@MendozayDiaz

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miércoles, 27 de julio de 2016

A favor de la Política.

En España hay un empleado público por cada cinco personas ocupadas versus uno por cada quince en la Unión Europea, o uno por cada treinta y seis en Estados Unidos… En abril del 2010, varios economistas vinculados a UPyD publicaron “El coste del Estado Autonómico”. El estudio demostraba que, sólo gestionando todas las Comunidades Autónomas como lo hacen las tres más eficientes, podríamos ahorrarnos 24.000 millones de euros. Entonces ¿por qué tantas resistencias a aprender de las buenas prácticas de los otros? En general, se echa de menos interés en acabar con el despilfarro y las duplicidades de las administraciones públicas; y ello porque, en muchos casos, configuran la red clientelar de los partidos políticos viejos… y nuevos.

No digo que la tarea armonizadora sea una tarea sencilla pero sí que contamos con leyes para facilitarla que los pactos con los nacionalistas tienen “neutralizadas”, como, por ejemplo, el artículo 150.3 de la Constitución: “El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a las competencias de éstas, cuando así lo exija el interés general”.

Lo que sucede es que en la raíz de todo este desaguisado están los pactos de PSOE y PP con los nacionalistas, durante los últimos treinta y cinco años, para mantenerse en el poder. Obsesionados por conseguir un arreglo con los nacionalistas, al estilo de siempre, poniéndose de acuerdo en el precio. Así, por ejemplo, nos encontramos con el sistema fiscal privilegiado de Navarra y País Vasco. Un escandaloso ejemplo sobre el injusto reparto de la riqueza disponible entre españoles: la media de recursos no financieros por habitante de las comunidades autónomas del régimen común es de, aproximadamente, 2.800 euros mientras que la media de las del régimen foral (Navarra y País Vasco) es de 4.800 euros.

Y otro ejemplo más. ¿Un hombre, un voto? Ja-ja-ja… Tengo dudas -más que razonables- de que en España se esté cumpliendo el artículo 123 de la Constitución que proclama el derecho de todos los españoles a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. La Ley Electoral vigente beneficia al nacionalismo y a los grandes partidos tradicionales, además de ejercer un efecto disuasorio para cualquier osado que pretenda fundar un partido político de ámbito nacional. Así se explica que, en las elecciones generales de diciembre del 2015, Izquierda Unida obtuviera tan solo dos escaños pese a conseguir 923.105 votos mientras que el Partido Nacionalista Vasco lograra seis diputados con un tercio de los votos (301.585).

Una democracia necesita ciudadanos que la defiendan. Menos “indignación” y más ciudadanía. Desde la política se puede contribuir a cambiar aquellas cosas del mundo que se manifiestan radicalmente dañinas para el desarrollo y la dignidad de las personas. Habrá quien me diga que no es necesario militar en un partido político para hacer política. Es verdad, pero, desde el respeto a otras opciones, quiero manifestarme a favor de la acción política a través de los partidos políticos. Ni todas las ONG del mundo juntas tienen la posibilidad de cambiar las decisiones de los organismos internacionales en las que se sientan los líderes políticos del mundo. Sí, influyen, y esto es muy importante. Pero no deciden: deciden los políticos.

Hay muchas políticas por mejorar (“reformar”). Somos campeones en fracaso escolar, no tenemos ni una sola universidad española entre las cien mejores del mundo. Nuestra electricidad, combustibles y comisiones bancarias están entre las más caras de la Unión Europea. La deuda pública española que se ha incrementado hasta cifras históricas, en los últimos años, se ha utilizado fundamentalmente para rescatar comunidades autónomas, ayuntamientos y cajas de ahorro desgobernadas y arruinadas por los de siempre. La corrupción es sistémica y ha acabado por contaminar a todas las instituciones del Estado: sin excepción. Por tanto, también son urgentes medidas de regeneración democrática para vincular más estrechamente a los representantes políticos con sus representados: sistema electoral con listas abiertas, elección directa de presidentes del Gobierno, de Comunidades Autónomas, de Alcaldes; limitación de mandatos, e introducir incompatibilidades más rigurosas entre el ejercicio de cargos públicos y negocios privados.

La base de la ciudadanía democrática es la igualdad en libertad. Luchar contra las tiranías que pisotean la democracia formal, así como contra la miseria y la ignorancia que imposibilitan la democracia material: regenerar la democracia, reivindicar el patriotismo constitucional y defender la igualdad entre españoles. Hacer política de otra manera, respetando al adversario, escuchando, dando argumentos, tratando de convencer, dando al otro la oportunidad de convencerte. El respeto al otro está en la base de la misma democracia. En fin, una política, nueva, buena, “con mayúscula”.

Publicado hoy, 27 de julio del 2016, en Diario de León: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/favor-politica_1086704.html



lunes, 18 de julio de 2016

Un país de ancianos.

Hace unos días leí que Castilla y León pierde 64 habitantes al día, su mayor pérdida de población en décadas; y que León es la cuarta provincia de España con mayor media de edad. En esta misma línea, hace unos meses leí una noticia que llamó mi atención: en Japón, por primera vez en su historia, el año pasado, se vendieron más pañales para adultos que para bebés… En España, más temprano que tarde, viviremos una situación similar. Con nuestras actuales tasas de natalidad, dentro de medio siglo, cuatro de cada diez españoles tendrán más de 65 años. 

Algunos expertos hablan de suicidio demográfico de España. No sé si será una exageración, pero, seguro, que este nuevo escenario -la combinación de envejecimiento y descenso de la población- supondrá una nueva estructura económica. Sin duda que es una buena noticia que la esperanza de vida de los españoles supere, ya, los 80 años de edad como también sucede en otras economías desarrolladas. Vamos hacia una sociedad con cada vez más jubilados, que vivirán más, y menos personas en edad de trabajar y, muchos de éstos, con contratos a tiempo parcial y contribuciones reducidas a la Seguridad Social. Y todo esto impactará de múltiples formas a nivel económico, social y presupuestario.

Perdemos población. Los datos del Instituto Nacional de Estadística marcan una tendencia común a todo el país pero que, en León, se hace más profunda que en la media nacional. Aquí, lo vemos todos los días, cada vez perdemos más población y la que queda está envejecida porque, además de caer la natalidad, los jóvenes se tienen que ir a otros lugares en busca de oportunidades de trabajo. Hace unos meses conocíamos el dato de que, en León, casi un 30% de los municipios no registran ningún nacimiento en el año y, sin embargo, casi todos, si registran vecinos fallecidos. O que los centenarios que residen en León se han duplicado en la última década. O que la provincia ha perdido más de ochenta mil habitantes durante los últimos cuarenta años. O que somos los terceros con más conductores mayores de 74 años.



España es ya uno de los países más envejecidos del mundo. Baja natalidad y aumento de la esperanza de vida aceleran el proceso de envejecimiento de la población española. Cada año nacen menos niños y se mueren menos habitantes. La población en edad de trabajar está disminuyendo y en el futuro se reducirá todavía más. A finales del siglo XIX, la expectativa de vida media era de poco más de 50 años; hoy es de más de 80. El sueño -la ilusión- de tantas generaciones de vivir hasta los 100 años, cada vez es una posibilidad al alcance de más personas. Jubilarse ya no es como la antesala de la muerte. Afortunadamente. Es decir, un menor número de trabajadores va a tener que sostener a un mayor número de jubilados. Ante este panorama surge una pregunta “incómoda” ¿quién pagará los programas de atención a dependientes, la sanidad, el gasto farmacéutico…? 

Vamos camino de ser un país de ancianos. Es importante hacer visible un problema que sólo perciben quienes la ven día a día: la muerte lenta de sus pueblos. Uno de los problemas más graves (y quizás menos atendidos) de España. Situación que hubiera sido más grave de no ser por la contribución de los inmigrantes durante los últimos años. Pero, como consecuencia de la crisis económica, cada vez llegan y permanecen menos inmigrantes en nuestro país. Esta situación es una “bomba de tiempo” que, si no se pone remedio, acabará explotando en forma de un insostenible gasto en sanidad, en servicios sociales y en pensiones. El desequilibrio demográfico obligará a cambios drásticos en el modelo de sociedad. Estamos condenando a la inviabilidad al modelo social que nosotros hemos heredado. Recuperar el crecimiento demográfico es fundamental para mantener muchas de las prestaciones de nuestro actual modelo económico y social.

El problema de la natalidad es acuciante y su resolución poco tiene que ver con factores ideológicos o partidistas, sino con una concepción responsable del futuro. La familia no es un asunto “estrictamente” privado. La negativa de muchas familias a tener hijos hace tambalear los fundamentos de nuestro Estado del Bienestar. Por tanto, urge impulsar las políticas de apoyo a la familia con incentivos económicos y con medidas que favorezcan –realmente- la tan proclamada conciliación laboral. El derrumbe de nuestra pirámide poblacional es el derrumbe de nuestro modelo de sociedad. Aquí está la gravedad y la urgencia.

La crisis económica –y la inestabilidad social- ha retrasado y desincentivado la maternidad. Muchas mujeres la retrasan a la espera de mejores condiciones que, a veces, nunca llegan y, si llegan, es a una edad tardía para tener y educar a un hijo. Para muchas mujeres supone una tensión entre el reloj biológico y la coyuntura económica. Las buenas prácticas de algunos países como, por ejemplo, algunos del norte de Europa, señalan que se puede revertir la tendencia incidiendo sobre las condiciones que favorecen y protegen la maternidad: permisos a compartir entre ambos padres, guarderías asequibles y reducción de la jornada laboral por crianza, entre otras, son algunas de las medidas que han demostrado ser eficaces.

O los incentivos para favorecer el asentamiento de nuevos habitantes en el mundo rural. La verdad es que muchos estamos cansados de escuchar hablar de medidas que o no se concretan, o no son suficientes, o no son adecuadas o, sencillamente, “no son” porque no pasan de ser unas conclusiones de un estudio (“el papel lo aguanta todo”). En fin, urge impulsar políticas orientadas a favorecer la sostenibilidad de las cuentas públicas y el mantenimiento de los pilares de nuestro Estado del Bienestar. Tomar conciencia de este problema es una cuestión de Estado. Y cuestión de Estado quiere decir que todos los partidos políticos, sin excepción, deberían ponerse de acuerdo a la hora de fijar políticas que permitan si no atajar esta sangría poblacional, al menos, cambiar la tendencia. Por el bien de todos.

Publicado, hoy, 18 de julio del 2016 en "Diario de León": http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/pais-ancianos_1084786.html

lunes, 11 de julio de 2016

Mentiras sobre el "Brexit".

Durante los últimos meses he seguido con atención las informaciones sobre el referéndum para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Un asunto con implicaciones, muy relevantes, de carácter político, económico y social para España. Y de mi interés como profesor asociado de Derecho Internacional Público.

En los primeros días del mes de junio estaba convencido del triunfo de los partidarios del “Brexit” pues así nos lo venían diciendo las encuestas durante el último año: 65/35, 60/40, 55/45… El rango de la diferencia era tema de debate, pero no había sondeo que les diera la razón a los británicos partidarios de permanecer en la Unión Europea. El asesinato de la diputada socialista Jo Cox cambió las tornas y así lo confirmaron, también, las casas de apuestas que, a diferencia de los institutos demoscópicos, cuando realizan pronósticos no sólo se juegan su prestigio sino, también, su dinero.

El 23 de junio me fui a dormir pasadas las once de la noche, cuando los medios daban por hecho que Gran Bretaña permanecería en la Unión Europea, cuando Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia, comenzaba a reconocer su derrota. A la mañana siguiente, la radio me sorprendía con la noticia que, durante la madrugada, se produjo el “sorpasso” y que el “Brexit” triunfó por 52 a 48… Desde entonces vivimos en un tsunami de opiniones habladas y escritas que, en muchas ocasiones, no es que no estén bien fundamentadas, sino que, sencillamente, son mentira.

Por ejemplo, no es cierto que este referéndum haya sido una iniciativa de “populistas”. Eso es no es verdad. El político responsable de la convocatoria de este referéndum es David Cameron, del Partido Conservador, miembro del Grupo del Partido Popular Europeo. El equivalente, en nuestro arco parlamentario, a Mariano Rajoy. Y se comprometió a convocarlo, durante la última campaña electoral, para intentar zanjar una cuestión que permanece viva en la sociedad británica, y muy especialmente entre los conservadores, desde el minuto uno de su incorporación a la Unión Europea, en 1973. Los británicos siempre han visto el proyecto político de “más Europa” como una amenaza a su sistema político, social y económico. Se incorporaron a la Comunidad Económica Europea, básicamente, por las ventajas que suponía para sus empresas, pero, en la medida en que el proyecto de unión europea de desarrollaba y concretaba en otras políticas, más allá de las económicas, el sentimiento de “euroescepticismo” volvía a reavivarse y a manifestarse en forma de protestas, vetos, reservas, y amenazas varias.  

Con el término “populismo”, a veces, se pretende etiquetar, descalificar, propuestas políticas que son razonables, aunque, eso sí, contrarias a los intereses del “establishment”. Además, en este caso, nos guste o no, el resultado cuenta con la inatacable legitimidad democrática que le otorga un 73% de participación ciudadana.

Otra. Ahora los europeístas británicos están promoviendo, en Escocia, otro referéndum pro independencia. El segundo en un año. En España, entre quienes lo aplauden y jalean se encuentran personajes que, sin ningún rubor, defienden una cosa y su contraria… Me explico. No es razonable -ni justo- desplegar un abanico de argumentos políticos, jurídicos, sociales a favor del derecho a decidir de los escoceses y, simultáneamente, negárselos a los independentistas catalanes. 

Por último. Perplejo escucho y leo las ocurrencias de una caterva de opinantes que me abruman con sus certezas sobre el día después, sobre lo que viene a partir de ahora. Mentira. Nadie lo sabe. La única previsión es el ya famoso artículo 50 del Tratado de la Unión, y poco más. La Unión Europea tiene regulado, hasta el más mínimo detalle, el procedimiento de ingreso porque, durante los últimos sesenta años sólo se han producido solicitudes de entrada, nunca, hasta ahora, de salida. Por tanto, el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, su calendario, los próximos pasos son una incógnita, sencillamente, porque nos encontramos ante la primera vez que un país miembro decide abandonarla. Y corresponderá a sus instituciones definir el cómo y el cuándo. 


El “Brexit” desata el pánico. En España, entre otras razones, porque un tercio de los activos internacionales de nuestros bancos están en el Reino Unido. O porque, muy probablemente, tendremos que aumentar nuestra contribución al presupuesto comunitario, en unos 900 millones de euros…En general, el pánico también tiene que ver con el riesgo de contagio. Porque más allá del temor a perder su libra, yardas y grados fahrenheit, los motivos de fondo que han llevado a los británicos a votar su salida, son razones políticas, con fundamento, y perfectamente extrapolables a otros países de Europa. Más allá de simplificaciones y reduccionismos los motivos de la catástrofe tienen que ver con la pérdida del encanto inicial del proyecto para la unión europea y un cierto hartazgo con los manejos de los burócratas del sistema.

Lo que está claro es que nada volverá a ser como antes; pero, eso, necesariamente, no tiene porqué ser negativo. La Unión Europea afronta el mayor desafío de su historia. Ahora es el tiempo de las respuestas claras e ilusionantes: hoy es siempre todavía.

Publicado, hoy, 11 de julio del 2016, en "Diario de León": http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mentiras-brexit_1083270.html