El deterioro de las instituciones españolas no tiene su raíz en el texto constitucional. Nuestras dificultades actuales son el resultado de políticas erróneas. El problema no es económico. Es político. Es de ejemplaridad, es de coherencia, es de legitimidad. Los ciudadanos necesitamos ver que los recortes, los sacrificios, son comunes a todos.
En España, con 47 millones de habitantes, 3,5 millones de ciudadanos aportan el 75 por ciento del dinero. La progresividad únicamente surte efecto para quien depende de una nómina. Los ricos pueden refugiarse en las sicav o amenazar con trasladar su fortuna si les tocan sus privilegios.
La sociedad muestra hartazgo al ver cómo al Bárcenas de turno la declaración del IRPF le sale a devolver y, año tras año, los ingresos declarados por los trabajadores superan a los declarados por los empresarios. Muchas empresas, grandes empresas, se quejan de lo elevados que son los tipos impositivos del sistema tributario (el 25, el 30) pero, a la hora de la verdad, muchas de ellas, casi todas (las grandes corporaciones), sólo pagan el 5% y ello porque tienen privilegios para no pagar impuestos a través del exclusivo mundo de los agraciados por las exenciones fiscales.
España debe luchar contra la economía sumergida y el fraude, así como revisar la fiscalidad de las grandes compañías. La merma en la recaudación por el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las grandes empresas se estima en unos 42.000 millones de euros. Nada más y nada menos.
La crisis ha destruido 31 empleos privados por cada uno público. La gran reforma no acometida por el Gobierno de Rajoy es la de la Administración Pública. No se ha fusionado ningún ayuntamiento, no se ha prescindido de ninguna diputación… ¿por qué? Porque a las organizaciones del sistema no les interesa, se estima en 145.000 quienes cobran un sueldo, un buen sueldo, en sus puestos de libre designación. El ERE pendiente es el de los enchufados.
Muchos ciudadanos están hartos. Quieren transparencia, saber qué se hace con su dinero, con el de sus impuestos, en qué se gasta. Se tiene una generalizada sensación de que cada día se paga más pero, sin embargo, empeora la enseñanza, la sanidad y todo aquello que podría ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. La venta de una –sólo una- de los cajas intervenidas (Caixa Galicia) ocasionó tantas pérdidas como el recorte en educación. Y eso a mucha gente no nos parece razonable. Hay otras formas, alternativas, de hacer las cosas.
Una cosa es una economía de mercado y otra, muy distinta, una sociedad de mercado. Ciertamente, no puede haber libertades personales y políticas si no hay también libertad de mercado. Pero una economía de mercado no se identifica con el capitalismo montaraz, ni exige la desaparición del Estado social, ni del poder moderador del Estado sobre el mercado. Cuando esto sucede, pasamos de la economía de mercado a la sociedad de mercado, en la que todo –hasta las personas- pasan a estar en venta, y el descarte de vidas humanas se convierte en un inevitable efecto colateral del sistema. La actual crisis económica pone de manifiesto la diferencia que existe entre el libre mercado y el capitalismo financiero desregulado.
Los mercados no se autocorrigen. Esto ha quedado más que demostrado. Durante las últimas décadas, el PP y el PSOE, nos han intentado convencer de las virtudes de la desregulación. Y que, en todo caso, se trataba de una materia sólo apta para los científicos de la economía donde las ideas y la política no debían inmiscuirse…Hoy sabemos que eso no es así.
La experiencia documentada prueba que lo privado no funciona necesariamente mejor que lo público. Las bondades de la liberalización son claramente cuestionables.
La política necesita aire fresco y sabio. Y esto no es cuestión de edades sino de ideas. Algunas de las propuestas de estos jóvenes políticos de moda son más antiguas que la rueda. La demagogia y la mentira prenden con mucha facilidad en situaciones como la que actualmente atraviesa España.
Soy republicano por una cuestión de principios. Pienso que la república es muy superior a la monarquía como forma de Estado. Una hermosa manifestación del principio de igualdad de los ciudadanos, fundamentada en nuestra común dignidad como personas. Pero no nos engañemos, la forma de estado, únicamente, por sí sola, no es garantía de nada. Y para muestra un botón: la República de Venezuela, que es el sexto exportador de petróleo del mundo, es incapaz de garantizar los servicios básicos de sus habitantes.
Quizá España necesite un nuevo contrato social. O no. O baste con mejoras, con nuevas formas de hacer política capaces de construir un proyecto de futuro que genere ilusión a la mayoría de los ciudadanos. Donde lo importante sea el contenido, el qué se hace y el cómo se hace. No la forma de estado. En fin, como decía mi abuela “hijo, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno”.
Publicado hoy, miércoles 25 de junio del 2014, en Diario de León (http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/republica-es-mejor-no-es-solucion_900017.html ).
