorme y, a veces, compleja: plazos, quién y cómo calcula el dinero cobrado de más, fórmulas sustitutivas, etc. 


En ocasiones, algunos bancos actúan con displicencia o prepotencia ante las reclamaciones de sus clientes, no las responden o lo hacen a través de una carta tipo en la que te agradecen y dicen que lo van a ver, etc… Distinta es la atención y el trato cuando la reclamación se presenta, mediante asistencia letrada, advirtiendo de que en caso de no recibirse respuesta satisfactoria trasladará su escrito al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España o se presentará una demanda ante los tribunales de justicia. En estos casos, suelen correr y volar, llaman al cliente e intentan un acuerdo antes de que se abra el correspondiente expediente administrativo o se inicie el proceso judicial. 

Para muchas personas afectadas estas situaciones están siendo motivo de sufrimiento. Según los resultados del estudio “Finanzas y salud” las personas afectadas por un fraude bancario tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, depresión y crisis de ansiedad, un deterioro de la calidad del sueño y un empeoramiento de la calidad de vida. Los asesoramientos de “cuñados” y de “lo-leí-en-internet” suelen terminar mal, muy mal. Sólo un abogado puede ofrecer, en estos casos, un asesoramiento rápido y eficaz, profesional. Mejor con su abogado.

Publicado en "Diario de León", hoy, 3 de marzo del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mejor-abogado_1142265.html