Quienes discrepamos de la actual configuración del sistema de ordenación territorial no somos, sin más, unos retrógrados centralistas. Las posiciones críticas tienen, en la mayoría de los casos, unos fundamentos que conviene conocer y debatir.
El gran problema de los separatismos y nacionalismos exacerbados tiene su origen en la introducción del término “nacionalidades” en la Constitución Española de 1978, sin definir su contenido ni señalar su identidad.
La multiplicación de los centralismos, que sucedieron al de Madrid, de las distintas capitales de las Comunidades Autónomas, en muchos casos, están siendo más gravosos para el ciudadano y, a veces, más rechazados por viejas relaciones de vecindad.
Otros asuntos que han complicado el sistema son, entre otros:
La creación de tensiones entre las Comunidades Autónomas como consecuencia de las contradicciones derivadas de la aplicación del principio de solidaridad en abstracto por un Estado debilitado.
La coexistencia de distintos modelos políticos de sociedad, al poder ostentar el poder, en cada Comunidad, partidos políticos distintos y opuestos en sus programas.
La difícil compatibilidad con el proceso de integración en la Unión Europea, que supone transferencias hacia el exterior y no hacia regiones interiores.
La falta de realismo del modelo autonómico, basado más en deseos y postulados teóricos, en aspiraciones primarias populares, que en sólidos planteamientos, necesidades reales, estima popular, apoyo social, etc., salvo en casos aislados.
Si los peligros políticos que se asumieron al implantar las autonomías son considerables, mayores son las contradicciones y peligros de tipo económico. Ante todo, está el coste -el elevado coste- del Estado de las Autonomías, de sus diecisiete gobiernos, parlamentos y administraciones que se acepta como precio por una mejora de servicios y de la “mayor democracia”, que se siguen dando por supuestos.
El problema de la financiación, todavía sin resolver, ha acentuado los desequilibrios regionales y dificultado la redistribución de recursos y el desarrollo nacional.
El principio de unidad de mercado, del que tanto se habla sin concretarlo en prohibiciones estrictas, corre igualmente serios riesgos a medida que las disposiciones autonómicas comenzaron a proliferar.
Y las desventajas competitivas y los inconvenientes para los grandes proyectos nacionales de inversión con programas económicos de desarrollo autonómico y local, muchas veces, sin la coordinación más elemental.
Las anteriores razones son suficientes, a mi entender, para sostener una posición crítica con bastante fundamento y desapasionamiento, sin ideas preconcebidas y, por supuesto, sin querer sugerir una solución mágica como única alternativa.
Los riesgos apuntados (insostenibles, muchos de ellos), en mi opinión, son suficientes para plantear modificaciones legales de mejora (“reformas”).
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